Los sindicatos de Tragsa en Cantabria denunciaron hoy que los despidos realizados por la empresa pública desde principios de este año “ya están mermando e incluso cuestionando algunos servicios prestados a distintas administraciones públicas en la región, incluido el del túnel subfluvial de Santoña, un contrato de 23 millones de euros en el que ahora sólo hay un oficial eventual recién contratado que hace 20 horas extraordinarias a la semana y sustituye a un oficial despedido”.
Así lo aseguró Emilia López-Dóriga, presidenta del comité de empresa de Tragsa en Cantabria y sindicalista de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, en coincidencia con la tercera jornada de huelga general convocada en la región contra los despidos de la empresa pública (más de 500 en toda España y seis en Cantabria), que ha sido secundada como en los dos días anteriores por un 85% de los trabajadores (92), un 95% entre los 70 trabajadores de la plantilla indefinida.
“Si con la plantilla que había antes de los despidos costaba sacar adelante algunos encargos, ahora todo es mucho más complicado”, agregó la presidenta del comité de empresa de Tragsa, sociedad pública que presta servicios a administraciones públicas en desarrollo rural, conservación del medio ambiente y actuaciones de emergencia.
Para López-Dóriga, “no es admisible que en Tragsa, que nunca ha tenido pérdidas económicas en Cantabria en sus 30 años de funcionamiento, se recorte la plantilla y se debilite su labor diaria porque, se quiera o no, estos despidos afectan de manera directa a la eficacia en las situaciones de emergencia, la coordinación en la lucha contra incendios forestales y el incumplimiento en los plazos de ejecución de algunos encargos”.
Así lo aseguró Emilia López-Dóriga, presidenta del comité de empresa de Tragsa en Cantabria y sindicalista de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, en coincidencia con la tercera jornada de huelga general convocada en la región contra los despidos de la empresa pública (más de 500 en toda España y seis en Cantabria), que ha sido secundada como en los dos días anteriores por un 85% de los trabajadores (92), un 95% entre los 70 trabajadores de la plantilla indefinida.
“Si con la plantilla que había antes de los despidos costaba sacar adelante algunos encargos, ahora todo es mucho más complicado”, agregó la presidenta del comité de empresa de Tragsa, sociedad pública que presta servicios a administraciones públicas en desarrollo rural, conservación del medio ambiente y actuaciones de emergencia.
Para López-Dóriga, “no es admisible que en Tragsa, que nunca ha tenido pérdidas económicas en Cantabria en sus 30 años de funcionamiento, se recorte la plantilla y se debilite su labor diaria porque, se quiera o no, estos despidos afectan de manera directa a la eficacia en las situaciones de emergencia, la coordinación en la lucha contra incendios forestales y el incumplimiento en los plazos de ejecución de algunos encargos”.
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