Los sindicatos de la seguridad privada precisaron hoy, en la concentración de protesta convocada ante la Delegación del Gobierno en Cantabria por los sindicatos UGT, CCOO, USO y CSIF por el bloqueo que sufre la negociación del nuevo convenio colectivo estatal del sector, que “si no hay avances y subidas salariales razonables en un plazo breve de tiempo, habrá una huelga general”.
Según aclaró Alberto González, responsable regional de Seguridad Privada del sindicato UGT, “llevamos ya 10 meses de negociación del nuevo convenio colectivo y los empresarios lo único que han hecho es retirar algunas de sus propuestas que sabían que no podían prosperar en la negociación porque, simplemente, son inaceptables para los trabajadores”.
González agregó, en la concentración de protesta ante la Delegación del Gobierno en Cantabria, secundada por cerca de medio millar de personas, que “los sindicatos no planteamos un máximo de subida salarial pero no podemos aceptar lo que nos proponen los empresarios después de 10 años de pérdida de poder adquisitivo”.
En este sentido, portavoces de los sindicatos convocantes rechazaron que la patronal del sector de la seguridad privada, que emplea a más de 80.000 trabajadores en España, unos 1.200 en Cantabria, plantee congelación salarial en 2017 y unos aumentos “más que insuficientes” de un 1,5% y de un 1,4% para los años 2018 y 2019.
“Que haya huelga general o no sólo dependerá de cómo transcurra la negociación del nuevo convenio en las próximas semanas”, subrayó Fernando Mirones, secretario de Comunicación de CCOO en Cantabria, para quien “no es admisible que en el nuevo convenio colectivo haya recortes después de ocho o diez años con mínimas subidas salariales que han hecho perder poder adquisitivo en un sector con beneficios empresariales”.
Según puntualizó Gerardo Prieto, responsable regional del sector del sindicato USO, “sólo se puede firmar un nuevo convenio colectivo con avances y sin retroceso alguno, que sea respetado por las empresas porque no es tolerable que haya empresas vinculadas a concesiones públicas que firmen su propio convenio con condiciones peores que el sectorial”.
Contrataciones públicas y jubilación anticipada
Los portavoces sindicales coincidieron en criticar “el gran daño” que está provocando en el sector las contrataciones públicas a empresas que presentan ofertas presupuestarias a la baja “que ni siquiera cubren los costes económicos del propio convenio colectivo”.
UGT, CCOO, USO y CSIF recordaron que los trabajadores de la empresa concesionaria de la seguridad privada del Ministerio de Defensa, Marsegur, “están de huelga porque no se les paga incluso después de habérseles recortado el salario un 35%” y que la adjudicataria del servicio en la Seguridad Social y en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Fagus, tampoco abone los salarios de sus trabajadores desde hace tiempo.
Por otro lado, otra de las reivindicaciones sindicales en el nuevo convenio colectivo de seguridad privada es la jubilación anticipada “en un sector donde hay muchos trabajadores de edad avanzada”.
“Sólo pretendemos que la patronal abra el debate sobre la jubilación anticipada en el sector porque hasta ahora se ha negado a ello”, subrayó el portavoz de UGT, que reclamó también garantías de subrogación para que los trabajadores no pierdan derechos cuando una empresa reemplaza a otra en la titularidad de un servicio.
Según aclaró Alberto González, responsable regional de Seguridad Privada del sindicato UGT, “llevamos ya 10 meses de negociación del nuevo convenio colectivo y los empresarios lo único que han hecho es retirar algunas de sus propuestas que sabían que no podían prosperar en la negociación porque, simplemente, son inaceptables para los trabajadores”.
González agregó, en la concentración de protesta ante la Delegación del Gobierno en Cantabria, secundada por cerca de medio millar de personas, que “los sindicatos no planteamos un máximo de subida salarial pero no podemos aceptar lo que nos proponen los empresarios después de 10 años de pérdida de poder adquisitivo”.
En este sentido, portavoces de los sindicatos convocantes rechazaron que la patronal del sector de la seguridad privada, que emplea a más de 80.000 trabajadores en España, unos 1.200 en Cantabria, plantee congelación salarial en 2017 y unos aumentos “más que insuficientes” de un 1,5% y de un 1,4% para los años 2018 y 2019.
“Que haya huelga general o no sólo dependerá de cómo transcurra la negociación del nuevo convenio en las próximas semanas”, subrayó Fernando Mirones, secretario de Comunicación de CCOO en Cantabria, para quien “no es admisible que en el nuevo convenio colectivo haya recortes después de ocho o diez años con mínimas subidas salariales que han hecho perder poder adquisitivo en un sector con beneficios empresariales”.
Según puntualizó Gerardo Prieto, responsable regional del sector del sindicato USO, “sólo se puede firmar un nuevo convenio colectivo con avances y sin retroceso alguno, que sea respetado por las empresas porque no es tolerable que haya empresas vinculadas a concesiones públicas que firmen su propio convenio con condiciones peores que el sectorial”.
Contrataciones públicas y jubilación anticipada
Los portavoces sindicales coincidieron en criticar “el gran daño” que está provocando en el sector las contrataciones públicas a empresas que presentan ofertas presupuestarias a la baja “que ni siquiera cubren los costes económicos del propio convenio colectivo”.
UGT, CCOO, USO y CSIF recordaron que los trabajadores de la empresa concesionaria de la seguridad privada del Ministerio de Defensa, Marsegur, “están de huelga porque no se les paga incluso después de habérseles recortado el salario un 35%” y que la adjudicataria del servicio en la Seguridad Social y en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Fagus, tampoco abone los salarios de sus trabajadores desde hace tiempo.
Por otro lado, otra de las reivindicaciones sindicales en el nuevo convenio colectivo de seguridad privada es la jubilación anticipada “en un sector donde hay muchos trabajadores de edad avanzada”.
“Sólo pretendemos que la patronal abra el debate sobre la jubilación anticipada en el sector porque hasta ahora se ha negado a ello”, subrayó el portavoz de UGT, que reclamó también garantías de subrogación para que los trabajadores no pierdan derechos cuando una empresa reemplaza a otra en la titularidad de un servicio.
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