La Consejería de Presidencia y Justicia constituirá tras el verano el Observatorio de Mediación con la voluntad de habilitar un nuevo espacio de debate y consulta para el impulso y mejora del sistema, que el Gobierno de Cantabria quiere reforzar dentro y fuera de los juzgados como alternativa para la resolución de los conflictos que surgen entre la ciudadanía.
Así lo ha anunciado el consejero Rafael de la Sierra, tras la aprobación ayer por el Consejo de Gobierno del decreto de creación de este órgano consultivo de colaboración, estudio y asesoramiento en la materia.
Al respecto, ha considerado este foro "fundamental" para el fomento de la mediación en Cantabria. Ha dicho, que una vez aprobada la legislación autonómica, ahora es preciso, a través de este órgano, "canalizar" las medidas de apoyo y los recursos de la Comunidad Autónoma y dar alternativas al sistema judicial con soluciones "más ágiles y de menor coste".
A juicio del consejero, el Gobierno autonómico recibirá "el mejor asesoramiento" para impulsar la implantación "definitiva" de la mediación en Cantabria, así como servir de instrumento técnico para evaluar las futuras necesidades. De la Sierra ha recordado que el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha valorado su creación y se ha mostrado "expectante" de las líneas de trabajo que fije en sus sesiones para impulsar su implantación.
De esta forma, además de la propia Administración Pública autonómica, integrarán el Observatorio representantes de los colegios profesionales vinculados a la mediación, la Universidad de Cantabria, asociaciones de mediación más representativas, centros de formación en materia de mediación, junto a miembros del ámbito judicial y fiscal para coordinar la mediación intrajudicial.
Además de la composición, el reglamento que aprobará el Consejo de Gobierno tiene como objeto establecer las funciones y el régimen de funcionamiento del Observatorio de Mediación. Entre sus funciones destaca emitir informes sobre el desarrollo reglamentario de la ley de Mediación, realizar actividades de investigación y estudio del contexto normativo, asesorar y proponer actuaciones a las administraciones públicas que faciliten el acceso al sistema y la evaluación de las mismas.
Otras funciones consistes en la proposición de medidas de mejora de los procedimientos de mediación, la elaboración de códigos de conducta voluntarios, asesorar sobre los criterios de evaluación de las solicitudes de mediación, entre otras cuestiones.
Junto a la presidencia, el Observatorio tendrá 18 vocales que se reunirán al menos una vez al año y en sesiones extraordinarias. Su mandato será de dos años, prorrogables por igual duración. Según se especifica en la norma, se podrán acordar grupos de trabajo con carácter permanente o temporal para analizar temas concretos.
La participación de las personas que componen el Observatorio de Mediación de Cantabria será a título gratuito, por lo que no conllevará las compensaciones económicas por la asistencia a sus reuniones o en el desarrollo de sus funciones.
El consejero ha considerado que este órgano será muy importante y ayudará a que la mediación se extienda y haya una "mayor" tendencia a que los ciudadanos "confíen en la mediación" para la resolución de los conflictos y que haya profesionales expertos que sepan conducir con éxito la mediación.
Así lo ha anunciado el consejero Rafael de la Sierra, tras la aprobación ayer por el Consejo de Gobierno del decreto de creación de este órgano consultivo de colaboración, estudio y asesoramiento en la materia.
Al respecto, ha considerado este foro "fundamental" para el fomento de la mediación en Cantabria. Ha dicho, que una vez aprobada la legislación autonómica, ahora es preciso, a través de este órgano, "canalizar" las medidas de apoyo y los recursos de la Comunidad Autónoma y dar alternativas al sistema judicial con soluciones "más ágiles y de menor coste".
A juicio del consejero, el Gobierno autonómico recibirá "el mejor asesoramiento" para impulsar la implantación "definitiva" de la mediación en Cantabria, así como servir de instrumento técnico para evaluar las futuras necesidades. De la Sierra ha recordado que el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha valorado su creación y se ha mostrado "expectante" de las líneas de trabajo que fije en sus sesiones para impulsar su implantación.
De esta forma, además de la propia Administración Pública autonómica, integrarán el Observatorio representantes de los colegios profesionales vinculados a la mediación, la Universidad de Cantabria, asociaciones de mediación más representativas, centros de formación en materia de mediación, junto a miembros del ámbito judicial y fiscal para coordinar la mediación intrajudicial.
Además de la composición, el reglamento que aprobará el Consejo de Gobierno tiene como objeto establecer las funciones y el régimen de funcionamiento del Observatorio de Mediación. Entre sus funciones destaca emitir informes sobre el desarrollo reglamentario de la ley de Mediación, realizar actividades de investigación y estudio del contexto normativo, asesorar y proponer actuaciones a las administraciones públicas que faciliten el acceso al sistema y la evaluación de las mismas.
Otras funciones consistes en la proposición de medidas de mejora de los procedimientos de mediación, la elaboración de códigos de conducta voluntarios, asesorar sobre los criterios de evaluación de las solicitudes de mediación, entre otras cuestiones.
Junto a la presidencia, el Observatorio tendrá 18 vocales que se reunirán al menos una vez al año y en sesiones extraordinarias. Su mandato será de dos años, prorrogables por igual duración. Según se especifica en la norma, se podrán acordar grupos de trabajo con carácter permanente o temporal para analizar temas concretos.
La participación de las personas que componen el Observatorio de Mediación de Cantabria será a título gratuito, por lo que no conllevará las compensaciones económicas por la asistencia a sus reuniones o en el desarrollo de sus funciones.
El consejero ha considerado que este órgano será muy importante y ayudará a que la mediación se extienda y haya una "mayor" tendencia a que los ciudadanos "confíen en la mediación" para la resolución de los conflictos y que haya profesionales expertos que sepan conducir con éxito la mediación.
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