La consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Luisa Real, ha celebrado hoy la recuperación de la universalidad en la sanidad española tras su participación en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado hoy en Madrid, con la asistencia de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas.
Se trata de la primera reunión del CISNS tras el nombramiento de la socialista Carmen Montón como ministra de Sanidad. Real ha valorado muy positivamente la celeridad con la que se ha convocado el Consejo, apenas tres semanas después de su nombramiento y que se haya convocado precisamente "para tratar un tema urgente y prioritario como la recuperación de la sanidad universal en España, que Cantabria, al igual que otras Comunidades, viene reclamando reiteradamente durante los últimos tres años en los que hemos estado al frente de la Consejería de Sanidad".
La consejera ha recordado que "el Real Decreto 16/2012, aprobado por el Partido Popular supuso la expulsión del sistema sanitario público español de miles de personas, no sólo emigrantes sino también nacionales, especialmente de colectivos vulnerables". Ello, ha dicho Real, ha ocasionado una injusticia y un ataque a un derecho humano fundamental como es el derecho a la protección de la salud, además de un problema de salud pública, lo que ha obligado a las Comunidades Autónomas, durante estos años, a "adoptar medidas para solucionar este problema en el ámbito de sus competencias y territorios".
Para ello, en Cantabria "se aprobó al poco de llegar al Gobierno, la Orden SAN/38/2015, de 7 de agosto, por la que se regula la inclusión en el Sistema Sanitario Público de Cantabria de las personas residentes en la Comunidad Autónoma que no tengan acceso a un sistema de protección sanitaria pública". Una Orden recurrida por el Partido Popular, al igual que otras iniciativas legislativas de las Comunidades Autónomas y que ha generado una importante inseguridad jurídica, que por fin desaparecerá con la decisión de recuperación de la asistencia sanitaria universal.
En coincidencia con el resto de los consejeros socialistas, Real ha explicado que más allá del tema de la financiación y de la fórmula normativa para la vuelta de la universalidad, se trata de una cuestión que afecta a "un derecho fundamental". "No se trata de un tema económico, sino de una importante decisión política que afecta a un derecho fundamental", ha subrayado la consejera.
La modificación normativa desliga la cobertura sanitaria del concepto de asegurado y la reorienta a la condición de ciudadanía española o de residencia en España. Con ello se cumplirá con la exigencia moral de garantizar el derecho de la atención sanitaria normalizada a toda la población, protegiendo la salud individual y colectiva a través del sistema sanitario público y universal.
Se trata de la primera reunión del CISNS tras el nombramiento de la socialista Carmen Montón como ministra de Sanidad. Real ha valorado muy positivamente la celeridad con la que se ha convocado el Consejo, apenas tres semanas después de su nombramiento y que se haya convocado precisamente "para tratar un tema urgente y prioritario como la recuperación de la sanidad universal en España, que Cantabria, al igual que otras Comunidades, viene reclamando reiteradamente durante los últimos tres años en los que hemos estado al frente de la Consejería de Sanidad".
La consejera ha recordado que "el Real Decreto 16/2012, aprobado por el Partido Popular supuso la expulsión del sistema sanitario público español de miles de personas, no sólo emigrantes sino también nacionales, especialmente de colectivos vulnerables". Ello, ha dicho Real, ha ocasionado una injusticia y un ataque a un derecho humano fundamental como es el derecho a la protección de la salud, además de un problema de salud pública, lo que ha obligado a las Comunidades Autónomas, durante estos años, a "adoptar medidas para solucionar este problema en el ámbito de sus competencias y territorios".
Para ello, en Cantabria "se aprobó al poco de llegar al Gobierno, la Orden SAN/38/2015, de 7 de agosto, por la que se regula la inclusión en el Sistema Sanitario Público de Cantabria de las personas residentes en la Comunidad Autónoma que no tengan acceso a un sistema de protección sanitaria pública". Una Orden recurrida por el Partido Popular, al igual que otras iniciativas legislativas de las Comunidades Autónomas y que ha generado una importante inseguridad jurídica, que por fin desaparecerá con la decisión de recuperación de la asistencia sanitaria universal.
En coincidencia con el resto de los consejeros socialistas, Real ha explicado que más allá del tema de la financiación y de la fórmula normativa para la vuelta de la universalidad, se trata de una cuestión que afecta a "un derecho fundamental". "No se trata de un tema económico, sino de una importante decisión política que afecta a un derecho fundamental", ha subrayado la consejera.
La modificación normativa desliga la cobertura sanitaria del concepto de asegurado y la reorienta a la condición de ciudadanía española o de residencia en España. Con ello se cumplirá con la exigencia moral de garantizar el derecho de la atención sanitaria normalizada a toda la población, protegiendo la salud individual y colectiva a través del sistema sanitario público y universal.
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