La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que considera “positivo desde todos los puntos de vista” el acuerdo del Gobierno de Cantabria y la Diputación de Guipúzcoa para que la provincia vasca pueda verter sus basuras en el vertedero de Meruelo.
El sindicato insta a firmar el acuerdo “cuanto antes” porque “para empezar, de lo que se habla es que los residuos que se recibirían son los denominados limpios, que no tienen carga orgánica y no requieren de ningún tratamiento, por lo que su impacto en la salud y en el medioambiente es nulo”.
FSP-UGT agrega que este acuerdo “va a suponer no sólo el mantenimiento de los actuales puestos de trabajo” en la empresa pública cántabra MARE (Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía), “sino que creará nuevos empleos para desarrollar sus encomiendas de gestión”.
“Recibir residuos limpios con un nulo impacto medioambiental y con ello consolidar el empleo y la estabilidad económica de MARE es positivo se mire por donde se mire”, reitera UGT, que agrega a los beneficios del acuerdo “el menor coste por tonelada de residuos a pagar por los ayuntamientos y las empresas de Cantabria y también un menor coste para las aportaciones de los ciudadanos en el tratamiento de sus residuos”.
El sindicato insta a firmar el acuerdo “cuanto antes” porque “para empezar, de lo que se habla es que los residuos que se recibirían son los denominados limpios, que no tienen carga orgánica y no requieren de ningún tratamiento, por lo que su impacto en la salud y en el medioambiente es nulo”.
FSP-UGT agrega que este acuerdo “va a suponer no sólo el mantenimiento de los actuales puestos de trabajo” en la empresa pública cántabra MARE (Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía), “sino que creará nuevos empleos para desarrollar sus encomiendas de gestión”.
“Recibir residuos limpios con un nulo impacto medioambiental y con ello consolidar el empleo y la estabilidad económica de MARE es positivo se mire por donde se mire”, reitera UGT, que agrega a los beneficios del acuerdo “el menor coste por tonelada de residuos a pagar por los ayuntamientos y las empresas de Cantabria y también un menor coste para las aportaciones de los ciudadanos en el tratamiento de sus residuos”.
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