El grupo de trabajo, formado por miembros de la Consejería de Presidencia y Justicia y los sindicatos, ha acordado que la Entidad 112 Cantabria se incorpore a la administración pública como organismo autónomo para lo que se procederá a partir de ahora a la redacción de la oportuna ley de creación, que facilitará el proceso de integración del personal y una mayor eficiencia y eficacia de la estructura y de los procedimientos para la prestación del servicio.
El Ejecutivo recupera así el carácter público del Servicio de Emergencias 112, tal y como se comprometió el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, en sede parlamentaria al presentar los principales objetivos de su departamento para la presente legislatura, frente a los procesos de "desmantelamiento del sistema público, la privatización de servicios y el despido de trabajadores" de la anterior etapa.
Del alcance del acuerdo han informado el propio consejero y los representantes de CC.OO, Roberto Labrada; de UGT, José Luis Fernández, y de SIEP, David del Valle, que han presentado el acuerdo unánime que han alcanzado dentro de la comisión creada para establecer la figura legal más acorde con la naturaleza y funciones del servicio de emergencias.
Hasta ahora, el 112 Cantabria, que gestiona el teléfono de emergencias y los seis parques de bomberos autonómicos, funciona como Sociedad Anónima Unipersonal, cuya fuente de financiación única es la aportación que recibe del Gobierno autonómico.
De este modo, han acordado que para una eficaz prestación del servicio de atención de emergencias debe existir una gestión integral y unificada, además de una estructura estable y sólida, alejada de los cambios políticos, donde se garantice una continuidad en el mando desde la propia administración pública. Un hecho que se añade a la estrecha relación competencial entre la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Gobierno regional y la empresa pública.
Al mismo tiempo, se reconocerá al personal como empleado público, lo que reforzará la respuesta operativa, y se normalizará el uso de los bienes materiales para la prestación del servicio, dado que hasta el momento se comparten los medios adscritos a la empresa pública con los que son titularidad de la Comunidad Autónoma.
Por ello, el consejero de Presidencia ha defendido que el actual sistema de gestión "no responde a las necesidades de una buena gestión" del servicio y ha hecho hincapié en la tendencia actual de poner freno a la creación de entidades de índole privada para "huir de controles de la administración" y fijan la preferencia hacia la creación de organismos públicos.
También ha agradecido el trabajo "serio y riguroso" del grupo de trabajo, formado por miembros del Gobierno y los sindicatos, que de una forma "rápida" han alcanzado un planteamiento común para que este servicio tenga "carácter público".
De la Sierra ha mantenido su compromiso de seguir mejorando el servicio de emergencias 112 para lo que ha defendido el incremento del personal y la creación de un nuevo parque de emergencias en Cantabria que dé cobertura a las actuales necesidades.
100% pública
El presidente del comité de empresa de la Entidad 112 y representante sindical de UGT, José Luis Fernández, ha dicho que en el acuerdo han tenido cabida las visiones de ambas partes, que han demostrado una "buena disposición" para alcanzar un acuerdo en apenas ocho meses de trabajo.
Fernández ha destacado que todos coinciden en que la gestión de las emergencias debe ser "100 por 100 pública" y realizada por profesionales para garantizar la "transparencia, la seguridad ciudadana y una mayor operatividad del servicio", que incluya la "mayor calidad laboral" para los trabajadores.
Por su parte, David del Valle, del sindicato SIEP, ha destacado la "especial sensibilidad" del consejero de Presidencia y su apuesta "desde el minuto uno" por la creación de un organismo autónomo, que propiciará, a su juicio, una estructura fija y una continuidad en la gestión operativa de las emergencias.
"Esté quien esté las emergencias en Cantabria tienen que funcionar de la misma manera y eso el consejero lo ha visto claramente, porque es algo que pertenece a todos los cántabros", ha remarcado Del Valle.
La ley, este año
El consejero De la Sierra ha indicado que se inicia ahora la redacción de la norma de creación del organismo autónomo, para posteriormente proceder a su tramitación administrativa y la obtención de los informes sectoriales, con el fin de que llegue al Parlamento este mismo año.
El responsable de UGT ha agradecido también la disposición y el compromiso del consejero y se ha dirigido también a los grupos políticos que deben aprobar la futura ley, con el fin de que demuestren "su apuesta por lo público" y que no hagan del acuerdo de hoy un "papel mojado".
En este mismo sentido se ha manifestado el represente de SIEP que espera que la norma sea respaldada por todos los grupos parlamentarios, porque "las emergencias no entienden de color político y pertenecen a todos los ciudadanos".
Mayor control y racionalización
El acuerdo rubricado recoge lo interpretado por juristas en el ámbito del derecho administrativo, quienes destacan que la reciente Ley40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, "establece un mayor control para la transformación de organismo autónomo en sociedad mercantil estatal o en fundación del sector público, con el fin de evitar el fenómeno de la huida de los controles del derecho administrativo" y, en cambio, "se facilita la transformación de sociedades mercantiles estatales en organismos autónomos, que están sometidos a controles más intensos".
Según establece la ley estatal, un organismo autónomo es un organismo público descentralizado, que cuenta con autonomía de gestión, personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios.
Es un ente dependiente e instrumental, adscrito a la Consejería competente por razón de la materia. Ello supone que está sometido a la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad de quien depende, sin perjuicio de los controles en los términos establecidos en la legislación presupuestaria.
