jueves, 24 de noviembre de 2016

Santander: El Gobierno autonómico estudia crear una agrupación de tesorería que asista a 82 ayuntamientos de Cantabria


El Gobierno autonómico se ha comprometido hoy a estudiar un proyecto de creación de una agrupación de tesorería que asista a 82 ayuntamientos de Cantabria con menos de 5.000 habitantes, lo que reducirá gastos a los municipios y facilitará una gestión administrativa uniforme.
La iniciativa ha sido planteada hoy por representantes del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Cantabria (Cosital), encabezados por su presidente, Jesús Montoto, durante un encuentro que han mantenido con el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, y el director general de Administración Local, Pedro García Carmona.
De la Sierra ha valorado la propuesta planteada por el Colegio profesional, que tras las modificaciones legislativas ofrece una solución "eficiente" a la situación las labores de tesorero en los ayuntamientos, que deben ser asumidas por un habilitado nacional, cuando anteriormente solían desarrollarse por concejales de la corporación. De forma transitoria, estas labores son desarrolladas por los secretarios e interventores.
El Gobierno de Cantabria cree que la creación de una agrupación de tesorería común para los municipios pequeños de la Comunidad ayudará a simplificar la administración, al unificar servicios; ahorrará costes y cubrirá las necesidades de tesoreros con habilitación nacional de los ayuntamientos.
Este servicio unificado asumirá así el manejo y custodia de los fondos de las entidades locales de menos de 5.000 habitantes de Cantabria, y la realización de cobros y pagos, así como el establecimiento de procedimientos seguros para su custodia.
De la Sierra cree que la propuesta de COSITAL "está muy bien trabajada" y ha ensalzado los estudios técnicos previos realizados por la organización para facilitar la implantación de este servicio común.
El consejero ha resaltado por último el papel de los secretarios e interventores y su necesaria colaboración para el desarrollo de la nueva normativa de régimen local o las relacionadas con el procedimiento administrativo y el régimen jurídico, que materializan el expediente electrónico.

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