La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha informado de los acuerdos adoptados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, entre los que destacan también la aprobación del proyecto de Ley de Iniciativa Legislativa Popular y a un protocolo de colaboración con la Federación de Municipios encaminado a la atención de las necesidades básicas de las personas en situación de emergencia social.
Se aprobó el proyecto de Ley de Iniciativa Legislativa Popular
Esta ley, según ha destacado la vicepresidenta, está concebida para favorecer la participación activa de la ciudadanía en la elaboración de las leyes y dar una mayor agilidad y viabilidad administrativa a las iniciativas que se presenten. Con este objetivo, se rebaja de 10.000 a 5.000 el número de firmantes necesarios para presentar una iniciativa legislativa popular. Además, amplía el plazo de recogida de adhesiones de tres a seis meses para favorecer la presentación de un mayor número de propuestas por parte de la ciudadanía. También introduce como novedad que los promotores de la iniciativa legislativa popular sean los encargados de presentarla en el debate de toma en consideración.
El proyecto de Ley permite recoger firmas por internet y medios electrónicos, con el mismo valor jurídico que las manuscritas, y se establece una indemnización para cubrir los gastos realizados en la difusión de la proposición y en la recogida de firmas, estableciendo un máximo de 3.000 euros.
Al mismo tiempo, para garantizar un debate rápido de las iniciativas, se simplificarán y aclararán los trámites y requisitos necesarios, estableciendo plazos breves en procesos como la emisión y aprobación de la comisión promotora o los pliegos de recogida de firmas.
Se aprobó el decreto que regula el Observatorio de Mediación de la Comunidad Autónoma como un órgano consultivo de colaboración, estudio y asesoramiento en la materia.
El Gobierno ha decidido su creación para el impulso, seguimiento y evaluación de los programas de formación e implantación de sistemas de mediación autonómicos que ofrezcan nuevas alternativas en la resolución de los conflictos.
Además de la propia Administración Pública autonómica, integrarán el Observatorio representantes de los colegios profesionales vinculados a la mediación, la Universidad de Cantabria, asociaciones de mediación más representativas, centros de formación en materia de mediación, junto a miembros del ámbito judicial y fiscal para coordinar la mediación intrajudicial.
Junto a la presidencia, el Observatorio tendrá 18 vocales que se reunirán al menos una vez al año y en sesiones extraordinarias. Su mandato será de dos años, prorrogables por igual duración. Según se especifica en la norma, se podrán acordar grupos de trabajo con carácter permanente o temporal para analizar temas concretos.
La participación de las personas que componen el Observatorio de Mediación de Cantabria será a título gratuito, por lo que no conllevará compensación económica la asistencia a sus reuniones o el desarrollo de sus funciones.
El Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto 26/2017, de 20 de abril, por el que se aprueban las bases generales que regirán los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración Autonómica reservados a funcionarios de carrera.
El Ejecutivo modifica la obligatoriedad legal de convocar de nuevo a concurso los puestos que dejan libres los participantes que obtienen un nuevo destino en procesos internos anteriores -las denominadas 'resultas'-, una circunstancia que retrasaba las tomas de posesión de las personas aprobadas en procesos selectivos de personal nuevo ingreso. La modificación legal introducida mantiene la posibilidad de efectuar 'resultas' cuando su convocatoria afecte a puestos similares, no siendo imperativo para el resto de concursos que se convoquen.
Además de introducir mejoras para dar claridad a la gestión de los concursos, se rebaja la exigencia mínima en la valoración del desempeño del puesto de trabajo por personal cualificado en la segunda fase de los concursos de méritos y solo será aplicable a los puestos singularizados y relativa a méritos específicos.
El Consejo ha ratificado el acuerdo de la Mesa Sectorial de Función Pública que modifica el acuerdo regulador del procedimiento para la provisión de puestos de trabajo mediante comisiones de servicio.
El nuevo acuerdo suprime los límites de participación de los funcionarios en procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante comisiones de servicio, en aras a la armonización de los distintos sistemas de provisión en la Administración Autonómica y ante la inminente convocatoria de nuevos procesos de concurso de méritos.
La vicepresidenta ha avanzado que en la mañana de hoy se publicarán en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria (BOC) las modificaciones legales que tienen que ver con la provisión de puestos de trabajo ¿el nuevo decreto regulador de las bases de los concursos de funcionarios y el acuerdo de la Mesa Sectorial sobre las comisiones de servicio-.
De esta forma, según ha resaltado Díaz Tezanos, ambas mejoras legales serán de aplicación en el concurso de méritos de funcionarios, que también se publica hoy y que alcanza casi los 400 puestos de trabajo de los subgrupos A1, A1/A2 y A2.
Se ha autorizado el compromiso de gasto de carácter plurianual por importe de 2.152.776 euros correspondiente al "Servicio de Acompañamiento y Apoyo en Centros Educativos Lote 1 y 2 Cursos 2018/2019 y 2019/2020".
