El Gobierno de Cantabria prevé aprobar el Plan de Emergencia Social a finales de año, con el que atenderá desde diferentes departamentos la "situación dramática" que viven unas 160.000 personas en la región, según ha explicado hoy la vicepresidenta del Ejecutivo, Eva Díaz Tezanos, tras presidir la constitución de la Comisión Interdepartamental que "será el motor que impulse la elaboración y desarrollo del Plan".
En la reunión de hoy, se ha estudiado un primer borrador de ese documento, elaborado por la Consejería adscrita a la Vicepresidencia, y a lo largo de los dos próximos meses los diferentes departamentos del Ejecutivo, que forman parte de la comisión, definirán medidas concretas que se estudiarán en una próxima reunión a finales de octubre y darán forma al plan definitivo que el Gobierno prevé tener listo a finales de noviembre, para ser posteriormente aprobado por el Consejo de Gobierno antes de que concluya el año.
Con el objetivo de dar una respuesta integral a los cántabros que se encuentra en situación de emergencia social, la Comisión está integrada por diferentes departamentos del Gobierno (Política Social, ICASS, Igualdad y Mujer, Innovación y Centros Educativos, Servicio Cántabro de Empleo, Dirección General de Trabajo, Vivienda y Arquitectura, la Salud Pública, Servicio Cántabro de Salud, la Dirección General de Transportes) además de la Federación Cántabra de Municipios.
Díaz Tezanos ha explicado que este Plan responde a una prioridad del Ejecutivo, que así lo incluyó en su Pacto de Gobierno, y a los datos que muestran que 160.000 cántabros están en riesgo de pobreza o exclusión social y 120.000 ya están por debajo del umbral de la pobreza.
"Estos datos nos han llevado a ponernos en marcha inmediatamente, aunque algunas medidas ya las hemos tomado en el ámbito de servicios sociales y otras, que afectan a la Renta Social Básica y a las ayudas de Emergencia Social, las incluiremos en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Cantabria del próximo año", ha precisado la vicepresidenta.
"Queremos fundamentalmente ser capaces de dar un vuelco en la situación actual y, sobre todo, volver a una concepción de los derechos de ciudadanía y no de beneficencia o caridad", ha afirmado.
Díaz Tezanos ha explicado que el borrador del Plan incluye siete bloques de medidas para dar solución a los problemas de vivienda, alimentación, suministros básicos e inserción laboral de las personas que actualmente viven en situación de emergencia social, atendiendo especialmente a los menores, y trabajando en coordinación con los servicios sociales de los ayuntamientos y las organizaciones sociales.
La vicepresidenta ha explicado que el primer bloque de medidas supondrá la creación de una Red de Apoyo a personas y familias afectadas por la crisis "para canalizar todos los recursos existentes y que así lleguen con mayor rapidez a las 160.000 personas que viven en esta situación", y ha anunciado que el próximo 14 de octubre se convocará el Consejo Regional de Servicios Sociales que tendrá un papel relevante en este proceso.
Además, para garantizar unos ingresos mínimos a las familias, se revertirán todas las modificaciones que el anterior Gobierno incluyó en la regulación de la Renta Social Básica y se volverá lo recogido en la Ley de Derechos Sociales de Cantabria, "reduciendo burocracia, tiempos de espera, aumentando la dotación de la renta y con mayor coordinación con los servicios sociales de los ayuntamientos".
Díaz Tezanos ha explicado que, en lo que se refiere a la Renta Social Básica, el Gobierno también quiere poner en marcha los convenios de incorporación social "porque son un instrumento fundamental para la promoción social y laboral de estas personas" y que se tendrá en cuenta el interés superior del menor siguiendo las recomendaciones de la UE a los estados miembros.
El anteproyecto del Plan incluye además la puesta en marcha del Programa de Garantía de Suministros Básicos, el de Garantía Habitacional, y el Programa de Garantía Alimenticia, mediante bonos para la adquisición de productos frescos y de primera necesidad a través de la Red, el refuerzo de las becas de comedor en colegios, y la apertura de comedores sociales en algunos ayuntamientos.
Con el cuarto bloque de medidas, el Gobierno quiere garantizar el acceso a la salud de estas personas, facilitando el acceso a medicamentos y otros productos sanitarios a pacientes crónicos o dependientes, y poniendo en marcha un programa de acompañamiento en hospitales y servicios de urgencia a personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Para mejorar la integración laboral de las personas en situación de emergencia social, el Ejecutivo mejorará los programas de inclusión social, pondrá en marcha servicios de apoyo técnico y formación, y además incluirá cláusulas sociales en la contratación pública.
El Plan prevé también la puesta en marcha de un Fondo de Solidaridad que canalizará todas las iniciativas de solidaridad de la sociedad civil, empresas y entidades públicas, y para abordar la pobreza infantil el Ejecutivo pondrá en marcha una Red Centinela, en colaboración con los servicios sociales de los ayuntamientos y los centros docentes, que dé aviso inmediato de cualquier situación de vulnerabilidad que detecte en menores.
