El próximo día 1 de enero termina la moratoria para la finalización de la vigencia de los denominados arrendamientos de renta antigua de locales comerciales. Por ello más de 200.000 negocios familiares de toda España, en su gran mayoría de trabajadores autónomos, deberán renegociar las condiciones de alquiler, viéndose abocados a asumir un importante incremento del precio de los mismos.
En la Región de Cantabria el número de locales afectados puede ser casi dos mil quinientos, especialmente en el centro de la capital y en los cascos antiguos de algunas de las localidades más importantes.
Por esta razón, la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), integrada a nivel nacional en la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), se ha unido a la Plataforma de afectados con alquileres de renta antigua, denominada “No al Cerrojazo”.
Su objetivo es reclamar al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios que se modifique la Disposición Transitoria Tercera de la LAU, estableciéndose un régimen transitorio consistente en una nueva moratoria de diez años, asumiendo un incremento razonable y una actualización adecuada de los precios del alquiler durante este nuevo periodo.
La anterior moratoria se aprobó debido a los problemas económicos que entonces sufría el país tras la crisis de 1993. Situación que para Eduardo Abad, coordinador general de UTAC-UPTA, es “sin duda mucho más grave hoy, en particular para los sectores más afectados por la medida, como son el comercio al por menor, talleres de reparación, hostelería o pequeños alojamientos hoteleros”.
Abad trasladará a los grupos parlamentarios presentes en el Parlamento de Cantabria una propuesta para que por unanimidad se dirijan al Gobierno de la Nación con el fin de instar esta moratoria y de esa forma no perjudicar gravemente no sólo los intereses sociales y económicos de un buen número de comerciantes cántabros, sino también evitar la consiguiente degradación urbanística de los ejes comerciales y la pérdida de atractivo turístico de las ciudades.
UTAC mantendrá una reunión con las principales asociaciones de comerciantes de la ciudad de Santander el próximo día 1 de octubre con el fin de estudiar la situación en la ciudad y unir esfuerzos ante el Ayuntamiento y el Parlamento Regional.
En la Región de Cantabria el número de locales afectados puede ser casi dos mil quinientos, especialmente en el centro de la capital y en los cascos antiguos de algunas de las localidades más importantes.
Por esta razón, la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC), integrada a nivel nacional en la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), se ha unido a la Plataforma de afectados con alquileres de renta antigua, denominada “No al Cerrojazo”.
Su objetivo es reclamar al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios que se modifique la Disposición Transitoria Tercera de la LAU, estableciéndose un régimen transitorio consistente en una nueva moratoria de diez años, asumiendo un incremento razonable y una actualización adecuada de los precios del alquiler durante este nuevo periodo.
La anterior moratoria se aprobó debido a los problemas económicos que entonces sufría el país tras la crisis de 1993. Situación que para Eduardo Abad, coordinador general de UTAC-UPTA, es “sin duda mucho más grave hoy, en particular para los sectores más afectados por la medida, como son el comercio al por menor, talleres de reparación, hostelería o pequeños alojamientos hoteleros”.
Abad trasladará a los grupos parlamentarios presentes en el Parlamento de Cantabria una propuesta para que por unanimidad se dirijan al Gobierno de la Nación con el fin de instar esta moratoria y de esa forma no perjudicar gravemente no sólo los intereses sociales y económicos de un buen número de comerciantes cántabros, sino también evitar la consiguiente degradación urbanística de los ejes comerciales y la pérdida de atractivo turístico de las ciudades.
UTAC mantendrá una reunión con las principales asociaciones de comerciantes de la ciudad de Santander el próximo día 1 de octubre con el fin de estudiar la situación en la ciudad y unir esfuerzos ante el Ayuntamiento y el Parlamento Regional.

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