Santander: El presidente Diego afirma que "ninguna evaluación de impacto ambiental" puede garantizar la absoluta inocuidad del fracking en Cantabria

El presidente, Ignacio Diego, ha señalado hoy que "ninguna evaluación de impacto ambiental puede garantizar la absoluta inocuidad del fracking en una Comunidad Autónoma como Cantabria" durante su participación en un encuentro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre esta técnica.
Además, el presidente ha anunciado que la declaración institucional que la semana pasada apoyaron los ayuntamientos de la región en contra de la utilización de esta técnica en la Comunidad Autónoma, se trasladará "al Gobierno de España y a todas las empresas que tienen intereses en esta materia para que conozcan documentalmente cual es la decisión de la ciudadanía".
Se trata, según ha señalado el presidente, de una declaración institucional que pretende "fortalecer nuestra posición en esta materia y como prueba evidente e indiscutible de cual es sentir de la ciudadanía de la región" y una expresión de la voluntad de coordinarse y "amparar la decisión del Gobierno de Cantabria de que no se haga fracking".
"El Gobierno sigue opinando que la fractura hidráulica quizás se pueda llevar a cabo desde la inocuidad en otros territorios que no tengan las características de Cantabria, pero en Cantabria los riesgos se multiplican", ha afirmado el presidente.
Por ello, ha explicado Diego, lo que hemos hecho tomar una decisión "responsable, fundada, nada veleidosa, que atiende y respeta todas las opiniones en relación con esta materia" y teniendo en cuenta "todas las singularidades de Cantabria" y "lo que piensan y sienten los ciudadanos".
Tras la anulación por parte del Tribunal Constitucional, lo que ha hecho el Gobierno de Cantabria es, según su presidente, "plantearnos, desde el respeto a las decisiones del Tribunal, seguir tratando de impedir que se lleve a cabo el fracking apoyándonos en el derecho, en la legislación vigente y, concretamente, en la Ley del Suelo, una herramienta que, coordinados con los planes generales de los 102 ayuntamientos, permitirá "poder impedir que se lleve a cabo esta técnica en la región".