Los trabajadores y trabajadoras de AMPROS, asociación cuya misión declarada es “contribuir a mejorar la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia”, no quieren seguir perdiendo derechos laborales. Por ello, denuncian la forma en que la empresa está despidiendo a sus empleados, -con reconocimiento de la improcedencia en la mayoría de los casos-, la doble estructura legal sobre la que actúa la asociación y la falta de transparencia en una entidad que recibe miles de euros
La empresa AMPROS cuenta con unos 400 trabajadores y trabajadoras y desde 2012 ha realizado operaciones poco respetuosas con los derechos laborales. En ese año, promovió un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que afectaba a 97 personas con discapacidad intelectual y que la Dirección de Trabajo rechazó resolución administrativa.
La empresa AMPROS cuenta con unos 400 trabajadores y trabajadoras y desde 2012 ha realizado operaciones poco respetuosas con los derechos laborales. En ese año, promovió un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que afectaba a 97 personas con discapacidad intelectual y que la Dirección de Trabajo rechazó resolución administrativa.
Finalmente, AMPROS realizó un descuelgue salarial que afectó a gran parte del personal. “El dinero obtenido en este descuelgue salarial fue utilizado para acuerdos y/o despidos improcedentes”, tal y como afirma Roberto Martínez, presidente del Comité de Empresa del Centro Especial de Empleo de AMPROS. Las trabajadoras y trabajadores que continúan en AMPROS sufren congelación salarial en los últimos 4 años en AMPROS Servicios Sociales y 5 años en AMPROS Centro Especial de Empleo.
Ambos comités de empresa denuncian que esos despidos improcedentes han supuesto, al menos, unos 150.000 euros desde 2012. Los recortes han supuesto, además, una notable merma de la calidad de atención a personas usuarias, la no renovación en los equipos, unas infraestructuras obsoletas, etcétera.
Los comités de empresa denuncian la falta de acceso a la información económica de la organización, ya que prohíben a los trabajadores y trabajadoras asistir a la Junta Directiva y a la Asamblea General, como venía siendo habitual. De hecho, se desconocen los salarios de cinco directivos además de pluses pactados que perciben ciertos trabajadores.
Tal y como recoge la resolución emitida por la Dirección General de Trabajo sobre el ERE “…AMPROS es una entidad singular pero en este sentido, parece que la diferencia de regulación jurídica de las relaciones de trabajo mediante la existencia de dos convenios colectivos distintos, o la diferenciación de dos organizaciones con forma de “empresas”: una digamos ordinaria y otra en forma de Centro Especial de Empleo, o la existencia de distintos comités de empresa para la representación legal de los trabajadores/as , no constituye un instrumento que, en principio, coadyuve a la integración plena de los trabajadores/as discapacitados/as. Si la propia entidad AMPROS ofrece estas distinciones, más parece que está perpetuando en el seno de su organización económico-productiva y empresarial los problemas de reconocimiento e integración del colectivo de personas a quienes representa y presta apoyo y servicios…”
También la resolución recoge que “…Cabe señalar las abundantes ayudas públicas que perciben estos Centros Especiales de Empleo para la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas discapacitadas que prestan sus servicios en ellos. Por ello, resulta difícilmente entendible pretender al mismo tiempo, por un lado, percibir estas ayudas y, por otro, actuar como empresas de “régimen común”...”
Ambos comités de empresa consideran que, ante la cuestionable gestión económica y laboral que viene perpetuando AMPROS, se encuentran en una situación insostenible, por lo que solicitan al Gobierno de Cantabria que realice una auditoría de viabilidad, como ya han realizado en otras entidades.
Ambos comités de empresa denuncian que esos despidos improcedentes han supuesto, al menos, unos 150.000 euros desde 2012. Los recortes han supuesto, además, una notable merma de la calidad de atención a personas usuarias, la no renovación en los equipos, unas infraestructuras obsoletas, etcétera.
Los comités de empresa denuncian la falta de acceso a la información económica de la organización, ya que prohíben a los trabajadores y trabajadoras asistir a la Junta Directiva y a la Asamblea General, como venía siendo habitual. De hecho, se desconocen los salarios de cinco directivos además de pluses pactados que perciben ciertos trabajadores.
Tal y como recoge la resolución emitida por la Dirección General de Trabajo sobre el ERE “…AMPROS es una entidad singular pero en este sentido, parece que la diferencia de regulación jurídica de las relaciones de trabajo mediante la existencia de dos convenios colectivos distintos, o la diferenciación de dos organizaciones con forma de “empresas”: una digamos ordinaria y otra en forma de Centro Especial de Empleo, o la existencia de distintos comités de empresa para la representación legal de los trabajadores/as , no constituye un instrumento que, en principio, coadyuve a la integración plena de los trabajadores/as discapacitados/as. Si la propia entidad AMPROS ofrece estas distinciones, más parece que está perpetuando en el seno de su organización económico-productiva y empresarial los problemas de reconocimiento e integración del colectivo de personas a quienes representa y presta apoyo y servicios…”
También la resolución recoge que “…Cabe señalar las abundantes ayudas públicas que perciben estos Centros Especiales de Empleo para la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas discapacitadas que prestan sus servicios en ellos. Por ello, resulta difícilmente entendible pretender al mismo tiempo, por un lado, percibir estas ayudas y, por otro, actuar como empresas de “régimen común”...”
Ambos comités de empresa consideran que, ante la cuestionable gestión económica y laboral que viene perpetuando AMPROS, se encuentran en una situación insostenible, por lo que solicitan al Gobierno de Cantabria que realice una auditoría de viabilidad, como ya han realizado en otras entidades.
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