UGT y CCOO anunciaron hoy, en una concentración de protesta ante la Delegación del Gobierno, su intención de reclamar al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, una reunión para que aclare el alcance de la reforma de la Administración Local en la región y el futuro de los servicios sociales hasta ahora prestados por los consistorios de los que se hará cargo el Gobierno regional con la nueva normativa legal.
Según aclararon los secretarios generales de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT y de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Juan Carlos Saavedra y Javier Báscones, ambos sindicatos ya tuvieron una entrevista por el mismo motivo con la consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz, de la que, según los sindicalistas, “no hemos tenido aún una respuesta clara”.
Ambos dirigentes sindicales coincidieron en afirmar que la reforma de la Administración Local que proyecta el Gobierno español provocará una pérdida de cerca de un millar de empleos públicos y el progresivo recorte de servicios y prestaciones sociales hasta ahora prestados por los ayuntamientos a sus ciudadanos, que la nueva normativa delegará en los gobiernos autonómicos.
Los sindicalistas matizaron que el Gobierno español pretende ahorrar unos 7.500 millones de euros, unos 100 millones en Cantabria, con un progresivo recorte de servicios que “ahogará especialmente” a los pequeños municipios y a “los ciudadanos en general”, cuando “sólo el Ayuntamiento de Madrid tiene una deuda de más de 7.000 millones y el de Santander de más de 170 millones”.
“Tenemos que esperar a que salga el proyecto definitivo de la nueva ley, que creemos va a ser de alcance muy desigual según el territorio en el que se aplique, pero lo que sí está muy claro es que se van a recortar al máximo los servicios sociales que ahora se considera impropios de los ayuntamientos como los de sanidad, asistencia social o dependencia y educación”, matizó el portavoz de UGT.
Hacia la privatización
El responsable regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT aclaró, en referencia a unas recientes declaraciones de Ignacio Diego sobre la falta de capacidad económica del Ejecutivo autónomo para hacerse cargo de estos servicios municipales, que “no se trata de si hay o no financiación, sino de si el Gobierno regional los gestionará con sus propios recursos o a través de empresas privadas”.
En el mismo sentido se expresó el secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, para quien “el Gobierno lo que quiere realmente es acometer una serie de recortes después de las elecciones locales de 2015 y hacer negocio con estos servicios de los ayuntamientos”.
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