El Gobierno de Cantabria no abrirá los comedores escolares en verano porque no ha detectado un problema de desnutrición infantil en la Comunidad Autónoma y porque dispone ya de otros recursos para cubrir las necesidades básicas de los menores, sin necesidad de recurrir a una medida que señala y etiqueta al niño.
Los pediatras del Servicio Cántabro de Salud no han constatado que se haya producido un aumento de casos de desnutrición infantil provocado por falta de recursos, si bien en el caso de que detectaran un caso puntual lo remitirían inmediatamente al Instituto Cántabro de Servicios Sociales, que, a través del Servicio del Menor, tiene atribuidas las competencias de protección de la infancia.
Además, los servicios sociales de Atención Primaria, dependientes de los ayuntamientos, disponen de un fondo específico del Gobierno de Cantabria dotado con un millón de euros a través del Plan Concertado para programas especiales de servicios sociales, cuyo destino deciden en función de las necesidades de la población de su municipio. Son los trabajadores sociales de los municipios los que determinan las necesidades de cada municipio y, en ningún caso, han comunicado al Gobierno de Cantabria la necesidad de abrir los comedores escolares.
Además, el Gobierno de Cantabria ha consignado en el presupuesto de 2014 un fondo extraordinario de 500.000 euros para atender las necesidades básicas de familias en situación de dificultad que será gestionado por las entidades sociales Coorcopar, Banco de Alimentos, Cocina Económica y Cruz Roja.
El Ejecutivo habilitó este fondo en 2014 en respuesta a la situación de dificultad de familias desfavorecidas y para apoyar a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en este ámbito.
Se trata de un fondo destinado a atender necesidades básicas que es complementario de las políticas de protección social del Gobierno de Cantabria, que en dos años ha duplicado la consignación para la Renta Social Básica y las ayudas de emergencia.
Son las entidades sociales en colaboración con el Gobierno las que se encargan desde hace años de garantizar que se cubren las necesidades básicas de las familias, de forma que el ciudadano recibe directamente el recurso de manera normalizada y anónima, sin etiquetar a los menores y a sus familias.
Los pediatras del Servicio Cántabro de Salud no han constatado que se haya producido un aumento de casos de desnutrición infantil provocado por falta de recursos, si bien en el caso de que detectaran un caso puntual lo remitirían inmediatamente al Instituto Cántabro de Servicios Sociales, que, a través del Servicio del Menor, tiene atribuidas las competencias de protección de la infancia.
Además, los servicios sociales de Atención Primaria, dependientes de los ayuntamientos, disponen de un fondo específico del Gobierno de Cantabria dotado con un millón de euros a través del Plan Concertado para programas especiales de servicios sociales, cuyo destino deciden en función de las necesidades de la población de su municipio. Son los trabajadores sociales de los municipios los que determinan las necesidades de cada municipio y, en ningún caso, han comunicado al Gobierno de Cantabria la necesidad de abrir los comedores escolares.
Además, el Gobierno de Cantabria ha consignado en el presupuesto de 2014 un fondo extraordinario de 500.000 euros para atender las necesidades básicas de familias en situación de dificultad que será gestionado por las entidades sociales Coorcopar, Banco de Alimentos, Cocina Económica y Cruz Roja.
El Ejecutivo habilitó este fondo en 2014 en respuesta a la situación de dificultad de familias desfavorecidas y para apoyar a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en este ámbito.
Se trata de un fondo destinado a atender necesidades básicas que es complementario de las políticas de protección social del Gobierno de Cantabria, que en dos años ha duplicado la consignación para la Renta Social Básica y las ayudas de emergencia.
Son las entidades sociales en colaboración con el Gobierno las que se encargan desde hace años de garantizar que se cubren las necesidades básicas de las familias, de forma que el ciudadano recibe directamente el recurso de manera normalizada y anónima, sin etiquetar a los menores y a sus familias.
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