El alcalde, José Manuel Cruz Viadero y el primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, han realizado esta mañana una valoración “positiva” del Pleno Ordinario celebrado en la tarde noche de ayer en Torrelavega.
Desde el equipo de gobierno, han afirmado estar “satisfechos” porque se ha conseguido “sacar todos los puntos” incluidos en el orden del día, muchos de ellos por unanimidad y también porque la mayoría de la Corporación (PP y Torrelavega Sí junto a PSOE y PRC) han avalado, con su voto en contra a la moción presentada por ACPT en la que se instaba al alcalde a desistir de la presentación del recurso ante la sentencia de Corporaciones Locales, la decisión del equipo de gobierno, a la vista de los informes municipales, de recurrir la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Santander en la que se estima la demanda presentada por siete de los ocho trabajadores que bajo el principio de igual trabajo-igual salario, reclamaban al Ayuntamiento la diferencia salarias de 3.381 euros en los seis meses que presentaron servicio como operario de limpieza viaria.
El alcalde, José Manuel Cruz Viadero, ha explicado que al equipo de gobierno le hubiera gustado no recurrir dicha sentencia pero que eso ha sido “imposible” debido al informe emitido por Intervención Municipal en el que se relaciona lo que supondría no apelar dicha sentencia.
El Ayuntamiento, ha insistido, está “obligado” a recurrir esta y las sentencias que producirse en el futuro porque no apelar, según dicho informe, supondría, entre otras cosas, “vulnerar la confianza legitima en las Instituciones, y los principios de igualdad y concurrencia respecto a los ciudadanos que, teniendo las condiciones para el acceso a estos puestos de trabajo, no se presentaron por la cuantía de salario ofrecido; dificultaría la defensa jurídica de otras reclamaciones de otros programas de fomento de empleo (ISES) y supondría incumplir el expediente tramitado de 'competencias impropias'".
Además, ha subrayado, la petición de ACPT de corregir la discriminación a los que han sido sometidos los trabajadores que hayan participado en algún programa de Corporaciones Local o ISES desde febrero de 2014", no se puede asumir porque, tal y como aparece en el informe, es "imposible judicialmente reconocer obligaciones prescritas" y hacerlo supondría "su nulidad además de posible prevaricación y malversación de fondos del órgano que adoptara el acuerdo".
Se añade en el informe, ha explicado el alcalde, que dicho acuerdo de producirse "exigiría a esta Intervención de Reparo y, por su gravedad, envío inmediatamente al Tribunal de Cuentas" así como un informe desfavorable del proyecto de presupuestos desde Intervención. A este respecto ha recordado que el coste económico para las arcas municipales de la moción de ACPT hubiese sido de 3,9 millones de euros.
Por su parte, el primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, ha hecho suyas las palabras del alcalde sobre los motivos que han llevado al equipo de gobierno a rechazar dicha moción y a recurrir la sentencia. “Hemos actuado con responsabilidad”, ha afirmado, “y en defensa de los intereses de todos los vecinos de Torrelavega”.
Efectos de la sentencia
Por otro lado, tanto Cruz Viadero como López Estrada han llamado la atención sobre los efectos que la sentencia va a tener sobre los desempleados del municipio y es que, han recordado, en el próximo proyecto de Corporaciones Locales presentado por el Ayuntamiento en vez de los 255 desempleados que se pretendían contratar, solo se podrán emplear a “no más de 70” con lo que ello supone para las cientos de familias que están atravesando una situación económica muy grave.
Desde el equipo de gobierno, han afirmado estar “satisfechos” porque se ha conseguido “sacar todos los puntos” incluidos en el orden del día, muchos de ellos por unanimidad y también porque la mayoría de la Corporación (PP y Torrelavega Sí junto a PSOE y PRC) han avalado, con su voto en contra a la moción presentada por ACPT en la que se instaba al alcalde a desistir de la presentación del recurso ante la sentencia de Corporaciones Locales, la decisión del equipo de gobierno, a la vista de los informes municipales, de recurrir la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Santander en la que se estima la demanda presentada por siete de los ocho trabajadores que bajo el principio de igual trabajo-igual salario, reclamaban al Ayuntamiento la diferencia salarias de 3.381 euros en los seis meses que presentaron servicio como operario de limpieza viaria.
