Así lo ha asegurado la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación. Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, en una rueda de prensa en la que ha presentado las acciones que el Ejecutivo va a poner en marcha para tratar de resolver la situación de las más de 160.000 personas que viven en riesgo de pobreza o exclusión social en Cantabria.
Además, la vicepresidenta ha anunciado que este mismo año se pondrá en marcha una red de bonos alimentarios para la adquisición de productos frescos, que se distribuirá a través de los servicios sociales de los ayuntamientos y marcará el comienzo de una colaboración con las cadenas de distribución alimentaria, el pequeño comercio y a medio plazo los productores cántabros.
La consejera también ha avanzado modificaciones en la regulación actual de la Renta Social Básica, que no tendrá que renovarse cada dos años y se concederá desde el momento que se solicite.
Además, Díaz Tezanos ha asegurado que el Gobierno ha tenido que destinar 3,5 millones de euros a esta ayuda para poder acabar el año y ha explicado que el objetivo del Gobierno es reducir los 1.500 expedientes que están a la espera de resolución.
La consejera ha anunciado también que el Ejecutivo quiere poner en marcha un Fondo de Solidaridad que entre otras medidas promueva la implicación de las empresas y entidades públicas y fomente los acuerdos con productores, industrias agroalimentarias y cadenas de distribución que abaraten y canalicen la distribución de alimentos.
Sobre el actual Fondo de Solidaridad, dotado con 500.000 euros para este año, la vicepresidenta ha adelantado que se incrementará notablemente en los próximos presupuestos.
La vicepresidenta ha detallado estas medidas tras presentar datos que muestran una "fotografía de la situación por la que están atravesando miles y miles de ciudadanos, que tienen y sufren distintas carencias para llevar una vida digna con sus necesidades básicas cotidianas cubiertas".
Díaz Tezanos ha precisado que 160.000 personas en Cantabria viven en riesgo de pobreza y/o exclusión social y, de ellas, 120.000 se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.
Las privaciones materiales severas afectan a 23.000 cántabros, el doble que en 2011, y cerca de 20.000 hogares no pueden permitirse mantener su vivienda con temperatura adecuada, lo que supone más de 50.000 personas en situación de pobreza energética, más del doble que en 2011.
"Ante esta situación, la respuesta del anterior Gobierno fueron recortes severos en emergencia social, infancia y en dependencia", ha destacado la consejera, quien ha asegurado que el actual Ejecutivo "está trabajando desde el primer día para dar respuesta a las emergencia social de nuestra comunidad, con diálogo y participación de todos los agentes involucrados y buscando la mayor eficacia posible en el objetivo de conseguir la cohesión social y territorial".
Fondo de Emergencia Social
La vicepresidenta ha explicado que durante este mes y medio de legislatura el Gobierno ha trabajado con los profesionales del sector, entidades sociales y corporaciones sociales para diseñar el Plan de Emergencia Social "que incluye medidas inmediatas y otras que se irán poniendo en marcha con la mayor urgencia posible".
Así, en los próximos días se convocará por primera vez la Comisión Interdepartamental de Emergencia Social, "formada por todas las consejerías que desde sus competencias puedan contribuir a mejorar esta situación", y se creará una Red de Apoyo a las Personas y Familias afectadas por la crisis que canalizará todos los recursos para que las familias más afectadas por la crisis tengan una respuesta integral a sus necesidades.
Además, Díaz Tezanos ha explicado que se pondrá en marcha una Red Centinela contra la Pobreza Infantil ya que 1 de cada 3 niños de Cantabria vive por debajo del umbral de la pobreza.
"Es una situación a la que debemos dar respuesta urgente estableciendo medidas dirigidas a detectar y luchar contra la pobreza infantil", ha asegurado la consejera. Para ello, esta red dará aviso inmediato de todas las situaciones de este tipo que detecte especialmente los casos de malnutrición infantil.
En Plan de Choque se completa con las medidas de garantía alimentaria y de garantía de suministros vitales, a través del fondo extraordinario que se recogerá en las próximas cuentas regionales y los bonos para adquisición de productos frescos.
Renta Social Básica
La vicepresidenta ha explicado que la Renta Social Básica volverá a ser considerada un derecho de los ciudadanos, como recoge la Ley de Servicios Sociales y "no una concesión graciable", y se eliminará "la desconfianza y el infierno burocrático" en la tramitación de la ayuda.
Díaz Tezanos ha explicado que el actual Gobierno ya ha empezado a "revertir los cambios introducidos por el PP para restringirla" y ha asegurado que han tenido que destinar a esta ayuda 3,5 millones de euros para acabar el año. Además, ha asegurado que el Ejecutivo ha incrementado los recursos humanos y materiales para reducir los 1.500 expedientes que actualmente se encuentran a la espera de resolución.
En este objetivo, la consejera ha explicado que la colaboración con los servicios sociales de atención primaria es fundamental. "Los ayuntamientos y mancomunidades van a recuperar su papel fundamental en la respuesta a la crisis por ser la administración más cercana a los ciudadanos".
Además, la consejera ha precisado que se va a eliminar la obligación de renovarla cada dos años y que se concederá desde que se solicite y no desde que se dicte resolución a los 4 ó 6 meses de solicitarla.
"Además, los incumplimientos de obligaciones en caso de existir menores no conllevarán la extinción del derecho por 8 meses como estaba ocurriendo", ha explicado la vicepresidenta, quien ha explicado que además se recuperarán los Convenios de Incorporación Social.
"La Renta Social Básica no puede consistir en dar dinero y dejar a su suerte a las personas. No fue concebida así en la Ley de Servicios Sociales y tenemos claro que no puede seguir siendo así", ha afirmado.
La vicepresidenta ha explicado que la Renta Social Básica volverá a ser considerada un derecho de los ciudadanos, como recoge la Ley de Servicios Sociales y "no una concesión graciable", y se eliminará "la desconfianza y el infierno burocrático" en la tramitación de la ayuda.
Díaz Tezanos ha explicado que el actual Gobierno ya ha empezado a "revertir los cambios introducidos por el PP para restringirla" y ha asegurado que han tenido que destinar a esta ayuda 3,5 millones de euros para acabar el año. Además, ha asegurado que el Ejecutivo ha incrementado los recursos humanos y materiales para reducir los 1.500 expedientes que actualmente se encuentran a la espera de resolución.
En este objetivo, la consejera ha explicado que la colaboración con los servicios sociales de atención primaria es fundamental. "Los ayuntamientos y mancomunidades van a recuperar su papel fundamental en la respuesta a la crisis por ser la administración más cercana a los ciudadanos".
Además, la consejera ha precisado que se va a eliminar la obligación de renovarla cada dos años y que se concederá desde que se solicite y no desde que se dicte resolución a los 4 ó 6 meses de solicitarla.
"Además, los incumplimientos de obligaciones en caso de existir menores no conllevarán la extinción del derecho por 8 meses como estaba ocurriendo", ha explicado la vicepresidenta, quien ha explicado que además se recuperarán los Convenios de Incorporación Social.
"La Renta Social Básica no puede consistir en dar dinero y dejar a su suerte a las personas. No fue concebida así en la Ley de Servicios Sociales y tenemos claro que no puede seguir siendo así", ha afirmado.
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