Díaz Tezanos ha detallado que este programa de apoyo al alumnado comprende el Plan de refuerzo educativo, puesto en marcha en el año 2004 y que pretende mejorar los resultados escolares, junto al Plan de actividades y de apertura de comedores escolares, derivado del Plan de emergencia social de Cantabria de 2016. Esta última iniciativa se lleva a cabo en los periodos no lectivos del año y el objetivo es la atención de las necesidades de las familias, con prioridad en aquellos niños y niñas en riesgo de exclusión social.
Se aprobó una adenda al protocolo general de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el departamento de la Dordogne (Francia) en materia de Patrimonio Arqueológico Rupestre, para dar entrada a nuevos participantes.
Se incorpora al mismo la Junta de Castilla y León con la participación de la zona de Siegaverde (Salamanca) y el área limítrofe de la región Norte de Portugal, con la incorporación de la zona de Foz Coa.
Díaz Tezanos ha recordado que el convenio fue firmado en enero de 2017 y tiene una vigencia de 4 años.
Se ha aprobado el Decreto por que se establece la ordenación y se desarrolla el currículo de las Enseñanzas de idiomas de Régimen Especial en Cantabria.
La vicepresidenta ha explicado que este decreto autonómico desarrolla la norma estatal de 2017 que establece que las autonomías deben acordar su propio currículo en la materia con el fin de que entre en vigor en el curso 2018-2019.
La novedad es que se han introducido los niveles Avanzado C1 y Avanzado C2 en la ordenación de unas enseñanzas que antes finalizaban en el nivel B2.
El reglamento autonómico entrará en vigor mañana, dado que se publicará en la edición extraordinaria del BOC de hoy.
Se autorizó el Protocolo General de Actuación del Gobierno y la Federación de Municipios de Cantabria para promoción de medidas de cobertura de necesidades básicas en personas en situación de emergencia social.
Este protocolo no conlleva un gasto adicional y está incluido en las medidas de cooperación del Plan de Emergencia Social entre el Gobierno y los ayuntamientos, como es el caso de la Red centinela de pobreza infantil, encaminada a dar respuesta rápida a las situaciones de malnutrición infantil, junto a la Red de apoyo a personas y familias en situaciones de crisis. Se trata, según ha subrayado la vicepresidenta, de coordinar, complementar recursos de ambas administraciones y unificar criterios y procedimientos, así como colaborar en el futuro Plan contra el despilfarro alimentario.
Se concedió una subvención nominativa de 80.000 euros a la Red Cántabra de Desarrollo Rural para financiar actuaciones de la Red Local de Sostenibilidad.
Se aprobó una aportación de 80.000 euros a favor de MARE para financiar actuaciones encaminadas a la implantación de contenedores de residuos de plástico de uso agrario. Se trata de continuar y ampliar este proyecto, iniciado de forma piloto el pasado año. Se extenderá a 39 nuevas localizaciones y se mantendrán las dos experiencias piloto del pasado año.
Se dio el visto bueno a los nuevos precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) destinados a la atención a personas en situación de dependencia. Respecto a los precios vigentes, se incrementan un 3,4% los servicios de atención residencial y diurna y un 2,9% el servicio de transporte garantizado para grandes dependientes.
La vicepresidenta ha explicado que las subidas tendrán aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2018 y suponen un incremento de la inversión en dependencia de unos 2,4 millones de euros, lo que se aumenta la brecha con la financiación de la dependencia del Estado, que el año pasado aportó 20,8 millones frente a los 81,2 de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Con la actualización de los precios actuales, pendiente desde enero de 2014, se cumple el compromiso con las empresas proveedoras del sector de la dependencia de poner al día los precios que el Gobierno regional paga por las 7.051 plazas públicas que tiene concertadas entre centros residenciales, de día, ocupacionales, de rehabilitación psicosocial, viviendas tuteladas o alojamientos supervisados, mejorando de esta manera la sostenibilidad de un sector económico muy importante para el buen funcionamiento del sistema público de la dependencia.
El Gobierno, ha opinado Díaz Tezanos, continúa mejorando el sistema de dependencia de Cantabria que "mejorará la calidad de vida de las personas que viven en los centros y de las personas que trabajan en el sector".
Tras la actualización de los precios, el Gobierno también tramita en estos momentos sendas órdenes de acreditación y de autorización que van vinculadas a otras mejoras en la calidad en la prestación del servicio en los centros.
Ambas normas quedarán aprobadas este año, "culminando los compromisos adquiridos con el sector de la dependencia", ha resaltado. Al respecto, ha considerado que el Ejecutivo ha realizado "mejoras relevantes" en el sistema autonómico en los últimos tres años, entre las que ha apuntado la reducción de los copagos en un 18 por ciento, la recuperación de la gratuidad de la teleasistencia, el incremento de las horas de atención domiciliaria y varios planes de mejora de la calidad asistencial en las residencias de mayores.
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