El alcalde, José Manuel Cruz Viadero, ha explicado que al equipo de gobierno le hubiera gustado no recurrir dicha sentencia pero que eso ha sido “imposible” debido al informe emitido por Intervención Municipal en el que se relaciona lo que supondría no apelar dicha sentencia.
El Ayuntamiento, ha insistido, está “obligado” a recurrir esta y las sentencias que producirse en el futuro porque no apelar, según dicho informe, supondría, entre otras cosas, “vulnerar la confianza legitima en las Instituciones, y los principios de igualdad y concurrencia respecto a los ciudadanos que, teniendo las condiciones para el acceso a estos puestos de trabajo, no se presentaron por la cuantía de salario ofrecido; dificultaría la defensa jurídica de otras reclamaciones de otros programas de fomento de empleo (ISES) y supondría incumplir el expediente tramitado de 'competencias impropias'".
Además, ha subrayado, la petición de ACPT de corregir la discriminación a los que han sido sometidos los trabajadores que hayan participado en algún programa de Corporaciones Local o ISES desde febrero de 2014", no se puede asumir porque, tal y como aparece en el informe, es "imposible judicialmente reconocer obligaciones prescritas" y hacerlo supondría "su nulidad además de posible prevaricación y malversación de fondos del órgano que adoptara el acuerdo".
Se añade en el informe, ha explicado el alcalde, que dicho acuerdo de producirse "exigiría a esta Intervención de Reparo y, por su gravedad, envío inmediatamente al Tribunal de Cuentas" así como un informe desfavorable del proyecto de presupuestos desde Intervención. A este respecto ha recordado que el coste económico para las arcas municipales de la moción de ACPT hubiese sido de 3,9 millones de euros.
Por su parte, el primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, ha hecho suyas las palabras del alcalde sobre los motivos que han llevado al equipo de gobierno a rechazar dicha moción y a recurrir la sentencia. “Hemos actuado con responsabilidad”, ha afirmado, “y en defensa de los intereses de todos los vecinos de Torrelavega”.
Efectos de la sentencia
Por otro lado, tanto Cruz Viadero como López Estrada han llamado la atención sobre los efectos que la sentencia va a tener sobre los desempleados del municipio y es que, han recordado, en el próximo proyecto de Corporaciones Locales presentado por el Ayuntamiento en vez de los 255 desempleados que se pretendían contratar, solo se podrán emplear a “no más de 70” con lo que ello supone para las cientos de familias que están atravesando una situación económica muy grave.
Futuro incierto de la convocatoria de Corporaciones Locales
Asimismo, el alcalde ha mostrado sus dudas sobre el futuro de la convocatoria de Corporaciones Locales dado que, en vista de la sentencia, parece que “pierden sentido, que pierden la filosofía de fomento del empleo”. Esto, ha señalado, nos obliga a pensar si el próximo año el Ayuntamiento optará a dicha convocatoria o bien apuesta por otro tipo de contrataciones dentro de las posibilidades legales existentes.
Por último, tanto Cruz Viadero como López Estrada han insistido en que el equipo de gobierno y el Ayuntamiento está actuando “en defensa de los intereses de Torrelavega”, y han defendido “la buena fe” con la que actúo la Corporación anterior cuando aprobó el proyecto de Corporaciones Locales.
Asimismo, el alcalde ha mostrado sus dudas sobre el futuro de la convocatoria de Corporaciones Locales dado que, en vista de la sentencia, parece que “pierden sentido, que pierden la filosofía de fomento del empleo”. Esto, ha señalado, nos obliga a pensar si el próximo año el Ayuntamiento optará a dicha convocatoria o bien apuesta por otro tipo de contrataciones dentro de las posibilidades legales existentes.
Por último, tanto Cruz Viadero como López Estrada han insistido en que el equipo de gobierno y el Ayuntamiento está actuando “en defensa de los intereses de Torrelavega”, y han defendido “la buena fe” con la que actúo la Corporación anterior cuando aprobó el proyecto de Corporaciones Locales.
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