miércoles, 7 de agosto de 2013

Santander: Los sindicatos advierten de las graves consecuencias que tendrá la nueva regulación del servicio de interrumpibilidad energético que plantea el Gobierno

Las secciones sindicales de las empresas afectadas por la nueva orden que regulará el sistema energético advierten de las graves consecuencias que supondrán, tanto para los trabajadores como para las empresas, la aprobación del borrador que ha presentado el Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre interrumpibilidad energética. Además, anuncian que, si esta orden sale adelante, tomarán todas las medidas necesarias para anularla.
Representantes de las secciones sindicales y de las federaciones de las cinco empresas cántabras afectadas por la orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad para consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción han mantenido esta mañana una reunión para coordinarse y hacer un frente común ante esta decisión.
El Ministerio de Industria ha presentado modificaciones sustanciales sobre la interrumpibilidad energética en un borrador que en estos momentos se encuentra en periodo de alegaciones y que, presumiblemente, se aprobará en el mes de septiembre.
Para los sindicatos, si esta nueva orden sale adelante, puede tener pésimas consecuencias, tanto para las empresas como para los trabajadores. A estos últimos se les modificarían, de forma sustancial, las condiciones de trabajo organizativas y retributivas y, por otra parte, las empresas perderían competitividad a nivel europeo.
Más de 140 empresas en España se verán afectadas por la nueva regulación del sistema energético. En Cantabria serán 5 las fábricas que se verían perjudicadas por esta nueva orden; Gerdau Sidenor, Global Steel Wire, Solvay, Ferroatlántica y Cementos Alfa. Entre las cinco empresas suman más de 2.000 trabajadores.
Los sindicatos avisan que esta nueva orden repercutiría negativamente en la economía regional ya que la decisión afectaría de forma directa a 2.000 puestos de trabajo, pero de forma indirecta, serían más de 6.000 las personas perjudicadas por esta decisión.

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