El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha señalado hoy que esta nueva figura urbanística podrá ser la "tabla de salvación" para la inmensa mayoría de las familias afectadas.
Por ello, se ha mostrado convencido de la legalidad de este instrumento, un sistema que queda bajo el control de los órganos judiciales, y que defiende al mismo tiempo que "toda edificación que va a encontrar posteriormente un acomodo legal en un plan urbanístico no se derribe".
De este modo el consejero Javier Fernández ha lanzado hoy un mensaje "de apoyo y optimismo" a los 200 miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA),encabezados por su presidente, Antonio Vilela, que han finalizado hoy en la depuradora de Vuelta Ostrera un tour por todos los ayuntamientos afectados por las sentencias derribos.
AMA ha querido así escenificar, tal y como ha destacado Vilela, que con "voluntad política", al igual que en el caso de Vuelta Ostrera, se pueda dar una solución a los propietarios de las viviendas afectadas con sentencia de derribo.
El consejero de Medio Ambiente, que ha estado acompañado por varios alcaldes de los municipios afectados, ha agradecido la presencia de los miembros de AMA en las instalaciones de Vuelta Ostrera, dado que representa un "apoyo más" a una infraestructura que "todos los cántabros sentimos como nuestra por su magnífico servicio medioambiental en el entorno", por lo ha abogado de nuevo por buscar una solución definitiva para la depuradora.
Trabajo conjunto
Fernández ha instado a seguir trabajando juntos, como lo han hecho hasta ahora el Gobierno de Cantabria, los ayuntamientos afectados y los miembros de AMA para encontrar entre todos una solución definitiva.
"Durante estos dos años hemos seguido un mismo camino y hemos trabajado juntos desde el principio para encontrar una solución", y ha recordado el Plan de Ejecución de las Sentencias de Derribo fijado al inicio de la legislatura como una "hoja de ruta" a seguir para legalizar la mayoría de las viviendas.
Fernández ha señalado que este camino de trabajo conjunto ha sido "difícil y lento", "con momentos de alegría y amargura", pero se ha mostrado optimista con la solución propuesta a través de Ley 4/2013, de 20 de junio, relativa al régimen jurídico de las autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes.
Aunque es un nuevo mecanismo legal, novedoso en el país, "no va en contra de las sentencias", ha señalado, sino que "busca justicia al plantear que una edificación que va a encontrar un acomodo legal en un plan de ordenación urbana no se derribe".
Hasta la aprobación definitiva del plan, las familias afectadas tendrán una autorización provisional que dentro de unos años, ha afirmado el consejero, se convertirá en licencia definitiva.
El calendario que prevé el Gobierno es que en septiembre se obtenga la primera autorización provisional en el Ayuntamiento de Miengo para legalizar unas 100 viviendas. A lo largo de este año y el próximo se sucederán otros procedimientos de este tipo en Escalante, San Vicente de la Barquera, Piélagos y Argoños.
Por ello, el consejero ha instado a todos a seguir trabajando, "sin prisa, ni precipitaciones" para que antes de acabe la presente legislatura ofrecer a los jueces "un instrumento legal, sensato y razonable, de puro sentido común, que va por fin a hacer justicia: que lo que encaje en los planes urbanísticos no se puede tirar".
Finalmente, ha asegurado a todas las familias que el Gobierno de Cantabria "estará a vuestro servicio". "No os vamos abandonar, por lo que no quedará ninguna familia desamparada", ha subrayado.
En el acto de Vuelta Ostrera también se han dado cita los alcaldes de Piélagos, Enrique Torre; Miengo, Avelino Cuartas; Argoños, Juan José Barruetabeña, y varios concejales.
Fernández ha instado a seguir trabajando juntos, como lo han hecho hasta ahora el Gobierno de Cantabria, los ayuntamientos afectados y los miembros de AMA para encontrar entre todos una solución definitiva.
"Durante estos dos años hemos seguido un mismo camino y hemos trabajado juntos desde el principio para encontrar una solución", y ha recordado el Plan de Ejecución de las Sentencias de Derribo fijado al inicio de la legislatura como una "hoja de ruta" a seguir para legalizar la mayoría de las viviendas.
Fernández ha señalado que este camino de trabajo conjunto ha sido "difícil y lento", "con momentos de alegría y amargura", pero se ha mostrado optimista con la solución propuesta a través de Ley 4/2013, de 20 de junio, relativa al régimen jurídico de las autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes.
Aunque es un nuevo mecanismo legal, novedoso en el país, "no va en contra de las sentencias", ha señalado, sino que "busca justicia al plantear que una edificación que va a encontrar un acomodo legal en un plan de ordenación urbana no se derribe".
Hasta la aprobación definitiva del plan, las familias afectadas tendrán una autorización provisional que dentro de unos años, ha afirmado el consejero, se convertirá en licencia definitiva.
El calendario que prevé el Gobierno es que en septiembre se obtenga la primera autorización provisional en el Ayuntamiento de Miengo para legalizar unas 100 viviendas. A lo largo de este año y el próximo se sucederán otros procedimientos de este tipo en Escalante, San Vicente de la Barquera, Piélagos y Argoños.
Por ello, el consejero ha instado a todos a seguir trabajando, "sin prisa, ni precipitaciones" para que antes de acabe la presente legislatura ofrecer a los jueces "un instrumento legal, sensato y razonable, de puro sentido común, que va por fin a hacer justicia: que lo que encaje en los planes urbanísticos no se puede tirar".
Finalmente, ha asegurado a todas las familias que el Gobierno de Cantabria "estará a vuestro servicio". "No os vamos abandonar, por lo que no quedará ninguna familia desamparada", ha subrayado.
En el acto de Vuelta Ostrera también se han dado cita los alcaldes de Piélagos, Enrique Torre; Miengo, Avelino Cuartas; Argoños, Juan José Barruetabeña, y varios concejales.
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