jueves, 23 de junio de 2016

Torrelavega: La alcaldesa de Cabezón ordena una investigación interna sobre un gasto de 1.690.000 € en el mandato anterior, del que se ha perdido el rastro


La alcaldesa de Cabezón de la Sal, Isabel Fernández Gutiérrez (PSOE), ha denunciado hoy, en rueda de prensa, “la pérdida del rastro de un gasto de 1.690.000 euros de las arcas municipales”. 
La regidora, ha solicitado además ayuda a las correspondientes instituciones estatales, como el Tribunal de Cuentas, “para que me ayuden a esclarecer los hechos”. 
Según ha explicado la regidora, el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal está siendo fiscalizado por el citado tribunal debido a “graves irregularidades contables en la rendición de cuentas del ejercicio 2013”, periodo en que la alcaldesa era Esther Merino (PP).
La fiscalización atañe a un gasto realizado sin consignación presupuestaria. Un gasto que asciende a 1,69 millones de euros “sobre un presupuesto que no alcanzaba los 5 millones”, ha explicado Isabel Fernández, añadiendo que el Tribunal de Cuentas ha efectuado ya dos requerimientos desde entonces, uno de ellos dirigido a la anterior alcaldesa Esther Merino, “cuya justificación no ha sido dada por válida”. Este año se ha vuelto a efectuar el requerimiento. 
La actual alcaldesa ha calificado el hecho de “muy grave”, mostrando su extrañeza porque la anterior alcaldesa, “con todos los servicios técnicos a su disposición, no pueda aclarar una situación como esta”.
La actual alcaldesa, al recibir el nuevo requerimiento y solicitar los informes técnicos de Intervención y Tesorería municipales, ha recibido como respuesta de los mismos que “no existe ninguna operación contable que responda al importe de 1.600.000 euros por un lado, y otros cinco expedientes por otro lado, que suman un total de 90.000 euros”, con lo que dicha documentación, junto con los posibles reparos técnicos aportados en su momento, no se pueden aportar al Tribunal de Cuentas. A la vista de los hechos, Isabel Fernández se ha puesto a disposición del Tribunal de Cuentas, para poder esclarecer lo sucedido e iniciar una investigación.
Ha insistido la actual alcaldesa en que “no se trata de una denuncia política, dirigida hacia una gestión que nos guste más o menos; lo que yo exijo es la depuración de responsabilidades políticas y administrativas de algo tan oscuro como la imposibilidad de justificar el fin del dinero público en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, cuando se pierde el rastro de 1.690.000 euros en el año 2013, siendo alcaldesa Esther Merino, del PP, actual candidata al senado por este partido”.
Ha recordado Fernández que si el Ayuntamiento no justifica debidamente este gasto, podrían derivarse “gravísimas responsabilidades contables e incluso por de carácter penal, porque al parecer se trata de un gasto no consignado en presupuesto y sin embargo está autorizado un gasto por ese dinero”. La misma situación ocurre con los otros cinco expedientes, de los que no consta documentación ni cantidad específica, que sumados ascienden a 90.000 euros.
Isabel Fernández, actual alcaldesa, asegura haber revisado todas las actas de los plenos en los cuatro años anteriores, lo cual unido a que no aparece ningún reparo de Intervención le lleva a deducir que “la documentación ha desaparecido del Ayuntamiento”.
Ante la falta de la documentación indispensable, como los reparos formulados por el interventor en aquella fecha, que ya no presta sus servicios en el Ayuntamiento de Cabezón, Isabel Fernández considera que “lo único que me queda es denunciar públicamente que esto está sucediendo para que quede claro que no tengo nada que ver en este asunto, una fiscalización del año 2013 en el que yo estaba en la oposición”.
En este sentido ha comentado que en 2012 el grupo municipal socialista denunció políticamente que “se estaba presupuestando 1,5 millones de euros por debajo de lo que se recaudaba”. Ante la imposibilidad de realizar la justificación que sigue reclamando el Tribunal de Cuentas, Fernández ha solicitado públicamente que organismos estatales como el propio Tribunal de Cuentas o Intervención General del Estado abran una investigación exhaustiva “para esclarecer los hechos”. 
Se da la circunstancia de que el entonces interventor municipal dejó su cargo en Cabezón en junio de 2014, un mes después de que la alcaldesa Esther Merino recibiera el primer requerimiento del Tribunal de Cuentas. Tampoco existe constancia en Tesorería Municipal, ha señalado Fernández sobre a qué fin se haya destinado ese gasto “indocumentado”, en el caso de que se hubiera ejecutado. Una situación, en definitiva que ha calificado como “difícil de creer”.

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