Así se ha expresado el portavoz del PP, Ildefonso Calderón, tras conocer por la prensa la carta enviada por la alcaldesa de Torrelavega al Colegio de Abogados de Cantabria, en la cual informa de la negativa del Ayuntamiento a seguir colaborando con este servicio que ayuda cada año a más de 2.300 personas con escasos recursos económicos.
Calderón ha mostrado su “malestar con la decisión de socialistas y regionalistas” y les ha instado “a “rectificar, para no dejar tirados a los ciudadanos que necesitan orientación y asistencia con la que hacer frente a situaciones personales graves en los juzgados de Torrelavega”.
El Servicio de Orientación Jurídica de Torrelavega nació en 1998 y desde entonces ha prestado asesoramiento legal y gratuito a personas con limitados recursos económicos e inmersas en procesos judiciales relacionados con inmigración, desahucios, situaciones de violencia, separaciones matrimoniales, incapacidades laborales etc…).
La colaboración económica del Ayuntamiento con el Colegio de Abogados de Cantabria para el funcionamiento de este servicio se ha mantenido durante más de quince años y en la etapa de Ildefonso Calderón como alcalde era de aproximadamente 13.000 euros (IVA incluido).
Calderón cree que la decisión de PSOE y PRC de suprimir ahora esta aportación económica es consecuencia del déficit de 2,4 millones de euros generado por el gobierno de coalición entre socialistas y regionalistas, después de que el PP dejara un superávit de 4 millones de euros al final del año 2013.
En este sentido, ha señalado que “el Servicio de Orientación Jurídica es una víctima más de la nefasta gestión de PSOE y PRC, y de una moción de censura que está arruinando el Ayuntamiento, está desmontando los servicios sociales y está sirviendo para lo contrario de lo que prometieron”.
Además, Calderón ha dicho que “las excusas que la alcaldesa da en su carta para prescindir de este servicio son falsas y solo pretenden esconder las vergüenzas de unos concejales que se les está yendo el Ayuntamiento de las manos”.
“La alcaldesa le quiere echar la culpa a una ley del Estado para quitarse de encima el Servicio de Orientación Jurídica, pero esto es radicalmente falso, como lo demuestra el que varios ayuntamientos de Cantabria, como Santander, Santoña, Laredo o Castro Urdiales sigan manteniendo su colaboración económica con el Colegio de Abogados”.
Por último, Calderón ha mostrado su apoyo al Colegio de Abogados y a los profesionales que durante todos estos años han prestado servicios en el turno de oficio y ha dicho que el Grupo Popular hará todo lo posible para que socialistas y regionalistas dejen en suspenso su desafortunada decisión y el Ayuntamiento siga colaborando con el sostenimiento de este servicio.
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