La vicepresidenta y consejera de Universidad e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha anunciado que el Gobierno de Cantabria introducirá en 2017 una nueva orden que modificará la fórmula de los copagos en servicios de dependencia, que dará lugar a una reducción en los mismos. En concreto, se verán beneficiados de estos nuevos cálculos los servicios de ayuda a domicilio y de plazas en centros de día y residencia 24 horas. Además, ha señalado que, a partir del próximo año, Cantabria recuperará la gratuidad en la teleasistencia para aquellas personas usuarias de este servicio.
Díaz Tezanos ha explicado esta mañana, en rueda de prensa, los avances de la Consejería de Política Social en cuestiones de dependencia respecto a los compromisos que ella misma asumió a comienzos de legislatura. Uno de ellos, como ha señalado, fue no aplicar el incremento del copago en los términos impuestos por el anterior Ejecutivo en 2012. Los recortes llevado a cabo en dicho periodo condujeron a la expulsión del sistema de dependencia a personas que se beneficiaban de los servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio, el encarecimiento en las estancias en centros de día y residencias y la reducción del número de personas perceptoras de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar.
Por ello, el Gobierno introducirá un nuevo tipo de copago que, en el caso de servicio de los centros de día o ayuda a domicilio, dará lugar a una reducción del copago de hasta el 40 por ciento en el caso de personas con ingresos algo superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y de reducciones de un 13 por ciento en el caso de personas usuarias con una capacidad económica que sea tres veces el IPREM.
Para las plazas residenciales 24 horas, la disminución será del 3 por ciento para personas usuarias con una capacidad tres veces el IPREM, y de hasta un 12 por ciento en el caso de personas que tengan ingresos equivalentes a este indicador.
En cuanto a la teleasistencia, Díaz Tezanos ha resaltado que lo que se busca es revertir las cifras dejadas por la anterior legislatura, que desde el año 2012, con la introducción del copago en este servicio, dieron lugar a un descenso desde los 1.600 usuarios hasta los 750 que se encontró este Gobierno en julio de 2015.
El conjunto de todas estas medidas beneficiará a más de 6.300 personas y tendrá un impacto presupuestario de más de 3.600.000 euros.
Exigencias al Gobierno Central
La vicepresidenta también ha exigido una mayor implicación por parte del Gobierno central en cuestiones de dependencia y ha explicado que, según un informe realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales el gasto público por persona beneficiaria es de 8.500 euros al año de media, de los que 7.000 (o un 82 por ciento) son financiados por las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado sólo aporta 1.500 euros (18 por ciento).
En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Cantabria adoptó, el pasado 25 de noviembre, un acuerdo en Consejo de Gobierno solicitando al Senado la convocatoria urgente y extraordinaria de la Comisión General de Comunidades Autónomas para tratar la situación actual del sistema de la dependencia tras la incidencia de los recortes "brutales" llevados a cabo por el Ejecutivo de Rajoy.
Motor de creación de empleo
Por otra parte, ha enfatizado en que el sector de la dependencia "está llamado a ser un importante motor de creación de empleo", donde, además, la presencia mayoritaria es femenina. A lo largo de los últimos diez años, 1.734 mujeres se han incorporado al sector de la dependencia y, en el último año, 173. De cada diez puestos de trabajo, 9 están ocupados por mujeres y el perfil predominante responde a unas edades comprendidas entre los 35 y los 54 años.
Díaz Tezanos ha explicado esta mañana, en rueda de prensa, los avances de la Consejería de Política Social en cuestiones de dependencia respecto a los compromisos que ella misma asumió a comienzos de legislatura. Uno de ellos, como ha señalado, fue no aplicar el incremento del copago en los términos impuestos por el anterior Ejecutivo en 2012. Los recortes llevado a cabo en dicho periodo condujeron a la expulsión del sistema de dependencia a personas que se beneficiaban de los servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio, el encarecimiento en las estancias en centros de día y residencias y la reducción del número de personas perceptoras de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar.
Por ello, el Gobierno introducirá un nuevo tipo de copago que, en el caso de servicio de los centros de día o ayuda a domicilio, dará lugar a una reducción del copago de hasta el 40 por ciento en el caso de personas con ingresos algo superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y de reducciones de un 13 por ciento en el caso de personas usuarias con una capacidad económica que sea tres veces el IPREM.
Para las plazas residenciales 24 horas, la disminución será del 3 por ciento para personas usuarias con una capacidad tres veces el IPREM, y de hasta un 12 por ciento en el caso de personas que tengan ingresos equivalentes a este indicador.
En cuanto a la teleasistencia, Díaz Tezanos ha resaltado que lo que se busca es revertir las cifras dejadas por la anterior legislatura, que desde el año 2012, con la introducción del copago en este servicio, dieron lugar a un descenso desde los 1.600 usuarios hasta los 750 que se encontró este Gobierno en julio de 2015.
El conjunto de todas estas medidas beneficiará a más de 6.300 personas y tendrá un impacto presupuestario de más de 3.600.000 euros.
Exigencias al Gobierno Central
La vicepresidenta también ha exigido una mayor implicación por parte del Gobierno central en cuestiones de dependencia y ha explicado que, según un informe realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales el gasto público por persona beneficiaria es de 8.500 euros al año de media, de los que 7.000 (o un 82 por ciento) son financiados por las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado sólo aporta 1.500 euros (18 por ciento).
