En la moción se insta al Ministerio del Interior Gobierno de España, en virtud de la legislación española y del compromiso de nuestro país con el respeto a los Derechos Humanos, a reconsiderar la petición de asilo político de Hassanna Aalia, aceptando su petición de protección internacional según lo establecido en la Ley 12/2009, dado que si vuelve a su país será castigado duramente por las autoridades ocupantes marroquíes y no volverá a salir de prisión en lo que le queda de vida, y ello porque es una persona activa políticamente, de reconocimiento internacional que lucha pacíficamente por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
También se pide remitir de forma inmediata esta solicitud al Ministerio del Interior para que la lleve a efecto y finalmente, notificar a Cantabria por el Sáhara el acuerdo adoptado.
En su exposición de motivos, la moción se informa que el pasado 19 de enero se hizo público el auto de resolución de la solicitud de Asilo Político en España del joven activista saharaui Hassana Aalia, en el que se le comunica la denegación de la protección y se le anuncia la salida obligatoria del territorio español, dándole un plazo de 15 días para hacerlo, pese al castigo que le espera y el riesgo real de ser torturado si regresa al Sahara Occidental bajo ocupación de Marruecos.
Hassana es un joven saharaui de 26 años nacido en El Aaiún que solicitó protección internacional en enero de 2012, tras enterarse de que su nombre figuraba en la relación de acusados que iban a ser juzgados en Rabat por un Tribunal Militar por los hechos del campamento de Gdeim Izik. Hassana estaba en ese momento en España, no por estar perseguido por su activismo en favor de la causa saharaui, sino para estudiar con una beca que le fue concedida en el País Vasco para aprender español. La ley española que regula las condiciones para la solicitud de asilo político establece cláusulas y plazos excepcionales cuando las circunstancias que justifican la petición se deban a causa sobrevenida en el país de origen, como ha sucedido en este caso.
Hassana Aalia figura en el Sumario de Instrucción del Tribunal Militar Permanente para la Fuerza Armada del Reino de Marruecos, junto con otros 24 acusados, todos civiles. Fue juzgado en rebeldía y a tenor de su condena a cadena perpetua en una sentencia que fue leída ante observadores de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros, existen sobrados motivos para determinar que el retorno de Hassana al Sahara Occidental supondría un riesgo real para su integridad física.
Pero el Ministerio del Interior ha denegado su petición, a pesar de que contaba con un contundente informe de ACNUR, que apoyaba la solicitud en virtud de las circunstancias excepcionales de Hassana, reconociendo su activismo, las detenciones que ha sufrido, los malos tratos, el acoso y la presión a la que ha sido sometido por parte de la policía marroquí, y la tortura de la que ha sido objeto.
La primera vez que fue torturado tuvo lugar en octubre de 2005, cuando tenía 17 años, por participar en una manifestación pacífica a la salida de la escuela. Estuvo dos días retenido y, según declaró Hassana, “los maltratos comenzaron en la misma calle donde fui arrestado y siguieron dentro del vehículo. Ya en comisaría, me desnudaron, me colgaron boca abajo durante varias horas y no me dejaron beber agua”.
Interior le ha denegado la protección internacional porque en la sentencia escrita no figura su nombre entre los condenados, aunque los observadores internacionales confirmaron que sí fue nombrado en la sala cuando se leyó el veredicto a cada uno de los acusados. Por esta razón, el Estado español considera que hay un procedimiento penal inconcluso y, aunque no lo dice expresamente, en el fondo está avalando la validez de un juicio que ha sido denunciado por las más importantes organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos por no ofrecer garantía alguna a los procesados.
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