El Grupo Municipal Popular ha pedido hoy al equipo de gobierno y a los concejales de la oposición no adscritos así como al de IU que “recapaciten” sobre la nueva ordenanza fiscal para no perjudicar a los vecinos que se encuentran con dificultades económicas y que están atravesando momentos difíciles, “ya que existen opciones legales para no penalizarles”, tal y como han puesto de manifiesto en las alegaciones que se debatirán el próximo jueves en sesión plenaria.
En este sentido, la portavoz del PP Eva Arranz hace hincapié en que los políticos “nunca” deben olvidar que están representando a los vecinos y que por lo tanto “deben defender sus intereses”. Por eso, el grupo municipal “no logra entender” cómo, cuando se puede decidir dentro de la legalidad como en este caso, perjudicarles o facilitarles su situación, “tanto el PSOE-PRC como IU y los ediles no adscritos opten por lo segundo”. “Es incomprensible esta insensibilidad constante hacia los problemas de los vecinos, que ya demostraron con la aprobación inicial de la ordenanza el pasado mes de noviembre el equipo de gobierno, IU y los ediles no adscritos Elba Castanedo, Montserrat Luezas y Juan Carlos Martín”, subraya la concejala.
Por este motivo, el grupo municipal popular de Piélagos presentó alegaciones al texto, intentado de nuevo que sus sugerencias, siempre legales, pero a favor de los vecinos fueran tenidas en cuenta “con la esperanza de despertar las conciencias de algunos de los concejales de la oposición que ya votaron en contra de estas mismas propuestas del PP en el Pleno de noviembre”.
De esta forma, en la ordenanza fiscal general se toma la decisión política de exigir la presentación de un aval para solicitar el aplazamiento de deudas superiores a 3.000 euros, cuando no existe límite legal establecido. La propuesta del grupo popular fue ampliar este límite, “ya que de todos es conocido que un aval tiene un elevado coste económico y que muchos de los vecinos que acumulan deudas, las tienen por estar atravesando situaciones económicas difíciles que precisamente le impiden obtener este aval bancario, de modo que lo único que se consigue es que la deuda siga creciendo”.
El grupo municipal popular también expresa su desacuerdo con el artículo de la ordenanza que regula que los trabajadores desempleados que el Ayuntamiento contrata a través de subvenciones, puedan no cobrar nada en su primera nómina porque ésta se utilice para compensar las deudas atrasadas que pudieran tener con el Ayuntamiento. Por ello, en este punto solicitan y alegan que se determine como inembargable el SMI, ya que así está establecido legalmente. Sobre este punto además, anuncian que están dispuestos incluso a acudir a la vía judicial si se tienen en cuenta el informe en el que se sustenta el equipo de gobierno para no apoyar las alegaciones del PP “ya que carece de sentido”.
“Es muy frustrante que lo más importante de este debate sea determinar el nombre que debemos poner al hecho de retener el dinero de una nómina de 700 euros”, resalta Eva Arranz, añadiendo que “la ley no permite embargar los salarios por debajo del SMI, y esta prohibición debería trasladarse a la compensación de la deuda, por lo tanto el Ayuntamiento de Piélagos con esta nueva ordenanza compensará las deudas sin tener en consideración la situación familiar y económica de sus trabajadores”.
El grupo municipal del PP considera que esta nueva norma legal municipal es la oportunidad perfecta para que no se den estas situaciones tan dolorosas para algunas familias, y que demás "debe tenerse en cuenta de que el dinero que se percibe a través de subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados no puede dedicarse a compensar deudas”.
Por ello, esperan que PSOE-PRC y los concejales que les apoyan “aprovechen esta ocasión en el Pleno del jueves y tengan la sensibilidad necesaria para no penalizar a los ciudadanos, ya que no es la primera vez que, sin estar sujetos a imposiciones legales, el equipo de gobierno, con los votos de los ediles no adscritos y en mucho casos de IU, regula en contra de los intereses de los vecinos, como en el caso de las ayudas de primera necesidad, que se van a ver limitadas a tres meses, teniendo que esperar las familias más de 14 meses (12 para solicitar y 2 de tramitación) para volver a obtenerlas de nuevo lo que puede provocar en algunas familias situaciones muy dramáticas”.
