La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado el borrador del plan al Pleno del Consejo Asesor de Servicios Sociales, durante la reunión constituyente de este órgano consultivo.
El Consejo Asesor de Servicios Sociales es un órgano colegiado que tiene como funciones más relevantes las de asesorar y elevar propuestas a la Consejería en relación con la planificación, ordenación y coordinación de la política de servicios sociales en Cantabria.
Integran el Consejo, que preside la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, 25 miembros, seis en representación de los departamentos de Educación, Sanidad, Igualdad, Empleo, Vivienda y Economía, tres en representación de los ayuntamientos designados por la Federación de Municipios de Cantabria (Santander, Torrelavega y Ribamontán al Mar); dos de CEOE, y dos en representación de UGT y CCOO, como organizaciones sindicales más representativas.
Además, están presentes en el Consejo Lares, Cermi, Cáritas y CUIN, como representantes de las entidades dedicadas a la atención a personas en situación de dependencia o con discapacidad y de protección a la infancia y la adolescencia, y la Unión de Consumidores de Cantabria.
Plan de Acción para la Inclusión Social
En su primera reunión, el Consejo ha recibido el borrador del Plan de Acción para la Inclusión Social, elaborado por un grupo de trabajo técnico constituido en la primavera de 2013 y liderado por el por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
Se trata del primer plan de la historia de Cantabria, pese a que la crisis económica y sus efectos comenzaron hace seis años, y tiene un horizonte temporal de cuatro años, el periodo 2014-2017.
La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha explicado que esta iniciativa responde a una decisión política fruto del compromiso político del Gobierno de adoptar cuantas medidas sean necesarias y coordinar los esfuerzos en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, puesto que se trata de un objetivo que trasciende al ámbito de los servicios sociales.
Según Sáenz de Buruaga, a pesar del fuerte crecimiento en los últimos años del número de personas preceptoras de Renta Social Básica y de la prestación de emergencia social, los esfuerzos realizados por los servicios sociales con la finalidad de posibilitar la inclusión de personas en riesgo de exclusión han sido insuficientes.
De ahí que se considere este el momento idóneo para la aprobación, puesta en marcha y desarrollo de un plan que se ha elaborado en consonancia con los objetivos de la Estrategia Europea 2020, en el que se establece el objetivo de disminuir a finales de 2019 en 20 millones el número de personas que en la Unión Europea están en riesgo de pobreza y exclusión social.
El Plan es, por lo tanto, necesario para conseguir esa disminución proporcional en Cantabria, 20.000 personas hasta 2019, en el marco del objetivo del Gobierno de España recogido en el plan nacional de acción para la inclusión social 2013-2016, en cuya elaboración también ha participado la comunidad autónoma.
El documento incluye cuatro líneas estratégicas que se estructuran en 48 objetivos operativos y 237 actuaciones concretas, si bien la consejera ha hecho hincapié en que no se trata tanto de poner en marcha nuevas políticas ni de crear nuevos recursos, como de alinear y coordinar; ordenar y optimizar el funcionamiento de los que ya existen.
La primera línea estratégica pretende fomentar el acceso al empleo a través de políticas activas de inversión social destinadas a favorecer la inclusión social de las personas más vulnerables, mientras que la segunda está destinada a garantizar un sistema de prestaciones que permita apoyar económicamente a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y reducir la pobreza infantil.
La línea estratégica tres pretende garantizar la prestación de unos servicios básicos y facilitar el acceso a toda la población de Cantabria, especialmente en materia de servicios sociales, educación, sanidad y vivienda, mientras que la cuarta está destinada a la atención a los grupos más vulnerables: infancia y adolescencia; personas mayores; personas con discapacidad; población inmigrante; víctimas de violencia de género, personas con adicciones; población gitana y personas sin hogar.
Además de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, han participado activamente en la elaboración del plan las consejerías de Economía, Hacienda y Empleo; Educación, Cultura y Deporte; Obras Públicas y Vivienda; Presidencia y Justicia.
Los miembros del Consejo Asesor de Servicios Sociales tienen hasta el 30 de septiembre para realizar alegaciones, las cuales serán atendidas y contestadas, para después volver a reunirse este órgano para la aprobación del plan.
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