El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, ha comparecido,
a petición propia, ante la Comisión correspondiente del Parlamento de
Cantabria, para dar a conocer las líneas generales de las actuaciones previstas
por su departamento para la legislatura. Sobre ellas pivotarán las políticas
que desarrollará el Gobierno de Cantabria en carreteras autonómicas, obras
municipales, puertos y vivienda, unas competencias que el consejero ha
considerado "básicas para el desarrollo económico y social de la región
porque afectan, de manera directa, a la vida diaria de los ciudadanos y al
desarrollo económico de la Comunidad Autónoma".
En la misma, el consejero ha presentado oficialmente a los miembros de
su equipo formado por: Jesús Herrera, secretario general; José Luis
Gochicoa, director general de Obras Públicas; Francisco Javier Gómez Blanco,
director general de Vivienda; E. José Orruela, gerente de Gesvican y Javier
Ontañón, director de Gabinete.
En sus primeras palabras, Mazón ha reafirmado su compromiso de
"mantener en todo momento una elevada transparencia de actuación" y
ha concretado su tarea para los próximos cuatro años en la intención de
"dotar a Cantabria de inversiones en obra pública que permitan un cambio
económico para la creación de empleo estable y de calidad".
Consecuentemente, ha mostrado su deseo de "lograr una Cantabria más
integrada y cohesionada, recuperando nuestra política de inversión en
carreteras y obras de infraestructura municipal para vertebrar nuestro
territorio, apostando por la modernización de nuestros puertos de competencia
autonómica e impulsando, en coordinación y cooperación con la Administración
del Estado, el Puerto de Santander".
Respecto de la política de vivienda, el consejero ha apostado por
"retomar la senda de una política pensada para favorecer una demanda de
primera necesidad, destinada a las personas con menor nivel de renta y en
riesgo de exclusión, para contribuir a la cohesión social de nuestros
conciudadanos, minimizar el drama de los desahucios y recuperar el pulso de un
sector especialmente afectado por la crisis".
En el desglose de las actuaciones previstas, el consejero ha avanzado que
"frente al parón sufrido en la obra pública en la legislatura anterior, en
los próximos cuatro años impulsaremos un ritmo inversor continuado en el
sector, con la finalidad de optimizar el mantenimiento de la red de carreteras
autonómicas, en unos estándares de calidad y de seguridad que nos mantengan en
la parte alta de la comparativa con otras comunidades autónomas".
Este objetivo se articulará mediante varios ejes: incremento de los
esfuerzos en conservación y mantenimiento de las carreteras; ejecución de obras
de ampliación y mejora de las comunicaciones y accesos a determinados polígonos
industriales; actuaciones de seguridad vial con especial atención al peatón y
un programa específico de carriles bici y glorietas,"humanizando" las
vías de comunicación y aplicando políticas de buenas prácticas ambientales;
recuperación de las inversiones en los municipios de Cantabria y, en materia
portuaria, establecimiento de actuaciones para mejorar las
infraestructuras, reactivando nuevas zonas de atraque para embarcaciones
deportivas en puertos como el de San Vicente de la Barquera.
Ley de Emergencia Habitacional y creación de la Oficina de Intermediación Hipotecaria
En materia de vivienda, Mazón ha destacado la creación de la Oficina de Intermediación
Hipotecaria, la tramitación de la Ley de Emergencia Habitacional, que incluirá
un Fondo de Emergencia Habitacional, y la creación de un Parque Público de
Alquiler, como medidas más relevantes.
El consejero ha enfatizado que la Consejería "está elaborando una Ley
de Emergencia Habitacional,que articulará medidas urgentes y extraordinarias
para paliar los efectos de los desahucios, que potenciará la Oficina de
Intermediación Hipotecaria e impulsará un parque público de viviendas de
alquiler social".
Según sus palabras, "la Ley Emergencia Habitacional nos habilitará para
realizar actuaciones urgentes e inaplazables, mediante la concesión de
ayudasextraordinarias, en casos de emergencia y verdadera necesidad, otorgando
a la Administración la competencia y la capacidad de llevar a cabo, en
determinadas circunstancias, actuaciones inmediatas para evitar posibles
desahucios y otras situaciones injustas relacionadas con la vivienda".
Mediante esta Ley, Cantabria se dotará de un Fondo de Emergencia Habitacional
con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria
con los siguientes objetivos: Creación y mantenimiento de un parque público de vivienda para alquiler
social, destinado a familias riesgo de exclusión social, mediante la
adquisición o celebración de cualquier negocio jurídico o convenio que permita
al Gobierno disponer de un número suficiente de viviendas para destinarlas tal
fin; la concesión de ayudas extraordinarias para familias en situación de
emergencia habitacional en Cantabria y la creación y mantenimiento de una Oficina de Intermediación Hipotecaria, a
nivel autonómico, destinada a intermediar en la búsqueda de soluciones para las
familias en situación de emergencia habitacional.
El consejero de Obras Públicas ha subrayado que la Consejería trabaja en la
creación de un parque público de vivienda para alquiler, proveniente de:
viviendas propiedad del Gobierno de Cantabria y de sus empresas públicas;
acuerdo base, pendiente de concretar en próximo convenio, con las entidades
financieras y la SAREB; cesión temporal de viviendas protegidas vacías y
adquisición de viviendas de protección publica y promoción pública de viviendas
en alquiler.
Además, se está elaborando un censo de vivienda pública en alquiler que, en
relación directa con la futura Oficina de Intermediación Hipotecaria, ofrecerá,
en todo momento, información sobre la ubicación y la disponibilidad del parque
público de viviendas para atender las situaciones de desahucio inminente.
Todo ello se unirá a otras líneas estratégicas de actuación para toda la
legislatura, en las que ya se está trabajando, mediante el esbozo de un Plan de
Vivienda deCantabria 2016-2020 que abarcará todas estas políticas para los
próximos cuatro años.
Finalmente, Mazón ha asegurado que su departamento dará prioridad al
mantenimiento y potenciación del parque público de vivienda en alquiler; la
rehabilitación y regeneración urbana del parque de vivienda existente,
estableciendo para ello programas de ayudas propias, ,complementado y mejorando
las establecidas en el Plan Estatal; junto con las ayudas al alquiler, con el
objetivo de que el este pago no implique más del 30% de los ingresos de la
unidad familiar, para aquellas familias con menos recursos. Para ello, se
contará con ayudas directas a las familias, acuerdos con entidades financieras,
la Sareb y los dueños de viviendas vacías.
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