El Gobierno de Cantabria ha presentado hoy al Observatorio de la Vivienda la estrategia en esta materia para el periodo 2018-2021, que se fija en un Plan "eminentemente social, con medidas dirigidas a personas en situación de emergencia habitacional, sostenible desde el punto de vista económico, que hace hincapié en la rehabilitación y en el apoyo al medio rural frente al urbano".
Así ha definido el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, un plan que desarrolla sus seis líneas estratégicas en 46 medidas y que contempla una previsión de gasto de entre 75 y 80 millones de euros.
Mazón lo ha definido también como "integral", ya que aborda todos los supuestos de alquiler, compra, rehabilitación y promoción y "coherente" con la planificación estatal.
Los objetivos del Plan son incentivar el alquiler como modo preferente de acceso a la vivienda; mejorar la calidad de lo edificado de Cantabria; impulsar el incremento del parque público de vivienda en alquiler; la movilización de la vivienda para su destino al alquiler; el fomento de la fijación de la población joven en el ámbito rural; potenciar las relaciones de la política de vivienda con el tercer sector; reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa y de los diferentes programas del Plan entre sí; potenciar la coordinación con los agentes privados en el desarrollo de las políticas de vivienda y contribuir a la reactivación del sector inmobiliario
El primer eje, de Emergencia Habitacional, establece como medidas el mantenimiento de la Oficina de Emergencia Habitacional e Intermediación Hipotecaria; el establecimiento de Protocolos de actuación en riesgo inminente de lanzamiento de vivienda habitual; de ayudas extraordinarias a familias en situación de emergencia habitacional; el alquiler social de viviendas del parque público y ayudas a la erradicación del Chabolismo.
En lo que respecta al apartado de ayudas directas y subvenciones, se contemplan ayudas al pago del alquiler a determinados colectivos, especialmente a personas en riesgo de desahucio y se establecen subvenciones al arrendador para la movilización de vivienda vacía.
También, en la rehabilitación de viviendas y edificios, se incluyen ayudas para la mejora de la eficiencia energética, accesibilidad, conservación y mejora de la seguridad y para la elaboración del informe de evaluación.
Se potencian especialmente las subvenciones a las entidades locales para la rehabilitación de edificios de titularidad pública; rehabilitación; urbanización y reurbanización de barrios; para el derribo y reconstrucción de nuevos edificios; ayudas al realojo y para equipos técnicos y de seguimiento de las actuaciones de renovación y regeneración.
Este segundo Eje también contempla ayudas a la promoción de viviendas en alquiler a 25 años, para mayores y personas con discapacidad, así como otras, destinadas a jóvenes para la adquisición de vivienda protegida y fijación de la población en el ámbito rural.
En el ámbito fiscal, el Plan establece deducciones en el IRPF a inquilinos jóvenes, mayores o discapacitados; a los arrendadores en el caso de vivienda habitual y por obras de mejora en vivienda habitual.
Se fijan reducciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 5 por ciento para la adquisición de vivienda habitual para jóvenes, familias numerosas o personas con una discapacidad superior o igual al 30 por ciento; del 5 por ciento en obras de rehabilitación; del 4 por ciento por adquisición de vivienda habitual a personas con discapacidad igual o superior al 65 por ciento. El impuesto de Actos Jurídicos Documentados se reduce en un 99 por ciento para jóvenes, familias numerosas o personas con una discapacidad superior o igual al 30 por ciento y en obras de rehabilitación.
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones tiene una bonificación del cien por cien de la cuota por transmisión de vivienda mortis causa de los contribuyentes incluidos en los Grupos I y II cuya base imponible individual sea superior 100.000 euros y del 90 por ciento si es inferior. También, una bonificación del 99 por ciento por donación de vivienda habitual a descendientes, a cónyuge o pareja de hecho como consecuencia de ruptura de la pareja, y la misma bonificación por los 100.000 primeros euros de donación de dinero para adquisición de vivienda habitual a descendientes, cónyuge o pareja de hecho.
El cuarto eje, de ampliación del parque público de alquiler, establece actuaciones como la construcción de nuevas promociones en alquiler, adquisición de viviendas para el parque público, rehabilitación de edificios y viviendas de titularidad pública para el citado parque, el establecimiento de convenios de cesión de viviendas por entidades para su incorporación al parque público de alquiler, el mantenimiento de las mismas y supuestos de cesión o sanción en materia disciplinaria.
En el ámbito normativo, el eje número seis, prevé elaborar la Ley de Vivienda, el Decreto de Habitabilidad, el Decreto del Informe de Evaluación del Edificio, la Obligación de Elaborar este Informe y la confección del Censo de Viviendas sometidas a este mismo.
El sexto eje previsto es el de la estadística y lucha contra el fraude, para lo que se mantendrá el Observatorio, se elaborará la estadística de vivienda vacía y su representación gráfica en el mapa de Cantabria y, por último, el Plan Regional de Inspección de Viviendas Desocupadas.
Tras la presentación del día de hoy, los miembros del Observatorio de la Vivienda pueden presentar sus sugerencias para enriquecer un documento que, tal y como ha señalado el consejero, será aprobado mediante Decreto tras verano.
