El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación de la gestión de la Junta de Novales como consecuencia de la queja presentada por los vocales regionalistas Ignacio Javier Abril y Héctor Íñigo Gutiérrez, quienes continúa con su labor de “fiscalización” del pedáneo, el ‘popular’ Antonio Rodríguez Diego.
Esta investigación se suma a la abierta por la Fiscalía por la denuncia presentada por los regionalistas el pasado mes de abril por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos y caudales públicos, que se habrían cometido desde 2011 hasta mayo de 2015.
Los regionalistas enviaron la queja al Defensor del Pueblo el pasado 17 de agosto y han recibido la notificación de que “procede admitirla a trámite”, con fecha 8 de septiembre.
Los representantes regionalistas presentan la queja “por infracción del derecho de información de los vocales de la oposición”.
En este sentido, exponen que se les convoca a los plenos “sin respetar, en muchos casos”, los plazos establecidos, pero “siempre sin acceso a los expedientes ni a la documentación” de los temas que se van a tratar en el Orden del Día.
Igualmente, argumentan que Rodríguez Diego “ha instituido la costumbre de disponer de fondos públicos sin ningún tipo de control”. Y añaden que “el problema se agrava” porque la Secretaria “se niega a entregarnos o exhibirnos expedientes y documentos solicitados por escrito” o “impide que consultemos cualquier antecedente de los asuntos a tratar en los plenos”, según ha indicado “por orden del alcalde”.
Para los regionalistas, la apertura de ambas investigaciones pone de manifiesto que “nuestras sospechas no van mal encaminadas”, por lo que han incidido en que continuarán trabajando de “la misma manera, para evitar malos procederes” en la Junta.
Al respecto, han recordado que esta labor les ha permitido poner en manos del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía “unos hechos muy graves” que pueden suponer “la comisión de un delito” y “una ilegalidad grosera”.
Así, han apuntado reiterados pagos directos sin justificación ni expediente que el propio Antonio Rodríguez se habría hecho a sí mismo; además habría recibido diferentes importes a través de una supuesta comisión de festejos y de la Asociación Nacelagua; la aprobación de pagos a terceros, sin expedientes de contratación; y la contratación irregular de trabajadores en 2012.
Los representantes regionalistas han subrayado que el “modus operanti” de Rodríguez Diego “continúa”, por lo que han mostrado su preocupación porque en el libro de cuentas “no consta la existencia de ningún asiento económico, desde mayo de 2015 hasta ahora”.
Por todo ello, han confiado en que tanto la investigación del Defensor del Pueblo como de la Fiscalía contribuya a esclarecer los hechos.
Esta investigación se suma a la abierta por la Fiscalía por la denuncia presentada por los regionalistas el pasado mes de abril por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos y caudales públicos, que se habrían cometido desde 2011 hasta mayo de 2015.
Los regionalistas enviaron la queja al Defensor del Pueblo el pasado 17 de agosto y han recibido la notificación de que “procede admitirla a trámite”, con fecha 8 de septiembre.
Los representantes regionalistas presentan la queja “por infracción del derecho de información de los vocales de la oposición”.
En este sentido, exponen que se les convoca a los plenos “sin respetar, en muchos casos”, los plazos establecidos, pero “siempre sin acceso a los expedientes ni a la documentación” de los temas que se van a tratar en el Orden del Día.
Igualmente, argumentan que Rodríguez Diego “ha instituido la costumbre de disponer de fondos públicos sin ningún tipo de control”. Y añaden que “el problema se agrava” porque la Secretaria “se niega a entregarnos o exhibirnos expedientes y documentos solicitados por escrito” o “impide que consultemos cualquier antecedente de los asuntos a tratar en los plenos”, según ha indicado “por orden del alcalde”.
Para los regionalistas, la apertura de ambas investigaciones pone de manifiesto que “nuestras sospechas no van mal encaminadas”, por lo que han incidido en que continuarán trabajando de “la misma manera, para evitar malos procederes” en la Junta.
Al respecto, han recordado que esta labor les ha permitido poner en manos del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía “unos hechos muy graves” que pueden suponer “la comisión de un delito” y “una ilegalidad grosera”.
Así, han apuntado reiterados pagos directos sin justificación ni expediente que el propio Antonio Rodríguez se habría hecho a sí mismo; además habría recibido diferentes importes a través de una supuesta comisión de festejos y de la Asociación Nacelagua; la aprobación de pagos a terceros, sin expedientes de contratación; y la contratación irregular de trabajadores en 2012.
Los representantes regionalistas han subrayado que el “modus operanti” de Rodríguez Diego “continúa”, por lo que han mostrado su preocupación porque en el libro de cuentas “no consta la existencia de ningún asiento económico, desde mayo de 2015 hasta ahora”.
Por todo ello, han confiado en que tanto la investigación del Defensor del Pueblo como de la Fiscalía contribuya a esclarecer los hechos.
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