El Grupo Popular presentó cuatro enmiendas a los presupuestos de Cantabria -una en el articulado de la ley y las otras tres en los departamentos de Función Pública, ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) y SCS (Servicio Cántabro de Salud)- para que se recogiera la posibilidad en el año 2018 de conceder anticipos de nómina al personal al servicio de la Administración tanto general como institucional. Este método, que fue eliminado en el año 2009 por el anterior bipartito PRC-PSOE en Cantabria, consiste en adelantar la nómina que los empleados requieran y que luego lo vayan devolviendo mes a mes con su propia nómina.
“Las enmiendas fueron aprobadas por todos los grupos de la oposición, pero decayeron por el voto en contra tanto de PRC como de PSOE y el diputado tránsfuga, que una vez más se alineó con el Gobierno para echar abajo una propuesta buena para los empleados públicos”, ha recordado Isabel Urrutia.
Según la diputada del PP, “los anticipos a nómina de los empleados públicos no son una cuestión de dinero, ni de crédito ni de coste de masa salarial, sino una cuestión de gestión y de voluntad política que es precisamente lo que le falta a este Gobierno”. Y señala que otras administraciones lo están haciendo, como la Administración General del Estado o las entidades locales, u otros gobiernos autonómicos como el de Navarra o Castilla la Mancha, entre otros, “y debieran saberlo tanto PRC como PSOE antes de hacer aseveraciones tan a la ligera como las que hicieron en el Parlamento”.
A este respecto, ha calificado de sorprendentes las explicaciones de regionalistas y socialistas para echar abajo la propuesta del PP. Por una lado, la portavoz del PSOE dijo no querer convertir a la consejería de Presidencia en un banco y que esa era la pretensión del PP, y, por otro, la portavoz del PRC dijo que era algo prohibido en el conjunto de las administraciones, cuando ella, como miembro de la Mesa del Parlamento de Cantabria, otorga anticipos a nómina de los empleados públicos de esta institución.
“Desde el PP ni queremos convertir a la consejería en un banco ni queremos que el Gobierno de Cantabria cometa ninguna ilegalidad, hemos pedido lo que se puede hacer, porque ya se está haciendo, pero el bipartito PRC-PSOE no quiere por falta de voluntad política y de gestión”, ha sentenciado.
“Queremos que el Ejecutivo autonómico regule este derecho de los trabajadores también para los empleados públicos, que determine las condiciones, tanto de los anticipos reintegrables como de los haberes devengados, y que comience a concederlos en el año 2018. Nos parece que negarse a hacerlo solo responde a la cerrazón de decir que no a todo lo que venga de la oposición, ahora que ya tienen asegurada la gobernabilidad con el apoyo de un tránsfuga”, concluyó.
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