El nuevo plan laboral que Sniace planteó hoy al comité introduce cambios sustanciales sobre el documento aprobado por las partes en octubre de 2014 y supone una modificación drástica y mucho peor de lo pactado y que va mucho más allá de lo que la empresa avanzó al comité en la última reunión.
Lo de "acortar los plazos" que "vendió" la dirección de Sniace al comité se ha convertido en un endurecimiento de las condiciones de trabajo que deben aceptar los trabajadores y los plazos se retrasan pues la fecha tope de la entrada al trabajo de la totalidad de los 326 operarios se fija para el 30 de junio de 2017, lo que obligaría a firmar un ERE de suspensión en el caso de que el Tribunal Supremo acepte de casi cuatro años..
La segunda modificación importante que también sufrirá un retraso es la relativa a la aplicación de las prejubilaciones previstas. Los 65 trabajadores mayores de 58 años que están en este grupo (inicialmente eran 110 pero 45 se han visto forzados a jubilarse perdiendo dinero) iniciarán el proceso una vez que se firme el acuerdo.
La empresa incluye ahora un periodo de 90 días hábiles (alrededor de cuatro meses y medio) como plazo máximo de tramitación de las pólizas, un plazo que antes no existía y además, añade la posibilidad de prorrogarlo y vuelve a aludir como causa de esta prórroga a las condiciones suspensivas del acuerdo, como la recalificación de terrenos no industriales y el mantenimiento delo precio de la celulosa en el mercado internacional.
El mantenimiento del salario social de 800 euros para los trabajadores que no se integren en un primer momento a Sniace que exigió el comité de Sniace a la dirección también cambia en el nuevo documento. Desaparece la cantidad de 800 euros y establece una cantidad fija que no especifica que se repartirá a partes iguales entre los trabajadores que deban percibirla y que el comité cree que será como mucho de 400 euros.
Para el comité, lo que propone la dirección de Sniace es dramático y supone un endurecimiento general de las condiciones pactadas, con un resultado muy grave para los trabajadores.
A su juicio lo que les vendieron como "acortar plazos" significa mermar aún más las condiciones laborales y plantear cuestiones inaceptables, caso de la desaparición de los 800 euros del pactado salario social o retrasar hasta junio de 2017 la apertura de Viscocel.
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