El Consejo de Administración de Sniace se lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Revuelta ha suscrito integramente la proporción de la ampliación que le corresponde en base a las acciones que posee en la sociedad, 1,5 millones de euros y además ha solicitado una suscripción en la segunda vuelta por importe de otros 1,5 millones de euros.
Se desconoce o que hará otro de los accionistas Sabino Vallina (con un 5,5%) que en su día dijo que acudiría a la ampliación y tampoco se sabe que hará el torrelaveguense José Luis Fernández (con un 7,1% del capital). Tampoco se sabe que hará el posible nuevo accionista, el directivo vasco José Ventura Seijas.
La aportación de Revuelta se ha conocido hoy miércoles, día en el que se produce un segundo encuentro entre dirección y comité donde ambas partes negocian un cuerdo para readaptar el plan laboral firmado en 2014 a las circunstancias actuales que vive la compañía.
Además, este blog ha podido saber que el Gobierno de Cantabria, uno de los acreedores de Sniace, ha suscrito ya el acuerdo sobre la deuda privilegiada de la compañía en la que se fija un plan de pagos y unos plazos para el cobro. Desde el Gobierno han declinado detallar los términos del acuerdo suscrito.
El pasado mes de marzo el Gobierno de Cantabria aprobó su adhesión a la propuesta de convenio con Sniace para la deuda ordinaria optando, entre otras, por la fórmula de conversión de la deuda en préstamo participativo, que consiste en la conversión de los créditos ordinarios en un préstamo participativo, que generará un interés variable en función de los beneficios que obtenga la compañía y con las condiciones que se especifican en la propuesta.
En la propuesta se establecía que el préstamo participativo se extinguirá cuando se produzca la plena satisfacción del mismo, de acuerdo con las condiciones establecidas para su amortización, fijándose como plazo máximo 15 años.
En la propuesta se establecía que el préstamo participativo se extinguirá cuando se produzca la plena satisfacción del mismo, de acuerdo con las condiciones establecidas para su amortización, fijándose como plazo máximo 15 años.
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