Izquierda Unida ha denunciado la utilización de glifosato por parte del Ayuntamiento de Reocín en las orillas del río Saja, "por ser considerado por la Organización Mundial de la Salud como 'probablemente carcinogéno para los humanos' (grupo de substancias 2A de la IARC-Organización Internacional de Investigación sobre el Cáncer-).
La formación pide al Ayuntamiento de Reocín que cese en su utilización porque pone en peligro la salud y contamina aguas y espacios naturales y critica que las orillas del río, a su paso por Puente San Miguel, hayan sido rociadas con Roundup, herbicida que está empezando a prohibirse por tener glifosato en su composición.
El glifosato es un compuesto químico utilizado desde 1974 para la eliminación de las malas hierbas tanto en zonas agrícolas como en entornos urbanos. Su uso se ha extendido por su bajo coste, y en la actualidad es uno de los herbicidas más utilizados tanto para uso agrícola como por las administraciones públicas para tratar zonas donde la vegetación debe ser controlada, como cunetas, parques o jardines. Numerosos informes demuestran la peligrosidad y toxicidad de este producto para el medio ambiente, la fauna y el ser humano. El último y más contundente de estos estudios ha sido el realizo por la IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) dependiente de la OMS, en marzo de 2015, donde alerta de los peligros que conlleva la utilización de este compuesto, ya que lo clasifica como agente posiblemente cancerígeno en seres humanos.
Aunque la Unión Europea permite todavía su uso, muchos son los países que se están posicionando en contra de que se renueve esta licencia (Francia, Italia, Suecia o los Países Bajos) y en España, un número creciente de diputaciones y municipios están limitando o erradicando el uso de herbicidas en general y de glifosato en particular, debido a los impactos sobre la salud y el medio ambiente de estas sustancias.
"A mediados de 2016 se dio un plazo de 18 meses (expira en diciembre de 2017) dentro de la UE para decidir si se prohíbe o no", advierten desde la formación, quienes apelan a la responsabilidad de la Administración ya que "hay alternativas para tratar las malas hierbas".
Desde IU consideran que los Ayuntamientos "deben desarrollar proyectos y acciones seguros para la salud pública y exigir a las empresas concesionarias del mantenimiento de Parques y Jardines que dejen de utilizar compuestos de este tipo en los trabajos de eliminación de vegetación y que dichos trabajos se realicen "con métodos menos perjudiciales.
La formación pide al Ayuntamiento de Reocín que cese en su utilización porque pone en peligro la salud y contamina aguas y espacios naturales y critica que las orillas del río, a su paso por Puente San Miguel, hayan sido rociadas con Roundup, herbicida que está empezando a prohibirse por tener glifosato en su composición.
El glifosato es un compuesto químico utilizado desde 1974 para la eliminación de las malas hierbas tanto en zonas agrícolas como en entornos urbanos. Su uso se ha extendido por su bajo coste, y en la actualidad es uno de los herbicidas más utilizados tanto para uso agrícola como por las administraciones públicas para tratar zonas donde la vegetación debe ser controlada, como cunetas, parques o jardines. Numerosos informes demuestran la peligrosidad y toxicidad de este producto para el medio ambiente, la fauna y el ser humano. El último y más contundente de estos estudios ha sido el realizo por la IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) dependiente de la OMS, en marzo de 2015, donde alerta de los peligros que conlleva la utilización de este compuesto, ya que lo clasifica como agente posiblemente cancerígeno en seres humanos.
Aunque la Unión Europea permite todavía su uso, muchos son los países que se están posicionando en contra de que se renueve esta licencia (Francia, Italia, Suecia o los Países Bajos) y en España, un número creciente de diputaciones y municipios están limitando o erradicando el uso de herbicidas en general y de glifosato en particular, debido a los impactos sobre la salud y el medio ambiente de estas sustancias.
"A mediados de 2016 se dio un plazo de 18 meses (expira en diciembre de 2017) dentro de la UE para decidir si se prohíbe o no", advierten desde la formación, quienes apelan a la responsabilidad de la Administración ya que "hay alternativas para tratar las malas hierbas".
Desde IU consideran que los Ayuntamientos "deben desarrollar proyectos y acciones seguros para la salud pública y exigir a las empresas concesionarias del mantenimiento de Parques y Jardines que dejen de utilizar compuestos de este tipo en los trabajos de eliminación de vegetación y que dichos trabajos se realicen "con métodos menos perjudiciales.
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