Estos convenios cobijan a 39.047 trabajadoras y trabajadores, que han visto cómo la subida media de sus salarios fue del 1,33 %, aunque los convenios sectoriales lograron un incremento superior (1,35% para 32.423 trabajadores) frente a los de empresa (1,28% para 6.624 personas). “Esto demuestra que la reforma laboral de 2012 pretendía debilitar a las trabajadoras y trabajadores al dar fuerza a los convenios de empresa, por eso desde CCOO animamos a negociaciones que eviten que las empresas lleguen con las ‘rebajas’ salariales en su ámbito de actuación”, explica Laura Lombilla, secretaria de Empleo y Acción Sindical de CCOO en Cantabria.
Este 2018 será importante en la acción sindical ya que hay unas 56.000 trabajadoras y trabajadores en Cantabria que están pendientes de sus convenios. La inmensa mayoría, 46.994, dependen de los 12 convenios sectoriales pendientes y, dentro de esos, tiene un especial peso el del Siderometalúrgico, que agrupa a 26.800 trabajadores y trabajadoras. El del comercio del metal afecta a otras 6.579 personas y el de limpieza de edificios y locales, a 5.500. Los tres están en plena negociación.
Este año también está pendiente el cierre de unos 90 convenios de empresa que afectan a unas 9.000 personas. Algunos de ellos afectan a numerosos trabajadores y trabajadoras, como el del personal laboral del Gobierno de Cantabria, del que dependen cerca de 2.000 personas. En todo caso, el registro del Ministerio de Empleo tiene graves deficiencias, lo que hace difícil el seguimiento al estado de los convenios.
Este 2018 será importante en la acción sindical ya que hay unas 56.000 trabajadoras y trabajadores en Cantabria que están pendientes de sus convenios. La inmensa mayoría, 46.994, dependen de los 12 convenios sectoriales pendientes y, dentro de esos, tiene un especial peso el del Siderometalúrgico, que agrupa a 26.800 trabajadores y trabajadoras. El del comercio del metal afecta a otras 6.579 personas y el de limpieza de edificios y locales, a 5.500. Los tres están en plena negociación.
Este año también está pendiente el cierre de unos 90 convenios de empresa que afectan a unas 9.000 personas. Algunos de ellos afectan a numerosos trabajadores y trabajadoras, como el del personal laboral del Gobierno de Cantabria, del que dependen cerca de 2.000 personas. En todo caso, el registro del Ministerio de Empleo tiene graves deficiencias, lo que hace difícil el seguimiento al estado de los convenios.
Este registro muestra por ejemplo, un pobre avance en los Planes de Igualdad, con cinco registrados entre 2016 y 2017, entre ellos el de CCOO, “aunque parte del desastre es que algunos planes de igualdad o no se registran o no se hace bajo esa figura”, explica Laura Lombilla.
Las cifras de trabajadores y trabajadoras afectados “demuestra la enorme importancia que tiene la negociación colectiva en Cantabria”, insiste la secretaria de Empleo de CCOO, quien cree que “aunque durante 2017 el incremento medio pactado (1,33%) ha sido mejor que el de 2016 (0,99%) se sigue por debajo de lo deseable para lograr una mayor recuperación de la pérdida salarial sufrida durante los años de la crisis”.
La subida salarial que CCOO va a buscar en las negociaciones “tiene que ser, en todo caso, superior a la inflación prevista que el Gobierno ha situado en un IPC del 1,6%, además, los salarios deben incorporar un subida adicional para ir recuperando progresivamente el poder adquisitivo perdido como consecuencia de la devaluación salarial de la crisis”, explica Carlos Sánchez, secretario general de CCOO en Cantabria, que, en esa línea, plantea que una subida adicional para 2018 y 2019 de 1,5% por cada año.
CCOO está preocupada porque las empresas están utilizando las modificaciones de los convenios para “modificar a la baja el incremento pactado para alguno de los años de vigencia, dejar de aplicar la cláusula de garantía salarial, o recortar los días de vacaciones o permisos…”. Las empresas también están acogiéndose a las “inaplicaciones” de los convenios (17 en 2017, 20 en 2016 y 29 en 2015) para empeorar las condiciones pactadas. El 100% de las inaplicaciones registradas en 2017 incluyen medidas que afectan a la cuantía salarial de las condiciones que establecían los convenios colectivos de referencia.
“Esto demuestra que los efectos de la reforma laboral son perversos y se mantienen en el tiempo. No se trataba de medidas coyunturales para atajar una crisis, sino de medidas estructurales para precarizar el mercado laboral”, concluye Lombilla.
Las cifras de trabajadores y trabajadoras afectados “demuestra la enorme importancia que tiene la negociación colectiva en Cantabria”, insiste la secretaria de Empleo de CCOO, quien cree que “aunque durante 2017 el incremento medio pactado (1,33%) ha sido mejor que el de 2016 (0,99%) se sigue por debajo de lo deseable para lograr una mayor recuperación de la pérdida salarial sufrida durante los años de la crisis”.
La subida salarial que CCOO va a buscar en las negociaciones “tiene que ser, en todo caso, superior a la inflación prevista que el Gobierno ha situado en un IPC del 1,6%, además, los salarios deben incorporar un subida adicional para ir recuperando progresivamente el poder adquisitivo perdido como consecuencia de la devaluación salarial de la crisis”, explica Carlos Sánchez, secretario general de CCOO en Cantabria, que, en esa línea, plantea que una subida adicional para 2018 y 2019 de 1,5% por cada año.
CCOO está preocupada porque las empresas están utilizando las modificaciones de los convenios para “modificar a la baja el incremento pactado para alguno de los años de vigencia, dejar de aplicar la cláusula de garantía salarial, o recortar los días de vacaciones o permisos…”. Las empresas también están acogiéndose a las “inaplicaciones” de los convenios (17 en 2017, 20 en 2016 y 29 en 2015) para empeorar las condiciones pactadas. El 100% de las inaplicaciones registradas en 2017 incluyen medidas que afectan a la cuantía salarial de las condiciones que establecían los convenios colectivos de referencia.
“Esto demuestra que los efectos de la reforma laboral son perversos y se mantienen en el tiempo. No se trataba de medidas coyunturales para atajar una crisis, sino de medidas estructurales para precarizar el mercado laboral”, concluye Lombilla.
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