CCOO ha denunciado la decisión “unilateral” de la dirección de Unipost, segundo operador postal del país y de Cantabria, de aplazar el pago de la nómina de julio de los trabajadores, fraccionándola en cuatro plazos, abonando el 5 de agosto el 25 por ciento de la paga y el 75 por ciento restante se liquidará en 3 transferencias que se llevarán a cabo el 12, 19 y 26 de agosto.
Los más de 2.400 trabajadores que tiene la empresa en España, 18 de ellos en Cantabria, han recibido esta comunicación en un correo electrónico en el que la empresa justificaba este fraccionamiento eludiendo al pago del 10 por ciento de la paga extra de junio de 2016, una paga que también está fraccionada en 10 plazos comprendidos entre julio de 2016 y abril de 2017.
CCOO considera que esta decisión tiene un impacto negativo directo sobre la vida de los trabajadores que tienen que hacer frente a sus gastos, y con unas nóminas cuyo salario neto oscila entre los 600 y los 1.000 euros, ya recortado en un 17 por ciento desde 2014.
El sindicato ha criticado que “vuelve a llover sobre mojado” ya que la empresa está sometiendo a la plantilla a una intensa “carnicería laboral” pues ha realizado cinco Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) en seis años, ha fraccionado la nómina en dos plazos desde septiembre de 2014, realizando aplazamientos de las pagas extras desde 2012 y reiteradas rebajas salariales.
CCOO ha vuelto a exigir un plan de viabilidad que sustituya “a la improvisación y ausencia de gestión”, que pase por la búsqueda de nuevos clientes, inversores y nichos de negocio, con una apuesta clara por la diversificación, y que huya del “monocultivo” de la carta y de un sistema productivo totalmente anquilosado.
Los más de 2.400 trabajadores que tiene la empresa en España, 18 de ellos en Cantabria, han recibido esta comunicación en un correo electrónico en el que la empresa justificaba este fraccionamiento eludiendo al pago del 10 por ciento de la paga extra de junio de 2016, una paga que también está fraccionada en 10 plazos comprendidos entre julio de 2016 y abril de 2017.
CCOO considera que esta decisión tiene un impacto negativo directo sobre la vida de los trabajadores que tienen que hacer frente a sus gastos, y con unas nóminas cuyo salario neto oscila entre los 600 y los 1.000 euros, ya recortado en un 17 por ciento desde 2014.
El sindicato ha criticado que “vuelve a llover sobre mojado” ya que la empresa está sometiendo a la plantilla a una intensa “carnicería laboral” pues ha realizado cinco Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) en seis años, ha fraccionado la nómina en dos plazos desde septiembre de 2014, realizando aplazamientos de las pagas extras desde 2012 y reiteradas rebajas salariales.
CCOO ha vuelto a exigir un plan de viabilidad que sustituya “a la improvisación y ausencia de gestión”, que pase por la búsqueda de nuevos clientes, inversores y nichos de negocio, con una apuesta clara por la diversificación, y que huya del “monocultivo” de la carta y de un sistema productivo totalmente anquilosado.
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