El Gobierno de Cantabria colaborará con Cáritas para garantizar el derecho a una vivienda digna de las personas en riesgo de exclusión social de la Comunidad. Así lo ha informado esta mañana el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, tras el encuentro con el secretario general de Cáritas Diocesana de Santander, Francisco Sierra.
Mazón, que ha calificado esta reunión de "esencial" por tratarse de una de las entidades que mejor conoce y atiende a los colectivos más desprotegidos, ha explicado a los representantes de la organización las diferentes alternativas de alquiler social con las que cuenta la Administración y a las que sus usuarios se pueden acoger.
Según ha explicado Mazón, entre las líneas de trabajo que está desarrollando la Consejería de Vivienda se encuentra el servicio que presta la Oficina de Emergencia Habitacional, que ya ha atendido a 174 casos y realojado a 17 familias desahuciadas desde enero de 2016. También se ha referido al parque público de viviendas, de las que 40 han sido cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y otras tantas por tanteo retracto, además de realizar colaboraciones con los ayuntamientos.
Por su parte, Sierra ha resaltado el importante papel que juegan los dos organismos: "Cáritas se encarga de denunciar la situación de estas personas y el Gobierno, en la medida de sus posibilidades, de crear políticas que mejoren sus vidas".
En este sentido, el consejero ha destacado que gracias a la labor de Cáritas se podrán "diagnosticar mejor los problemas" y ha asegurado que ambas instituciones se volverán a reunir muy pronto para tratar "casos concretos".
Al encuentro también han asistido el director general de Vivienda, Francisco Gómez Blanco, y la coordinadora del Área de Vivienda de Cáritas, Rocío Gómez.
Mazón, que ha calificado esta reunión de "esencial" por tratarse de una de las entidades que mejor conoce y atiende a los colectivos más desprotegidos, ha explicado a los representantes de la organización las diferentes alternativas de alquiler social con las que cuenta la Administración y a las que sus usuarios se pueden acoger.
Según ha explicado Mazón, entre las líneas de trabajo que está desarrollando la Consejería de Vivienda se encuentra el servicio que presta la Oficina de Emergencia Habitacional, que ya ha atendido a 174 casos y realojado a 17 familias desahuciadas desde enero de 2016. También se ha referido al parque público de viviendas, de las que 40 han sido cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y otras tantas por tanteo retracto, además de realizar colaboraciones con los ayuntamientos.
Por su parte, Sierra ha resaltado el importante papel que juegan los dos organismos: "Cáritas se encarga de denunciar la situación de estas personas y el Gobierno, en la medida de sus posibilidades, de crear políticas que mejoren sus vidas".
En este sentido, el consejero ha destacado que gracias a la labor de Cáritas se podrán "diagnosticar mejor los problemas" y ha asegurado que ambas instituciones se volverán a reunir muy pronto para tratar "casos concretos".
Al encuentro también han asistido el director general de Vivienda, Francisco Gómez Blanco, y la coordinadora del Área de Vivienda de Cáritas, Rocío Gómez.
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