Santander: El PP insiste en que quien debe investigar es Intervención y no la inspección médica

El PP ha reprochado hoy a la consejera de Sanidad que trate de matar al mensajero en lugar de dar explicaciones sobre las contrataciones irregulares en el Servicio Cántabro de Salud y ha insistido en que quien debe investigar es la Intervención General de la comunidad y no la inspección médica.
La secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, ha hecho hincapié en que lo que reclama el PP es una auditoría de la Intervención para investigar todos los contratos realizados por el Servicio Cántabro de Salud desde el principio de la legislatura, porque todos están bajo sospecha.
Para el PP, el expediente informativo abierto por la Consejería de Sanidad por encargo del Consejo de Gobierno no es más que una maniobra de distracción, como se demuestra día a día, porque lo que primero iban a investigar los servicios jurídicos, ahora se ha encomendado a la inspección médica, lo que resulta otro engaño.
Según González Revuelta, la inspección médica tiene competencias para investigar servicios relacionados con la prestación sanitaria, como la correcta prescripción de recetas o un trato adecuado a los pacientes, pero en ningún caso en materia de contratación.
“La inspección médica no tiene competencias, ni conocimientos técnicos y, además, no existen precedentes”, ha afirmado González Revuelta, quien se ha preguntado por qué, por ejemplo, la auditoria sobre el contrato de colaboración publico-privada de Valdecilla se encargó a Intervención y no a un inspector médico. “Los controles que valen para los contratos de los demás no valen para los suyos”, ha afirmado la secretaria autonómica, quien ha opinado que la consejera de Sanidad está atentando contra la inteligencia de los demás.
La secretaria autonómica del PP ha explicado también que a diferencia de lo que ocurre en el resto del Gobierno, en el Servicio Cántabro de Salud no hay fiscalización previa de los contratos, sino que los controles de la Intervención se realizan a posteriori sobre una muestra aleatoria muy menor y sobre cuestiones más de procedimiento que de fondo.
El argumento que esgrime el consejero Juan José Sota de que los contratos del Servicio Cántabro de Salud están sometidos a un control financiero permanente no es, por lo tanto, ni válido ni suficiente como para sostener que no se han producido irregularidades.
González Revuelta ha dicho que lo que ha ocurrido en la intervención en los tres últimos años es responsabilidad del consejero de Economía, por lo que debe ser él quien aclare por qué no está concluido el plan de fiscalización de los contratos de 2017 o por qué ordenó paralizar las auditorias de Sogiese, el ICAF o la Oficina de Proyectos Europeos.
La secretaria autonómica ha lamentado que en lugar de dar una explicación coherente, el Gobierno trate de sostener la teoría de la conspiración y de matar a mensajeros tan cualificados como una jefa de contratación o los propios profesionales médicos.
“Al parecer la vara de medir no es la misma para las irregularidades de unos que de otros y tampoco el nivel de exigencia. Para Revilla y su gobierno solo los gestores y los políticos del PP tienen presunción de culpabilidad”, ha dicho González Revuelta, quien ha lamentado que las recetas que se dan en los platós de televisión no se apliquen en el Gobierno de Cantabria.
Además, ha pedido a la consejera, que tanto habla de transparencia y de claridad, que remita al PP la documentación sobre contratos en el SCS pendientes, porque el retraso va a obligar al Grupo Popular a presentar una queja.