En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Cantabria adoptó, el pasado 25 de noviembre, un acuerdo en Consejo de Gobierno solicitando al Senado la convocatoria urgente y extraordinaria de la Comisión General de Comunidades Autónomas para tratar la situación actual del sistema de la dependencia tras la incidencia de los recortes "brutales" llevados a cabo por el Ejecutivo de Rajoy.
Motor de creación de empleo
Por otra parte, ha enfatizado en que el sector de la dependencia "está llamado a ser un importante motor de creación de empleo", donde, además, la presencia mayoritaria es femenina. A lo largo de los últimos diez años, 1.734 mujeres se han incorporado al sector de la dependencia y, en el último año, 173. De cada diez puestos de trabajo, 9 están ocupados por mujeres y el perfil predominante responde a unas edades comprendidas entre los 35 y los 54 años.
Asimismo, Díaz Tezanos ha querido destacar el alto nivel profesional de todos los trabajadores del sector y agradecer el esfuerzo y buen hacer de los profesionales del ICASS y de la Dirección General de Política Social.
Entre los compromisos asumidos también se encontraba el de desarrollar y garantizar la calidad de la red de recursos públicos de la Ley de Dependencia, contando con recursos públicos pero también del sector empresarial, que colabora activamente con el sistema público de servicios sociales. En este sentido, y a lo largo de este año y medio de legislatura, se ha ampliado el número de plazas en 274, de las cuales 217 son de residencia y 57 en centros de día.
También en el Parlamento, Díaz Tezanos prometió agilizar la gestión de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a la protección. Al respecto, desde julio de 2015, el número de personas con reconocimiento de dependencia ha crecido un 3 por ciento, hasta los 19.408, y el número de personas beneficiarias que reciben algún servicio o prestación ha crecido un 11 por ciento, de 13.705 personas a 15.206.
La vicepresidenta también ha señalado que se han recuperado los recursos de formación para las personas cuidadoras y se ha iniciado, conjuntamente con la Consejería de Sanidad, la elaboración de una estrategia de atención integrada social y sanitaria, con el objetivo de dar la mejor respuesta a las personas que se encuentren en esta situación. Además, para el primer trimestre del próximo año la Consejería de Política Social realizará un estudio sobre todos los recursos sociales que existen en atención a personas dependientes en domicilio.
Reducción del copago en otros complementos
La nueva orden que reducirá los copagos modificará también el tratamiento específico en el cálculo del copago que se realiza a los perceptores de otras prestaciones económicas. Es el caso de aquellas personas que perciben, además, el complemento de gran invalidez, el complemento de la asignación económica por hijo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75 por ciento, el complemento de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva y el del subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley de Integración Social de los Minusválidos.
Desde el año 2012, una persona beneficiaria de alguno de estos cuatro complementos con una capacidad económica por debajo del IPREM mensual, de 532 euros, no tendría copago del servicio a domicilio, pero pasaría a tener como copago dicho complemento. Con la nueva orden de copagos, en el caso en que soliciten centro de día o ayuda a domicilio, solamente repercutirá al copago del 20 por ciento de dicho complemento en lugar del 100 por ciento actual.
Esta ayuda beneficiará a 450 personas que reciben un promedio de 190 euros en concepto de complemento, de las cuales el 61 por ciento tiene una capacidad económica inferior a los 6.300 euros anuales.
Entre los compromisos asumidos también se encontraba el de desarrollar y garantizar la calidad de la red de recursos públicos de la Ley de Dependencia, contando con recursos públicos pero también del sector empresarial, que colabora activamente con el sistema público de servicios sociales. En este sentido, y a lo largo de este año y medio de legislatura, se ha ampliado el número de plazas en 274, de las cuales 217 son de residencia y 57 en centros de día.
También en el Parlamento, Díaz Tezanos prometió agilizar la gestión de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a la protección. Al respecto, desde julio de 2015, el número de personas con reconocimiento de dependencia ha crecido un 3 por ciento, hasta los 19.408, y el número de personas beneficiarias que reciben algún servicio o prestación ha crecido un 11 por ciento, de 13.705 personas a 15.206.
La vicepresidenta también ha señalado que se han recuperado los recursos de formación para las personas cuidadoras y se ha iniciado, conjuntamente con la Consejería de Sanidad, la elaboración de una estrategia de atención integrada social y sanitaria, con el objetivo de dar la mejor respuesta a las personas que se encuentren en esta situación. Además, para el primer trimestre del próximo año la Consejería de Política Social realizará un estudio sobre todos los recursos sociales que existen en atención a personas dependientes en domicilio.
Reducción del copago en otros complementos
La nueva orden que reducirá los copagos modificará también el tratamiento específico en el cálculo del copago que se realiza a los perceptores de otras prestaciones económicas. Es el caso de aquellas personas que perciben, además, el complemento de gran invalidez, el complemento de la asignación económica por hijo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75 por ciento, el complemento de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva y el del subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley de Integración Social de los Minusválidos.
Desde el año 2012, una persona beneficiaria de alguno de estos cuatro complementos con una capacidad económica por debajo del IPREM mensual, de 532 euros, no tendría copago del servicio a domicilio, pero pasaría a tener como copago dicho complemento. Con la nueva orden de copagos, en el caso en que soliciten centro de día o ayuda a domicilio, solamente repercutirá al copago del 20 por ciento de dicho complemento en lugar del 100 por ciento actual.
Esta ayuda beneficiará a 450 personas que reciben un promedio de 190 euros en concepto de complemento, de las cuales el 61 por ciento tiene una capacidad económica inferior a los 6.300 euros anuales.
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