lunes, 12 de agosto de 2013

Torrelavega: La Unión muestra su apoyo a las 150 familias de Torrelavega de Golden Line y reclama el mismo trato e interés político que el dado a la plantilla de Sniace.


La Unión (LU) mostró hoy su apoyo público a los trabajadores de Golden Line de Torrelavega, a los cuales su nueva empresa, Konecta, quiere obligar a trasladarse a Valladolid o cesar en su trabajo.
“Ni Torrelavega, ni Cantabria deben perder otros 150 puestos de trabajo”, manifestó Rafael Sebrango, Presidente de la formación política.
“Reclamamos la intervención del Gobierno Regional de Cantabria”, prosiguió, y reclamó para los trabajadores de la empresa de atención telefónica “el mismo trato e interés político que se da a los trabajadores de Sniace”.
150 empleos son los que va a perder Cantabria, con el traslado forzoso de la plantilla a Valladolid, y el consiguiente cierre total del centro de trabajo de Torrelavega.
Desde La Unión (LU) han puesto de manifiesto “la frustración que produce esta noticia, y a la vez la consternación de ver la ausencia de pulso en el Gobierno Regional para interesarse por este nuevo desastre”.
Más allá, Sebrango planteó que “en Cantabria debemos psicoanalizarnos, y precisar todo lo que no hemos hecho para haber dejado de ser un destino industrial”.
“A pesar de nuestra historia industrial”, añadió, “estamos más cerca de ser el Balneario del Norte, que una región con futuro”.
“Nuestro futuro es industrial o no es”, añadió, “y por eso debemos sentarnos todos los interesados en el futuro de los ciudadanos de Cantabria para dejar de dar palos de ciego y centrar nuestro futuro económico”.
“No estamos saliendo de ningún pozo, sino que seguimos cavando en él”, lamentó el representante de La Unión (LU).
“Debemos saber, y debemos precisar por qué es preferible Valladolid a Cantabria para el mantenimiento del empleo”.
En todo caso, defienden “ser la región española de mayor presión fiscal es cualquier cosa menos un atractivo para vivir y trabajar en Cantabria”.
Finalmente desde La Unión (LU) instan al Gobierno Regional a que “inicie las gestiones para la defensa de esas 150 familias, cuyos trabajos no nos podemos permitir el lujo de perder”.

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