Y es que desde IU afirman que "sólo los consumidores en riesgo de exclusión social están accediendo al bono social" mientras que los que se agrupan en la categoría de "consumidor vulnerable o vulnerable severo" no están accediendo a este derecho.
A tenor de los datos en Cantabria, con una tasa de riesgo de pobreza de 24,6 por ciento, con un 7,5 por ciento de su población en situación de carencia material severa y un 16 por ciento con trabajos de baja intensidad, desde la formación de izquierdas creen necesario "una mayor implicación por parte del Ejecutivo regional" para hacer llegar a los trabajadores y las familias cántabras estas ayudas.
Así, destacan que entre los grupos que tienen derecho a este bono social se encuentran las familias numerosas, los hogares donde todos sus miembros que tengan ingresos son pensionistas, las víctimas de violencia de género o personas con alguna discapacidad, entre otros, y que el descuento en la factura eléctrica está entre el 25% y el 40%.
La coordinadora de IU en Cantabria, Leticia Martínez, insta al gobierno regional a informar a la ciudadanía de sus derechos mediante campañas publicitarias pero también a través de las entidades locales, "que es donde mejor se conoce la situación y la atención es más cercana".
"La aprobación del bono social con sus distintas categorías sólo está llegando a las personas en riesgo de exclusión mientras que otros colectivos también vulnerables y con derecho a esta prestación no están beneficiándose porque no se les está informado de ello", asegura Martínez.
Además, desde IU hacen un llamamiento a las autoridades competentes a que "no se limiten a paliar las consecuencias sino que actúen sobre las causas", que a su juicio están en "el monopolio y la falta de control de las grandes compañías eléctricas que suben y suben la factura mientras no lo hacen los ingresos y las condiciones de vida de los trabajadores".
Martínez apunta que "la única solución" para asegurar el suministro eléctrico a las familias es que "se garantice desde el ente público a través de la nacionalización del sector aplicando el artículo 128.1 de la Constitución ("Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general“)".
"Nacionalizar es incorporar al patrimonio del Estado las riquezas que le pertenecen; los ríos, el sol o los minerales de nuestro país no son recursos que pertenezcan a unos pocos, sino que nos pertenecen a todos y, por tanto, deben responder al interés general", explica la máxima responsable de IU.
Por ello, defienden, "es necesario que la riqueza del país sea gestionada desde el control público para así poder dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos".
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