El régimen de aplicación como organismo autónomo aportaría además una mayor racionalización del sistema de gestión de personal, mejor control del gasto público y el sometimiento al control económico-financiero interno en sus distintas modalidades.
El Ejecutivo recupera así el carácter público del Servicio de Emergencias 112, tal y como se comprometió el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, en sede parlamentaria al presentar los principales objetivos de su departamento para la presente legislatura, frente a los procesos de "desmantelamiento del sistema público, la privatización de servicios y el despido de trabajadores" de la anterior etapa.
Del alcance del acuerdo han informado el propio consejero y los representantes de CC.OO, Roberto Labrada; de UGT, José Luis Fernández, y de SIEP, David del Valle, que han presentado el acuerdo unánime que han alcanzado dentro de la comisión creada para establecer la figura legal más acorde con la naturaleza y funciones del servicio de emergencias.
Hasta ahora, el 112 Cantabria, que gestiona el teléfono de emergencias y los seis parques de bomberos autonómicos, funciona como Sociedad Anónima Unipersonal, cuya fuente de financiación única es la aportación que recibe del Gobierno autonómico.
De este modo, han acordado que para una eficaz prestación del servicio de atención de emergencias debe existir una gestión integral y unificada, además de una estructura estable y sólida, alejada de los cambios políticos, donde se garantice una continuidad en el mando desde la propia administración pública. Un hecho que se añade a la estrecha relación competencial entre la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Gobierno regional y la empresa pública.
Al mismo tiempo, se reconocerá al personal como empleado público, lo que reforzará la respuesta operativa, y se normalizará el uso de los bienes materiales para la prestación del servicio, dado que hasta el momento se comparten los medios adscritos a la empresa pública con los que son titularidad de la Comunidad Autónoma.
Por ello, el consejero de Presidencia ha defendido que el actual sistema de gestión "no responde a las necesidades de una buena gestión" del servicio y ha hecho hincapié en la tendencia actual de poner freno a la creación de entidades de índole privada para "huir de controles de la administración" y fijan la preferencia hacia la creación de organismos públicos.
También ha agradecido el trabajo "serio y riguroso" del grupo de trabajo, formado por miembros del Gobierno y los sindicatos, que de una forma "rápida" han alcanzado un planteamiento común para que este servicio tenga "carácter público".
De la Sierra ha mantenido su compromiso de seguir mejorando el servicio de emergencias 112 para lo que ha defendido el incremento del personal y la creación de un nuevo parque de emergencias en Cantabria que dé cobertura a las actuales necesidades.
100% pública
El presidente del comité de empresa de la Entidad 112 y representante sindical de UGT, José Luis Fernández, ha dicho que en el acuerdo han tenido cabida las visiones de ambas partes, que han demostrado una "buena disposición" para alcanzar un acuerdo en apenas ocho meses de trabajo.
Fernández ha destacado que todos coinciden en que la gestión de las emergencias debe ser "100 por 100 pública" y realizada por profesionales para garantizar la "transparencia, la seguridad ciudadana y una mayor operatividad del servicio", que incluya la "mayor calidad laboral" para los trabajadores.
Por su parte, David del Valle, del sindicato SIEP, ha destacado la "especial sensibilidad" del consejero de Presidencia y su apuesta "desde el minuto uno" por la creación de un organismo autónomo, que propiciará, a su juicio, una estructura fija y una continuidad en la gestión operativa de las emergencias.
"Esté quien esté las emergencias en Cantabria tienen que funcionar de la misma manera y eso el consejero lo ha visto claramente, porque es algo que pertenece a todos los cántabros", ha remarcado Del Valle.
La ley, este año
El consejero De la Sierra ha indicado que se inicia ahora la redacción de la norma de creación del organismo autónomo, para posteriormente proceder a su tramitación administrativa y la obtención de los informes sectoriales, con el fin de que llegue al Parlamento este mismo año.
El responsable de UGT ha agradecido también la disposición y el compromiso del consejero y se ha dirigido también a los grupos políticos que deben aprobar la futura ley, con el fin de que demuestren "su apuesta por lo público" y que no hagan del acuerdo de hoy un "papel mojado".
En este mismo sentido se ha manifestado el represente de SIEP que espera que la norma sea respaldada por todos los grupos parlamentarios, porque "las emergencias no entienden de color político y pertenecen a todos los ciudadanos".
Mayor control y racionalización
El acuerdo rubricado recoge lo interpretado por juristas en el ámbito del derecho administrativo, quienes destacan que la reciente Ley40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, "establece un mayor control para la transformación de organismo autónomo en sociedad mercantil estatal o en fundación del sector público, con el fin de evitar el fenómeno de la huida de los controles del derecho administrativo" y, en cambio, "se facilita la transformación de sociedades mercantiles estatales en organismos autónomos, que están sometidos a controles más intensos".
Según establece la ley estatal, un organismo autónomo es un organismo público descentralizado, que cuenta con autonomía de gestión, personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios.
Es un ente dependiente e instrumental, adscrito a la Consejería competente por razón de la materia. Ello supone que está sometido a la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad de quien depende, sin perjuicio de los controles en los términos establecidos en la legislación presupuestaria.
El régimen de aplicación como organismo autónomo aportaría además una mayor racionalización del sistema de gestión de personal, mejor control del gasto público y el sometimiento al control económico-financiero interno en sus distintas modalidades.
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