El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión semanal el Proyecto de Ley de Extinción de la Cámara Agraria de Cantabria y su remisión al Parlamento regional para que sea debatido y, en su caso, aprobado por los grupos parlamentarios.
De esta forma y al igual que han hecho ya otras comunidades autónomas como Asturias, Baleares, La Rioja, País Vasco, Murcia y Canarias, el Ejecutivo cántabro ha decidido prescindir de este órgano cuyas funciones de colaboración, consulta y asesoramiento han decaído en los últimos años en beneficio de la labor representativa que ejercen directamente las organizaciones profesionales agrarias y por la creación de foros institucionalizados de participación más adecuados para cumplir esos fines.
El Gobierno ampara su decisión en la ley 18/2005, de 30 de septiembre, que suprimió la obligación legal de mantener la existencia de una cámara agraria en cada provincia y dejó en manos de las comunidades autónomas la continuidad de estos órganos.
La Cámara Agraria de Cantabria, bajo la tutela de la actual Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, se creó a partir de la aprobación de la Ley de Cantabria 3/1998, de 2 de marzo, y con ella se extinguieron las diferentes cámaras agrarias locales existentes hasta entonces en la Comunidad.
La institución nació con el fin de actuar como entidad de consulta y colaboración con la Administración autonómica y con el resto de administraciones públicas, emitiendo informes o estudios en el ámbito agrario, función ésta que de facto ya no ejerce en la actualidad.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la prórroga, por segunda vez, del convenio por el que la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia y Justicia, traslada al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
El Ejecutivo autonómico decidió llevar a cabo este convenio a finales de 2015 y lo va renovando año a año. En 2017, concretamente hasta el pasado mes de noviembre, se han presentado un total de 40 reclamaciones, lo que supone un gasto de 5.705,56 euros. De todas ellas, 36 corresponden a la administración local, dos a otras entidades y otras dos a la autonómica
De esta forma y al igual que han hecho ya otras comunidades autónomas como Asturias, Baleares, La Rioja, País Vasco, Murcia y Canarias, el Ejecutivo cántabro ha decidido prescindir de este órgano cuyas funciones de colaboración, consulta y asesoramiento han decaído en los últimos años en beneficio de la labor representativa que ejercen directamente las organizaciones profesionales agrarias y por la creación de foros institucionalizados de participación más adecuados para cumplir esos fines.
El Gobierno ampara su decisión en la ley 18/2005, de 30 de septiembre, que suprimió la obligación legal de mantener la existencia de una cámara agraria en cada provincia y dejó en manos de las comunidades autónomas la continuidad de estos órganos.
La Cámara Agraria de Cantabria, bajo la tutela de la actual Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, se creó a partir de la aprobación de la Ley de Cantabria 3/1998, de 2 de marzo, y con ella se extinguieron las diferentes cámaras agrarias locales existentes hasta entonces en la Comunidad.
La institución nació con el fin de actuar como entidad de consulta y colaboración con la Administración autonómica y con el resto de administraciones públicas, emitiendo informes o estudios en el ámbito agrario, función ésta que de facto ya no ejerce en la actualidad.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la prórroga, por segunda vez, del convenio por el que la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia y Justicia, traslada al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
El Ejecutivo autonómico decidió llevar a cabo este convenio a finales de 2015 y lo va renovando año a año. En 2017, concretamente hasta el pasado mes de noviembre, se han presentado un total de 40 reclamaciones, lo que supone un gasto de 5.705,56 euros. De todas ellas, 36 corresponden a la administración local, dos a otras entidades y otras dos a la autonómica
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