El Gobierno de Cantabria ha publicado en el portal de transparencia www.transparencia.cantabria.es el proyecto de Decreto por el que se regulan las viviendas de uso turístico en el ámbito de la Comunidad Autónoma, con el fin de facilitar su consulta pública y recabar las opiniones y alegaciones de los particulares, entidades y asociaciones potencialmente afectados por la futura norma.
El aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado para el turismo y la proliferación de este tipo de alquiler vacacional, ha llevado a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio a actuar con el fin de dotar de un régimen jurídico propio a esta nueva modalidad de alojamiento, con el objeto de acabar con el limbo legal en el que se encuentran en la actualidad, tras la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos por parte del Gobierno de España, que en 2013 excluyó expresamente el fin turístico de los alquileres.
La nueva normativa pretende luchar contra el intrusismo, además de garantizar la seguridad ciudadana y establecer unas mínimas garantías para los usuarios de las viviendas y pisos turísticos que se ofertan como tales sin estar sujetos a ninguna reglamentación o registro de actividad turística.
El decreto persigue, finalmente, establecer un censo de viviendas de uso turístico para eliminar la competencia desleal. De esta forma, se regulará en el ámbito territorial de Cantabria la actividad de alojamiento turístico en las modalidades de uso turístico, de cesión completa o compartida, así como los derechos y obligaciones de los usuarios de las mismas.
El consejero de Turismo, Francisco Martín, ha declarado que la regulación de esta actividad es un "paso importante" que garantiza "la ordenación y el control en el sector turístico regional" y atiende "la preocupación existente en materia de seguridad ciudadana que se esconde bajo este tipo de alojamientos".
Martín ha recordado que el control de la actividad ilegal es un problema extendido y, en este sentido, ha señalado que, como ya han empezado a hacer en otras Comunidad Autónomas, Cantabria "también ha querido actuar en este campo y establecer un control que garantice que las reglas del juego sean iguales para todo el sector turístico".
El plazo para presentar alegaciones y valoraciones al borrador del Decreto termina el 12 de septiembre. El texto completo se puede consultar en la Dirección General de Turismo y en el portal de transparencia del Gobierno de Cantabria www.transparencia.cantabria.es
Martín ha recordado que de forma paralela a la preparación y redacción del Decreto, la Dirección General de Turismo viene trabajando desde hace meses en la lucha contra las viviendas y pisos vacacionales ilegales.
Además de atender las denuncias presentadas por las asociaciones de Turismo de la región y actuar en consecuencia en la inspección de los establecimientos denunciados, el pasado mes de junio, la Consejería envió más de un centenar de cartas a portales de reservas, turísticos y de anuncios, así como a prensa y otras empresas similares, advirtiendo que solo se pueden publicitar en los mismos aquellos establecimientos que tengan número de inscripción asignado en el registro general de empresas turísticas. En caso contrario, estos portales o centrales de reserva serán responsables solidarios de una infracción y la multa que lleva aparejada (entre los 6.001 y 30.000 euros) será dirigida tanto al soporte anunciante como a los propietarios de las viviendas.
El aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado para el turismo y la proliferación de este tipo de alquiler vacacional, ha llevado a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio a actuar con el fin de dotar de un régimen jurídico propio a esta nueva modalidad de alojamiento, con el objeto de acabar con el limbo legal en el que se encuentran en la actualidad, tras la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos por parte del Gobierno de España, que en 2013 excluyó expresamente el fin turístico de los alquileres.
La nueva normativa pretende luchar contra el intrusismo, además de garantizar la seguridad ciudadana y establecer unas mínimas garantías para los usuarios de las viviendas y pisos turísticos que se ofertan como tales sin estar sujetos a ninguna reglamentación o registro de actividad turística.
El decreto persigue, finalmente, establecer un censo de viviendas de uso turístico para eliminar la competencia desleal. De esta forma, se regulará en el ámbito territorial de Cantabria la actividad de alojamiento turístico en las modalidades de uso turístico, de cesión completa o compartida, así como los derechos y obligaciones de los usuarios de las mismas.
El consejero de Turismo, Francisco Martín, ha declarado que la regulación de esta actividad es un "paso importante" que garantiza "la ordenación y el control en el sector turístico regional" y atiende "la preocupación existente en materia de seguridad ciudadana que se esconde bajo este tipo de alojamientos".
Martín ha recordado que el control de la actividad ilegal es un problema extendido y, en este sentido, ha señalado que, como ya han empezado a hacer en otras Comunidad Autónomas, Cantabria "también ha querido actuar en este campo y establecer un control que garantice que las reglas del juego sean iguales para todo el sector turístico".
El plazo para presentar alegaciones y valoraciones al borrador del Decreto termina el 12 de septiembre. El texto completo se puede consultar en la Dirección General de Turismo y en el portal de transparencia del Gobierno de Cantabria www.transparencia.cantabria.es
Martín ha recordado que de forma paralela a la preparación y redacción del Decreto, la Dirección General de Turismo viene trabajando desde hace meses en la lucha contra las viviendas y pisos vacacionales ilegales.
Además de atender las denuncias presentadas por las asociaciones de Turismo de la región y actuar en consecuencia en la inspección de los establecimientos denunciados, el pasado mes de junio, la Consejería envió más de un centenar de cartas a portales de reservas, turísticos y de anuncios, así como a prensa y otras empresas similares, advirtiendo que solo se pueden publicitar en los mismos aquellos establecimientos que tengan número de inscripción asignado en el registro general de empresas turísticas. En caso contrario, estos portales o centrales de reserva serán responsables solidarios de una infracción y la multa que lleva aparejada (entre los 6.001 y 30.000 euros) será dirigida tanto al soporte anunciante como a los propietarios de las viviendas.
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