La
sección sindical de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en
el Gobierno de Cantabria ha emitido hoy un comunicado en el que critica
que tres altos cargos del Ejecutivo autónomo vayan a ser compensados
económicamente por la diferencia salarial de su actividad profesional y
su dedicación política “en estos últimos cuatro años de recortes y de
austeridad máxima y sin compensación alguna para los empleados públicos y
los ciudadanos de la región”.
“No
deja de ser inmoral que después del sacrificio económico exigido a los
empleados públicos y a los ciudadanos, el Gobierno de Cantabria en
funciones ya esté preparando una nómina del mes de junio para estos tres
altos cargos con una cuantía económica sin precedentes para compensar
la diferencia salarial entre su actividad profesional y su dedicación
política”, precisa la sección sindical de UGT en la Administración
autónoma.
El
sindicato recuerda que “la reclamación de estos tres altos cargos del
Gobierno regional en funciones, que en estos cuatro últimos años han
percibido un salario anual por encima de los 56.000 euros por su
dedicación a la política, se asienta además en una ley de 1999 que se
aprobó en un contexto de bonanza económica bien distinto al actual y que
hasta ahora nunca había sido utilizada en la región”.
“Ya
es casual y paradójico que dirigentes del Gobierno de Cantabria que más
ha pregonado y aplicado hasta sus últimos extremos las políticas de
austeridad y de recortes económicos y sociales, sean ahora los que
recurren por primera vez a esta normativa legal que se incluyó en la Ley
de los Presupuestos del año 2000”, argumenta UGT.
El
sindicato, que anuncia su intención de exigir al próximo Ejecutivo
autónomo una auditoría de los gastos de personal de los últimos meses de
mayo y de junio, rechaza que “ahora sí se tenga dinero para pagar
pluses compensatorios a dirigentes gubernamentales cuando a los
empleados públicos se nos ha negado el pan y la sal en estos últimos
años”.
En
este sentido, UGT recuerda que “estos tres altos cargos del Ejecutivo
autónomo en funciones que reclaman ahora más de 100.000 euros, han
formado parte de un Gobierno de Cantabria que ha recortado poder
adquisitivo a sus empleados públicos (más de un 21%); además de suprimir
o congelar pagas extras, complementos o compensaciones salariales,
fondos sociales y planes de pensiones y hasta descansos obligatorios de
su propia plantilla”.
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