En este órgano participan el director general de Vivienda y Arquitectura, Francisco Gómez Blanco; técnicos de las direcciones generales de Vivienda, de Urbanismo y de Ordenación del Territorio, así como representantes de entidades financieras, de CEOE-CEPYME, de la Federación de Municipios, de los sindicatos mayoritarios, de los colegios profesionales del sector y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Así ha definido el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, un plan que desarrolla sus seis líneas estratégicas en 46 medidas y que contempla una previsión de gasto de entre 75 y 80 millones de euros.
Mazón lo ha definido también como "integral", ya que aborda todos los supuestos de alquiler, compra, rehabilitación y promoción y "coherente" con la planificación estatal.
Los objetivos del Plan son incentivar el alquiler como modo preferente de acceso a la vivienda; mejorar la calidad de lo edificado de Cantabria; impulsar el incremento del parque público de vivienda en alquiler; la movilización de la vivienda para su destino al alquiler; el fomento de la fijación de la población joven en el ámbito rural; potenciar las relaciones de la política de vivienda con el tercer sector; reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa y de los diferentes programas del Plan entre sí; potenciar la coordinación con los agentes privados en el desarrollo de las políticas de vivienda y contribuir a la reactivación del sector inmobiliario
El primer eje, de Emergencia Habitacional, establece como medidas el mantenimiento de la Oficina de Emergencia Habitacional e Intermediación Hipotecaria; el establecimiento de Protocolos de actuación en riesgo inminente de lanzamiento de vivienda habitual; de ayudas extraordinarias a familias en situación de emergencia habitacional; el alquiler social de viviendas del parque público y ayudas a la erradicación del Chabolismo.
En lo que respecta al apartado de ayudas directas y subvenciones, se contemplan ayudas al pago del alquiler a determinados colectivos, especialmente a personas en riesgo de desahucio y se establecen subvenciones al arrendador para la movilización de vivienda vacía.
También, en la rehabilitación de viviendas y edificios, se incluyen ayudas para la mejora de la eficiencia energética, accesibilidad, conservación y mejora de la seguridad y para la elaboración del informe de evaluación.
Se potencian especialmente las subvenciones a las entidades locales para la rehabilitación de edificios de titularidad pública; rehabilitación; urbanización y reurbanización de barrios; para el derribo y reconstrucción de nuevos edificios; ayudas al realojo y para equipos técnicos y de seguimiento de las actuaciones de renovación y regeneración.
Este segundo Eje también contempla ayudas a la promoción de viviendas en alquiler a 25 años, para mayores y personas con discapacidad, así como otras, destinadas a jóvenes para la adquisición de vivienda protegida y fijación de la población en el ámbito rural.
En el ámbito fiscal, el Plan establece deducciones en el IRPF a inquilinos jóvenes, mayores o discapacitados; a los arrendadores en el caso de vivienda habitual y por obras de mejora en vivienda habitual.
Se fijan reducciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 5 por ciento para la adquisición de vivienda habitual para jóvenes, familias numerosas o personas con una discapacidad superior o igual al 30 por ciento; del 5 por ciento en obras de rehabilitación; del 4 por ciento por adquisición de vivienda habitual a personas con discapacidad igual o superior al 65 por ciento. El impuesto de Actos Jurídicos Documentados se reduce en un 99 por ciento para jóvenes, familias numerosas o personas con una discapacidad superior o igual al 30 por ciento y en obras de rehabilitación.
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones tiene una bonificación del cien por cien de la cuota por transmisión de vivienda mortis causa de los contribuyentes incluidos en los Grupos I y II cuya base imponible individual sea superior 100.000 euros y del 90 por ciento si es inferior. También, una bonificación del 99 por ciento por donación de vivienda habitual a descendientes, a cónyuge o pareja de hecho como consecuencia de ruptura de la pareja, y la misma bonificación por los 100.000 primeros euros de donación de dinero para adquisición de vivienda habitual a descendientes, cónyuge o pareja de hecho.
El cuarto eje, de ampliación del parque público de alquiler, establece actuaciones como la construcción de nuevas promociones en alquiler, adquisición de viviendas para el parque público, rehabilitación de edificios y viviendas de titularidad pública para el citado parque, el establecimiento de convenios de cesión de viviendas por entidades para su incorporación al parque público de alquiler, el mantenimiento de las mismas y supuestos de cesión o sanción en materia disciplinaria.
En el ámbito normativo, el eje número seis, prevé elaborar la Ley de Vivienda, el Decreto de Habitabilidad, el Decreto del Informe de Evaluación del Edificio, la Obligación de Elaborar este Informe y la confección del Censo de Viviendas sometidas a este mismo.
El sexto eje previsto es el de la estadística y lucha contra el fraude, para lo que se mantendrá el Observatorio, se elaborará la estadística de vivienda vacía y su representación gráfica en el mapa de Cantabria y, por último, el Plan Regional de Inspección de Viviendas Desocupadas.
Tras la presentación del día de hoy, los miembros del Observatorio de la Vivienda pueden presentar sus sugerencias para enriquecer un documento que, tal y como ha señalado el consejero, será aprobado mediante Decreto tras verano.
En este órgano participan el director general de Vivienda y Arquitectura, Francisco Gómez Blanco; técnicos de las direcciones generales de Vivienda, de Urbanismo y de Ordenación del Territorio, así como representantes de entidades financieras, de CEOE-CEPYME, de la Federación de Municipios, de los sindicatos mayoritarios, de los colegios profesionales del sector y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
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