viernes, 28 de febrero de 2014

Torrelavega: USO denuncia que la Administración investiga el presunto fraude laboral y fiscal de los despidos de Solvay

La Sección Sindical de USO en Solvay ha denunciado hoy, en rueda de prensa, que la Administración General de Empleo y Seguridad Social está investigando los despidos improcedentes voluntariamente pactados para el ajuste de plantilla en el Complejo de Solvay Torrelavega.
El delegado de USO en Solvay, José Vía, que ha estado compañado por sus compañeros María Teresa Castañeda y José Manuel García Fraile, ha denunciado que el presunto fraude fiscal podría alcanzar los dos millones de euros, por lo que constituiría un delito (al superar los 150.000 euros).
Vía ha explicado que el pasado lunes 24, Solvay convocó a un representante de cada sindicato para informar de que el estudio jurídico encargado sobre la legalidad del sistema de prejubilaciones mediante el procedimiento de "despidos improcedentes" voluntarios previamente pactados aconseja desistir de los mismos y cambiarlos por "despidos objetivos", así como que todo despido tenga una indemnización mínima de 20 días.
Para USO, la solución anunciada por Solvay de sustituir los despidos improcedentes por despidos objetivos individuales es "una chapuza" que no resuelve el problema, porque, a su juicio, persiste el presunto fraude de ley laboral y fraude en la tributación fiscal, que causará "graves perjuicios para trabajadores y empresas".
En este sentido, Vía ha explicado que las salidas indemnizadas pactadas previamente en el Pacto de Aplicación del Convenio General de Químicas uponen una baja por voluntad del trabajador y pueden representar un fraude laboral por connivencia entre el trabajador y la empresa. Pero además constituye, en su opinión, un posible fraude fiscal por cuanto esas salidas indemnizadas se consideran --según jurisprudencia del Tribunal Supremo-- rentas del trabajo sujetas a tributación fiscal y no indemnización por despido exentas de tributación.
Por eso, USO ha venido advirtiendo que el sistema pactado por Solvay con UGT "bordeaba la legalidad y el fraude de ley, siendo a nuestro entender cuando menos alegal".
Vía opina que, con este procedimiento, Solvay "pretende conseguir un ajuste de plantilla con el menor coste para la empresa, dejando de ingresar en las arcas públicas una cuantía económica importante" correspondiente con el coste de la prestación por desempleo; el coste del convenio especial de cotización con la Seguridad Social; el coste de la llamada 'Enmienda Telefónica' por ser empresa con más de 100 trabajadores y tener beneficios económicos en los ejercicios anteriores; el coste económico del Plan Social; y la tributación fiscal por la prima de salida.
Al respecto, el sindicalista ha hablado de un presunto delito fiscal de más de dos millones de euros, teniendo en cuenta los 80 despidos por este procedimiento con sumas de entre 20.000 y 30.000 euros por trabajador.
Al hilo, el representante de USO ha insistido en que Solvay "carga las responsabilidades administrativa y fiscal a sus trabajadores que se acogen voluntariamente a las salidas indemnizadas, lo que les puede representar un coste económico individual muy importante por actuar al margen de la legalidad".
Para USO, defender los servicios públicos y las prestaciones sociales pasa "necesariamente" porque empresas como Solvay, "con cuantiosos beneficios", ingresen al Tesoro Público español las cuantías económicas que la legislación contempla, detrayendo las mismas de los "cuantiosos beneficios económicos que se reparten los accionistas de la multinacional Belga".
Por todo ello, el sindicato reclama a Solvay que "se pare los despidos en fraude de ley" y que se inicie la negociación de un acuerdo de jubilaciones ajustado a la legalidad, mediante un plan de rentas que mejore las condiciones económicas para los trabajadores y sobre todo con seguridad jurídica, eliminando el riesgo para trabajadores y empresa.

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