En la reunión de hoy, se ha estudiado un primer borrador de ese documento, elaborado por la Consejería adscrita a la Vicepresidencia, y a lo largo de los dos próximos meses los diferentes departamentos del Ejecutivo, que forman parte de la comisión, definirán medidas concretas que se estudiarán en una próxima reunión a finales de octubre y darán forma al plan definitivo que el Gobierno prevé tener listo a finales de noviembre, para ser posteriormente aprobado por el Consejo de Gobierno antes de que concluya el año.
Con el objetivo de dar una respuesta integral a los cántabros que se encuentra en situación de emergencia social, la Comisión está integrada por diferentes departamentos del Gobierno (Política Social, ICASS, Igualdad y Mujer, Innovación y Centros Educativos, Servicio Cántabro de Empleo, Dirección General de Trabajo, Vivienda y Arquitectura, la Salud Pública, Servicio Cántabro de Salud, la Dirección General de Transportes) además de la Federación Cántabra de Municipios.
Díaz Tezanos ha explicado que este Plan responde a una prioridad del Ejecutivo, que así lo incluyó en su Pacto de Gobierno, y a los datos que muestran que 160.000 cántabros están en riesgo de pobreza o exclusión social y 120.000 ya están por debajo del umbral de la pobreza.
"Estos datos nos han llevado a ponernos en marcha inmediatamente, aunque algunas medidas ya las hemos tomado en el ámbito de servicios sociales y otras, que afectan a la Renta Social Básica y a las ayudas de Emergencia Social, las incluiremos en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Cantabria del próximo año", ha precisado la vicepresidenta.
"Queremos fundamentalmente ser capaces de dar un vuelco en la situación actual y, sobre todo, volver a una concepción de los derechos de ciudadanía y no de beneficencia o caridad", ha afirmado.
Díaz Tezanos ha explicado que el borrador del Plan incluye siete bloques de medidas para dar solución a los problemas de vivienda, alimentación, suministros básicos e inserción laboral de las personas que actualmente viven en situación de emergencia social, atendiendo especialmente a los menores, y trabajando en coordinación con los servicios sociales de los ayuntamientos y las organizaciones sociales.
La vicepresidenta ha explicado que el primer bloque de medidas supondrá la creación de una Red de Apoyo a personas y familias afectadas por la crisis "para canalizar todos los recursos existentes y que así lleguen con mayor rapidez a las 160.000 personas que viven en esta situación", y ha anunciado que el próximo 14 de octubre se convocará el Consejo Regional de Servicios Sociales que tendrá un papel relevante en este proceso.
Además, para garantizar unos ingresos mínimos a las familias, se revertirán todas las modificaciones que el anterior Gobierno incluyó en la regulación de la Renta Social Básica y se volverá lo recogido en la Ley de Derechos Sociales de Cantabria, "reduciendo burocracia, tiempos de espera, aumentando la dotación de la renta y con mayor coordinación con los servicios sociales de los ayuntamientos".
Díaz Tezanos ha explicado que, en lo que se refiere a la Renta Social Básica, el Gobierno también quiere poner en marcha los convenios de incorporación social "porque son un instrumento fundamental para la promoción social y laboral de estas personas" y que se tendrá en cuenta el interés superior del menor siguiendo las recomendaciones de la UE a los estados miembros.
El anteproyecto del Plan incluye además la puesta en marcha del Programa de Garantía de Suministros Básicos, el de Garantía Habitacional, y el Programa de Garantía Alimenticia, mediante bonos para la adquisición de productos frescos y de primera necesidad a través de la Red, el refuerzo de las becas de comedor en colegios, y la apertura de comedores sociales en algunos ayuntamientos.
Con el cuarto bloque de medidas, el Gobierno quiere garantizar el acceso a la salud de estas personas, facilitando el acceso a medicamentos y otros productos sanitarios a pacientes crónicos o dependientes, y poniendo en marcha un programa de acompañamiento en hospitales y servicios de urgencia a personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Para mejorar la integración laboral de las personas en situación de emergencia social, el Ejecutivo mejorará los programas de inclusión social, pondrá en marcha servicios de apoyo técnico y formación, y además incluirá cláusulas sociales en la contratación pública.
El Plan prevé también la puesta en marcha de un Fondo de Solidaridad que canalizará todas las iniciativas de solidaridad de la sociedad civil, empresas y entidades públicas, y para abordar la pobreza infantil el Ejecutivo pondrá en marcha una Red Centinela, en colaboración con los servicios sociales de los ayuntamientos y los centros docentes, que dé aviso inmediato de cualquier situación de vulnerabilidad que detecte en menores.
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