En este sentido, la portavoz del PP Eva Arranz hace hincapié en que los políticos “nunca” deben olvidar que están representando a los vecinos y que por lo tanto “deben defender sus intereses”. Por eso, el grupo municipal “no logra entender” cómo, cuando se puede decidir dentro de la legalidad como en este caso, perjudicarles o facilitarles su situación, “tanto el PSOE-PRC como IU y los ediles no adscritos opten por lo segundo”. “Es incomprensible esta insensibilidad constante hacia los problemas de los vecinos, que ya demostraron con la aprobación inicial de la ordenanza el pasado mes de noviembre el equipo de gobierno, IU y los ediles no adscritos Elba Castanedo, Montserrat Luezas y Juan Carlos Martín”, subraya la concejala.
Por este motivo, el grupo municipal popular de Piélagos presentó alegaciones al texto, intentado de nuevo que sus sugerencias, siempre legales, pero a favor de los vecinos fueran tenidas en cuenta “con la esperanza de despertar las conciencias de algunos de los concejales de la oposición que ya votaron en contra de estas mismas propuestas del PP en el Pleno de noviembre”.
De esta forma, en la ordenanza fiscal general se toma la decisión política de exigir la presentación de un aval para solicitar el aplazamiento de deudas superiores a 3.000 euros, cuando no existe límite legal establecido. La propuesta del grupo popular fue ampliar este límite, “ya que de todos es conocido que un aval tiene un elevado coste económico y que muchos de los vecinos que acumulan deudas, las tienen por estar atravesando situaciones económicas difíciles que precisamente le impiden obtener este aval bancario, de modo que lo único que se consigue es que la deuda siga creciendo”.
El grupo municipal popular también expresa su desacuerdo con el artículo de la ordenanza que regula que los trabajadores desempleados que el Ayuntamiento contrata a través de subvenciones, puedan no cobrar nada en su primera nómina porque ésta se utilice para compensar las deudas atrasadas que pudieran tener con el Ayuntamiento. Por ello, en este punto solicitan y alegan que se determine como inembargable el SMI, ya que así está establecido legalmente. Sobre este punto además, anuncian que están dispuestos incluso a acudir a la vía judicial si se tienen en cuenta el informe en el que se sustenta el equipo de gobierno para no apoyar las alegaciones del PP “ya que carece de sentido”.
“Es muy frustrante que lo más importante de este debate sea determinar el nombre que debemos poner al hecho de retener el dinero de una nómina de 700 euros”, resalta Eva Arranz, añadiendo que “la ley no permite embargar los salarios por debajo del SMI, y esta prohibición debería trasladarse a la compensación de la deuda, por lo tanto el Ayuntamiento de Piélagos con esta nueva ordenanza compensará las deudas sin tener en consideración la situación familiar y económica de sus trabajadores”.
El grupo municipal del PP considera que esta nueva norma legal municipal es la oportunidad perfecta para que no se den estas situaciones tan dolorosas para algunas familias, y que demás "debe tenerse en cuenta de que el dinero que se percibe a través de subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados no puede dedicarse a compensar deudas”.
Por ello, esperan que PSOE-PRC y los concejales que les apoyan “aprovechen esta ocasión en el Pleno del jueves y tengan la sensibilidad necesaria para no penalizar a los ciudadanos, ya que no es la primera vez que, sin estar sujetos a imposiciones legales, el equipo de gobierno, con los votos de los ediles no adscritos y en mucho casos de IU, regula en contra de los intereses de los vecinos, como en el caso de las ayudas de primera necesidad, que se van a ver limitadas a tres meses, teniendo que esperar las familias más de 14 meses (12 para solicitar y 2 de tramitación) para volver a obtenerlas de nuevo lo que puede provocar en algunas familias situaciones muy dramáticas”.
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