Medio centenar de trabajadores de la Administración de Justicia en Cantabria, destinados en Santander, se han concentrado nuevamente esta mañana en el complejo judicial de Las Salesas para defender el servicio público del Registro Civil, una concentración convocada por CCOO, UGT, STAJ y CSIF.
Esta concentración se enmarca dentro de las protestas que todos los jueves se producen en los registros civiles de todas las capitales de provincia españolas y su objetivo es rechazar el proyecto del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de privatizar los registros civiles, extrayéndolos de la Administración de Justicia.
Según el coordinador de Justicia de CCOO de Cantabria, Borja Bats, de llevarse a cabo esta decisión “obligaría a los ciudadanos a pagar por un servicio que, hasta ahora, era gratuito, pues los usuarios ya lo han sufragado con sus impuestos” además “no es lógico” que la ciudadanía pague dos veces por un servicio que han pagado con sus impuestos y que los funcionarios de la Administración de Justicia prestan gratuitamente en la actualidad sólo por un “capricho” del ministro.
Para Bats, el Ministerio de Justicia sigue empecinado en la privatización de los registros civiles y ahora negocia con los registradores mercantiles “lo que abunda en la idea de que Gallardón considera a los ciudadanos un objeto más de comercio”.
Esta concentración se enmarca dentro de las protestas que todos los jueves se producen en los registros civiles de todas las capitales de provincia españolas y su objetivo es rechazar el proyecto del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de privatizar los registros civiles, extrayéndolos de la Administración de Justicia.
Según el coordinador de Justicia de CCOO de Cantabria, Borja Bats, de llevarse a cabo esta decisión “obligaría a los ciudadanos a pagar por un servicio que, hasta ahora, era gratuito, pues los usuarios ya lo han sufragado con sus impuestos” además “no es lógico” que la ciudadanía pague dos veces por un servicio que han pagado con sus impuestos y que los funcionarios de la Administración de Justicia prestan gratuitamente en la actualidad sólo por un “capricho” del ministro.
Para Bats, el Ministerio de Justicia sigue empecinado en la privatización de los registros civiles y ahora negocia con los registradores mercantiles “lo que abunda en la idea de que Gallardón considera a los ciudadanos un objeto más de comercio”.
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