Las pequeñas y medianas empresas son los centros de trabajo en los que más accidentes laborales se producen.
La siniestralidad laboral en Cantabria en 2015 se ha saldado con 5.704 accidentes con baja, 8.928 sin baja y 9 trabajadores fallecidos. Con respecto a 2011, la siniestrabilidad con baja ha descendido en un 10,8% en nuestra región pero los accidentes mortales aumentaron un 33%.
USO ha comprobado que cerca del 72% de los accidentes en jornada con baja en Cantabria y del 68% de los producidos in itinere han tenido lugar en empresas de menos de 250 trabajadores. Y el 53% del total de accidentes producidos durante la jornada laboral con baja corresponden a empresas de menos de 50 empleados. A medida que disminuye el tamaño de la empresa, aumenta la siniestralidad laboral.
Esta realidad está ligada a la modificación de la Ley de Prevención que introdujo la Ley de Emprendedores de 2014, a partir de la cual el empresario puede asumir la gestión de la prevención en empresas de hasta 25 trabajadores, que suponen la mayoría del tejido productivo del país.
En el contexto actual de las políticas preventivas, la falta de inversión y la dejadez por parte de las administraciones en cuanto a la prevención de riesgos laboral, juegan un importantísimo papel los delegados de prevención, por las labores de apoyo y asesoramiento, reclamación y denuncia que llevan a cabo.
La precariedad laboral, la temporalidad y el miedo al despido están en muchos en muchas de las ocasiones en el origen de la alta siniestrabilidad teniendo un efecto devastador en las condiciones de trabajo.
Incapacidad temporal: impacto de los recortes y Ley de Mutuas
Desde USO afirman que tanto la Ley de Mutuas como el Real Decreto de Incapacidad Temporal tan sólo buscan el ahorro en prestaciones. Lo están haciendo a costa de la salud de los trabajadores. Las consecuencias nefastas que estas leyes están teniendo tanto en la salud de los trabajadores como en la propia gestión administrativa de la incapacidad temporal deben servir para derogar estas leyes.
En este sentido, la duración de las bajas por contingencias comunes varía en función de si la gestión de la prestación depende de las Mutuas o del Instituto Nacional de Seguridad Social. Así, en 2015, la duración media de los procesos en la Seguridad Social fue de 47,72 días, en el caso de agregado del sistema, de 37,8 días y en el caso de los procesos gestionados por Mutuas, de 34,37 días.
Desde USO exigen que se reviertan las políticas de recorte en materia de incapacidad temporal. El ahorro en esta materia no debe pasar por reducir a toda costa la cantidad y duración de las incapacidades temporales sino por aplicar políticas de prevención de manera efectiva.
Según datos del Informe de Reclamaciones a Mutuas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de reclamaciones formuladas en 2014 se ha incrementado en un 12,28% con respecto a 2013. El 22% correspondieron a reclamaciones por disconformidad con la calificación de la contingencia; el 17% por disconformidad con el alta médica y el 13% por deficiencias en el trato por parte del personal sanitario de las Mutuas.
El exceso de competencias de las mutuas y el INSS en la gestión de la siniestralidad laboral está suponiendo para los trabajadores enfermos una gran cantidad de inspecciones, reconocimientos y problemas burocráticos adicionales que entorpecen la recuperación y el reconocimiento de las dolencias.
USO ha comprobado que cerca del 72% de los accidentes en jornada con baja en Cantabria y del 68% de los producidos in itinere han tenido lugar en empresas de menos de 250 trabajadores. Y el 53% del total de accidentes producidos durante la jornada laboral con baja corresponden a empresas de menos de 50 empleados. A medida que disminuye el tamaño de la empresa, aumenta la siniestralidad laboral.
Esta realidad está ligada a la modificación de la Ley de Prevención que introdujo la Ley de Emprendedores de 2014, a partir de la cual el empresario puede asumir la gestión de la prevención en empresas de hasta 25 trabajadores, que suponen la mayoría del tejido productivo del país.
En el contexto actual de las políticas preventivas, la falta de inversión y la dejadez por parte de las administraciones en cuanto a la prevención de riesgos laboral, juegan un importantísimo papel los delegados de prevención, por las labores de apoyo y asesoramiento, reclamación y denuncia que llevan a cabo.
La precariedad laboral, la temporalidad y el miedo al despido están en muchos en muchas de las ocasiones en el origen de la alta siniestrabilidad teniendo un efecto devastador en las condiciones de trabajo.
Incapacidad temporal: impacto de los recortes y Ley de Mutuas
Desde USO afirman que tanto la Ley de Mutuas como el Real Decreto de Incapacidad Temporal tan sólo buscan el ahorro en prestaciones. Lo están haciendo a costa de la salud de los trabajadores. Las consecuencias nefastas que estas leyes están teniendo tanto en la salud de los trabajadores como en la propia gestión administrativa de la incapacidad temporal deben servir para derogar estas leyes.
En este sentido, la duración de las bajas por contingencias comunes varía en función de si la gestión de la prestación depende de las Mutuas o del Instituto Nacional de Seguridad Social. Así, en 2015, la duración media de los procesos en la Seguridad Social fue de 47,72 días, en el caso de agregado del sistema, de 37,8 días y en el caso de los procesos gestionados por Mutuas, de 34,37 días.
Desde USO exigen que se reviertan las políticas de recorte en materia de incapacidad temporal. El ahorro en esta materia no debe pasar por reducir a toda costa la cantidad y duración de las incapacidades temporales sino por aplicar políticas de prevención de manera efectiva.
Según datos del Informe de Reclamaciones a Mutuas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de reclamaciones formuladas en 2014 se ha incrementado en un 12,28% con respecto a 2013. El 22% correspondieron a reclamaciones por disconformidad con la calificación de la contingencia; el 17% por disconformidad con el alta médica y el 13% por deficiencias en el trato por parte del personal sanitario de las Mutuas.
El exceso de competencias de las mutuas y el INSS en la gestión de la siniestralidad laboral está suponiendo para los trabajadores enfermos una gran cantidad de inspecciones, reconocimientos y problemas burocráticos adicionales que entorpecen la recuperación y el reconocimiento de las dolencias.
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