Ecologistas en Acción Cantabria y la Plataforma Vecinal Por el Aire Puro y la Trasparencia han dado a conocer hoy una sentencia del uzgado de lo Contencioso nº 3 que rechaza las pretensiones de COPSESA de seguir su actividad ilegal.
La Magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Santander ha dictado un auto rechazando la petición de COPSESA de suspender cautelarmente la orden municipal de cierre de la planta de aglomerado asfáltico en sus instalaciones de Igollo, a pesar de carecer de autorización para ello y le impone el pago de las costas judiciales.
La Magistrada señala en el Auto que la empresa COPSESA no ha acreditado ni aportado documento alguno que justifique la inversión realizada en las instalaciones, el número de puestos de trabajo afectados, las subvenciones recibidas o las posibles causas de cierre y liquidación de la citada empresa en el caso de clausura de la actividad.
Según Ecollogistas en Acción y la Plataforma, ha tenido que ser la decisión judicial quien haya puesto las cosas en su sitio, pues tanto el ayuntamiento de Camargo, como las Consejerías de Industria y Medio Ambiente, han mareado la perdiz durante casi un año, poniendo trabas a la Plataforma vecinal, a la Junta Vecinal de Igollo y a Ecologistas en Acción, actuando a favor de la empresa, que ha podido mantener su actividad productiva careciendo de las autorizaciones ambientales que le son exigibles a las demás empresas.
La falta de responsabilidad de estas tres administraciones ha sido clara y por ello las tres asociaciones nos hemos visto obligadas a denunciar los hechos ante la Fiscalía que ha pedido apertura de diligencias penales por estimar que en todo este procedimiento administrativo se han cometido delitos que están por delimitar en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander.
"Hemos denunciado que a pesar de que la Consejería de Medio Ambiente notificó el 16 de junio a los ayuntamientos de Camargo y Santander, y a la Consejería de Industria que las actividades desarrolladas en las instalaciones de COPSESA carecían de la autorización ambiental, han buscado diversos subterfugios para dejar sin efecto la clausura y cierre de las instalaciones ilegales", señalan.
Ayer jueves han solicitado al Ayuntamiento de Camargo el cierre de las instalaciones después de conocer el auto judicial que desestimaba las pretensiones de la empresa COPSESA de seguir su actividad aún careciendo de las autorizaciones legales necesarias.
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