La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria ha convocado la VIII edición de los Premios de Investigación del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC), que reconocen los estudios e iniciativas que mejoren el servicio y el funcionamiento de la Administración Pública de Cantabria.
El Ejecutivo regional quiere así posibilitar la apertura de nuevas líneas de investigación en el ámbito de las administraciones públicas y de la función pública, así como la promoción y puesta en valor del papel de estas organizaciones en nuestra Comunidad.
Según recoge el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en el día de hoy, se convocan dos modalidades de los premios: la primera para personas a título individual o equipos de trabajo externos a las administraciones públicas de nacionalidad española o de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, y una segunda, dirigida a empleados públicos, en equipo o individualmente.
Los premios contarán con una dotación máxima de 12.000 euros. En cada modalidad se prevé un premio máximo de 5.000 euros y se podrá otorgar accésit, por valor de 1.000 euros.
Tras su supresión en 2011, el Gobierno autonómico ha recuperado durante la presente legislatura este certamen con el objetivo de facilitar e impulsar los estudios e iniciativas que mejoren el servicio y el funcionamiento de la Administración Pública de Cantabria.
En la pasada edición, José Vicente Mediavilla Cabo y Manuel Francisco Rodríguez Maseda obtuvieron los galardones con sendos trabajos relacionados con la ordenación territorial, el primero, y sobre la dirección estratégica en las administraciones públicas, en el segundo caso.
El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha defendido la "rentabilidad práctica" de los premios de investigación en el entorno de la Administración Pública Autonómica y más en momentos de "cambios" como el que viven las organizaciones en la actualidad, con "profundas" modificaciones normativas y cambios tecnológicos que afectan al trabajo diario. "Para una adecuada prestación de los servicios públicos es necesaria la reflexión teórica y práctica" de los expertos para tomar decisiones adecuadas", ha subrayado De la Sierra.
El plazo para la presentación de los trabajos de estudio e investigación será de tres meses. A la hora de evaluar las obras presentadas, el jurado de los premios valorará el interés y el carácter innovador del contenido, así como su coincidencia con los temas prioritarios del certamen; la calidad científico-técnica, coherencia y rigor en el análisis y en la formulación de conclusiones; la repercusión e incidencia de los resultados obtenidos en la práctica administrativa, junto a la corrección y claridad de la expresión escrita.
El Ejecutivo regional quiere así posibilitar la apertura de nuevas líneas de investigación en el ámbito de las administraciones públicas y de la función pública, así como la promoción y puesta en valor del papel de estas organizaciones en nuestra Comunidad.
Según recoge el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en el día de hoy, se convocan dos modalidades de los premios: la primera para personas a título individual o equipos de trabajo externos a las administraciones públicas de nacionalidad española o de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, y una segunda, dirigida a empleados públicos, en equipo o individualmente.
Los premios contarán con una dotación máxima de 12.000 euros. En cada modalidad se prevé un premio máximo de 5.000 euros y se podrá otorgar accésit, por valor de 1.000 euros.
Tras su supresión en 2011, el Gobierno autonómico ha recuperado durante la presente legislatura este certamen con el objetivo de facilitar e impulsar los estudios e iniciativas que mejoren el servicio y el funcionamiento de la Administración Pública de Cantabria.
En la pasada edición, José Vicente Mediavilla Cabo y Manuel Francisco Rodríguez Maseda obtuvieron los galardones con sendos trabajos relacionados con la ordenación territorial, el primero, y sobre la dirección estratégica en las administraciones públicas, en el segundo caso.
El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha defendido la "rentabilidad práctica" de los premios de investigación en el entorno de la Administración Pública Autonómica y más en momentos de "cambios" como el que viven las organizaciones en la actualidad, con "profundas" modificaciones normativas y cambios tecnológicos que afectan al trabajo diario. "Para una adecuada prestación de los servicios públicos es necesaria la reflexión teórica y práctica" de los expertos para tomar decisiones adecuadas", ha subrayado De la Sierra.
El plazo para la presentación de los trabajos de estudio e investigación será de tres meses. A la hora de evaluar las obras presentadas, el jurado de los premios valorará el interés y el carácter innovador del contenido, así como su coincidencia con los temas prioritarios del certamen; la calidad científico-técnica, coherencia y rigor en el análisis y en la formulación de conclusiones; la repercusión e incidencia de los resultados obtenidos en la práctica administrativa, junto a la corrección y claridad de la expresión escrita.
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