El grupo político Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT), a través de su portavoz Iván Martínez y con la presencia del secretario del grupo, Javier Polanco, han planteado hoy, en rueda de prensa, un debate previo a la adjudicación del Plan General, en el que participen grupos políticos, asociaciones vecinales, empresariales, comerciales, ecologistas, sindicales y todo vecino que esté interesado y quiera participar.
Según ACPT, el PGOU requiere un gran pacto político y un consenso social que únicamente se conseguirá a través de este debate pues este Plan condicionará el desarrollo de la ciudad para los próximos 30 años.
En opinión del portavoz de ACPT, un instrumento municipal de esta importancia no puede depender del equipo de gobierno de turno o de la mayoría del momento, por lo que es necesario este debate previo, "que dará como resultado la ciudad que queremos y a partir del cual podremos ponernos a trabajar todos en esa dirección y será una de las vías que contribuirán a sacarnos de la situación la que ahora estamos", asegura ACPT.
ACPT se opone a la adjudicación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana tras la rescisión del contrato a la empresa que lo ha hecho hasta ahora, Prointec y la decisión del equipo de gobierno (PP) a la que se ha unido la oposición, PSOE y PRC de crear un grupo de expertos que valore las ofertas.
ACPT no está de acuerdo con el "punto de partida" que se coge para dicha adjudicación, puesto que se basa en parte de lo que había hecho Prointec y en la coyuntura económica que vivía Torrelavega en el año 2004, "con las expectativas de crecimiento que había en ese momento y que nada tienen que ver con la actual situación ni con el futuro que se vislumbra para esta ciudad".
Además, ha recordado que la anterior revisión se paralizó "en el momento en el que había que tomar decisiones políticas", como la cantidad de suelo que se destina a uso productivo, residencial o agrícola y el lugar donde se ha de ubicar cada suelo. Este debate a día de hoy aún no se ha producido entre los grupos politicos y menos entre los ciudadanos.
ACPT ha recordado que el contrato anterior para la revisión del PGOU fue adjudicado por más de 800.000 euros, de los cuales, en casi 9 años (más de dos legislaturas) el PSOe y el PP sólo han ejecutado 320.160 euros 2que podrían acabar siendo más si se da curso a las reclamaciones planteadass por la empresa Prointec.
A juicio de ACPT, "gran parte de la responsabilidad de las dilaciones" en la revisión son imputables al equipo de gobierno socialista anterior, y más concretamente a Blanca Rosa Gómez Morante, gerente de Urbanismo entonecs, que "bloqueó y paralizó" dicha revisión. "Su falta de ideas, su falta de compromiso y su falta de trabajo fueron la causa de la paralizaciónn de esta revisión que pagaremos todos los torrelaveguenses".
Y señala que en aquel momento no se produjo ningún debate político sobre el Plan General y "mucho me temo que hora tampoco se vaya a producir", por lo que plantea ese debste prvio a la adjudicación del PGOU, valorada en 526.000 euros adicionales.
Para ACPT, el interés de adjudicar los contratos "a toda prisa" está "directamente vinculado a la relajación de los gobernantes en cuanto a fomentar un debate público, la refexión colectiva y la participación sobre los grandes temas que afectan a esta ciudad" y advierte ACPT que esta práctica da como resultado "la redacción de pliegos ruinosos como los del Torrebús".
Según ACPT, el PGOU requiere un gran pacto político y un consenso social que únicamente se conseguirá a través de este debate pues este Plan condicionará el desarrollo de la ciudad para los próximos 30 años.
En opinión del portavoz de ACPT, un instrumento municipal de esta importancia no puede depender del equipo de gobierno de turno o de la mayoría del momento, por lo que es necesario este debate previo, "que dará como resultado la ciudad que queremos y a partir del cual podremos ponernos a trabajar todos en esa dirección y será una de las vías que contribuirán a sacarnos de la situación la que ahora estamos", asegura ACPT.
ACPT se opone a la adjudicación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana tras la rescisión del contrato a la empresa que lo ha hecho hasta ahora, Prointec y la decisión del equipo de gobierno (PP) a la que se ha unido la oposición, PSOE y PRC de crear un grupo de expertos que valore las ofertas.
ACPT no está de acuerdo con el "punto de partida" que se coge para dicha adjudicación, puesto que se basa en parte de lo que había hecho Prointec y en la coyuntura económica que vivía Torrelavega en el año 2004, "con las expectativas de crecimiento que había en ese momento y que nada tienen que ver con la actual situación ni con el futuro que se vislumbra para esta ciudad".
Además, ha recordado que la anterior revisión se paralizó "en el momento en el que había que tomar decisiones políticas", como la cantidad de suelo que se destina a uso productivo, residencial o agrícola y el lugar donde se ha de ubicar cada suelo. Este debate a día de hoy aún no se ha producido entre los grupos politicos y menos entre los ciudadanos.
ACPT ha recordado que el contrato anterior para la revisión del PGOU fue adjudicado por más de 800.000 euros, de los cuales, en casi 9 años (más de dos legislaturas) el PSOe y el PP sólo han ejecutado 320.160 euros 2que podrían acabar siendo más si se da curso a las reclamaciones planteadass por la empresa Prointec.
A juicio de ACPT, "gran parte de la responsabilidad de las dilaciones" en la revisión son imputables al equipo de gobierno socialista anterior, y más concretamente a Blanca Rosa Gómez Morante, gerente de Urbanismo entonecs, que "bloqueó y paralizó" dicha revisión. "Su falta de ideas, su falta de compromiso y su falta de trabajo fueron la causa de la paralizaciónn de esta revisión que pagaremos todos los torrelaveguenses".
Y señala que en aquel momento no se produjo ningún debate político sobre el Plan General y "mucho me temo que hora tampoco se vaya a producir", por lo que plantea ese debste prvio a la adjudicación del PGOU, valorada en 526.000 euros adicionales.
Para ACPT, el interés de adjudicar los contratos "a toda prisa" está "directamente vinculado a la relajación de los gobernantes en cuanto a fomentar un debate público, la refexión colectiva y la participación sobre los grandes temas que afectan a esta ciudad" y advierte ACPT que esta práctica da como resultado "la redacción de pliegos ruinosos como los del Torrebús".
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