Los concentrados quieren reivindicar una pensión digna, recuperar lo perdido dedsde 2011 y su revalorización de acuerdo con el IPC, recuperar la jubilación ordinaria a los 65 años, derogar las reformas laborales y sobre las pensiones, recuperar el subsidio para los mayores desempleados con más de 52 años y exigir que la pensión mínima alcance los 1.080 euros de acuerdo con la Carta Social Europea.
También las Auxiliares de Ayuda a Domicilio (atención domiciliaria a la dependencia de toda Cantabria), acudiráns a Puente San Miguel para hacer llegar al Presidente Revilla una carta y un video de todas las compañeras del sector pidiendo su intervención ante la precariedad de las condiciones en que desempeñamos nuestro trabajo.
Se trata de una iniciativa espontánea surgida de las propias trabajadoras, que pretende hacer llegar al Presidente las peticiones que llevan realizando durante más de un año.
La publicación de los pliegos de licitación para adjudicar el servicio a las empresas privadas es inminente. Este servicio se organiza dividiendo Cantabria en cinco zonas de prestación de cuidados a domicilio a nuestras personas dependientes, tarea que prestan más de 400 trabajadoras, ya que se trata de un sector eminentemente femenino.
Las peticiones más relevantes que quieren hacer llegar a Miguel Ángel Revilla son que se les abone a las trabajadoras los gastos de kilometraje para acudir a los diferentes domicilios, que en el caso de las zonas rurales pueden superar los 100 kms diarios. El vehículo es una herramienta imprescindible de trabajo cuyo coste y mantenimiento costeamos las trabajadoras con cargo a nuestro bolsillo, incluyendo incluso el pago de aparcamiento.
Que los domicilios se doten de suficientes ayudas técnicas para poder dar un buen servicio al usuario (grúas, camas articuladas)
Que se reconozcan las especiales condiciones de penosidad en las que las trabajadoras prestamos servicio con el correspondiente complemento. Nos sentimos como “chicas para todo”, olvidadas por las instituciones.
Que se realice una verdadera política de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas y de los organismos públicos para que podamos trabajar sin asumir riesgos evitables para nuestra seguridad y salud.
Que se amplíen las jornadas a las empresas y, por tanto, a las trabajadoras, para que podamos tener la oportunidad de llevar un salario digno a nuestras casas. En definitiva, que se respeten nuestros derechos.
Y, sobre todo, que no se licite con empresas que estén condenadas por incumplimiento de la normativa laboral.
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