El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy ayudas por importe cercano a los 9,5 millones de euros, destinadas a apoyar proyectos de transformación y comercialización de productos agrícolas por la industria agroalimentaria.
Estas ayudas pretenden
contribuir a aumentar la competitividad y la eficiencia de la industria
alimentaria cántabra. Están destinadas a 46 empresas, de las cuales 9
son de nueva instalación en el sector agroalimentaria. El resto
promueven proyectos inversores de modernización y ampliación de la
capacidad prevista ya existente.
En total, las 46 empresas destinatarias cuentan con 1.109 empleos consolidados y se crearán 90 nuevos puestos de trabajo. Los casi 9,5 millones de ayudas públicas aseguran la movilización de 40 millones de capital privado.
En lo que va de legislatura, el Gobierno ha doblado el importe de estas convocatorias, con un importante esfuerzo inversor para satisfacer las demandas de un sector cada día más pujante.
Las ayudas están cofinanciadas con Fondos FEADER en un 22,28% (2.104.604 euros) y el Ministerio de Agricultura que aporta el 5,94%, con un total de 559.904 euros. El 71,78% restante lo aporta el Gobierno, por importe de 6.779.400 euros, que pueden ser susceptible de cofinanciación con FEDER.
Se aprobó una subvención nominativa por importe de 166.500 euros destinada a sufragar gastos de funcionamiento y programas formativos de las organizaciones sindicales agrarias.
En total, las 46 empresas destinatarias cuentan con 1.109 empleos consolidados y se crearán 90 nuevos puestos de trabajo. Los casi 9,5 millones de ayudas públicas aseguran la movilización de 40 millones de capital privado.
En lo que va de legislatura, el Gobierno ha doblado el importe de estas convocatorias, con un importante esfuerzo inversor para satisfacer las demandas de un sector cada día más pujante.
Las ayudas están cofinanciadas con Fondos FEADER en un 22,28% (2.104.604 euros) y el Ministerio de Agricultura que aporta el 5,94%, con un total de 559.904 euros. El 71,78% restante lo aporta el Gobierno, por importe de 6.779.400 euros, que pueden ser susceptible de cofinanciación con FEDER.
Se aprobó una subvención nominativa por importe de 166.500 euros destinada a sufragar gastos de funcionamiento y programas formativos de las organizaciones sindicales agrarias.
También se aprobó la remisión al Parlamento, para su debate en Pleno, del
Acuerdo por la Educación en Cantabria, aprobado por la Comisión
Permanente del Consejo Escolar el 27 de abril de 2017 y ratificado por
el Pleno de dicha organización el 16 de mayo de 2017.
El objetivo es convertir este acuerdo social en un acuerdo político, con el máximo apoyo de los grupos parlamentarios, una vez rubricado por todos los sectores y organizaciones que representan a la comunidad educativa. El documento contiene 120 medidas, encaminadas a mejorar la práctica docente, la inclusividad, la ratio escolar o la participación del alumnado y las familias, así como las futuras inversiones en materia de educación, entre otros aspectos.
Por otro lado y fuera del orden del día, el Consejo de Gobierno ha abordado la situación creada tras el correo electrónico enviado al gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), con copia a la consejera de Sanidad, por la funcionaria Inmaculada Rodríguez, con relación a la existencia de supuestas irregularidades en el desarrollo de los procesos de licitación y adjudicación contractual en el SCS, divulgado en un medio de comunicación regional y apoyado públicamente por la presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga.
Ante todo ello y de acuerdo con el artículo 33.c) de la Ley 67/2002 de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que atribuye a los respectivos consejeros dentro de sus competencias "ejercer la iniciativa, dirección, gestión e inspección de todos los servicios de la Consejería respectiva, así como las entidades vinculadas o dependientes de la misma, sin perjuicio de las competencias que estén atribuidas a otros órganos", la consejera de Sanidad ha comunicado que va a proceder de forma inmediata al inicio de un procedimiento informativo, con el objeto de aclarar todas las manifestaciones efectuadas sobre presuntas irregularidades en el servicio.
Tras la tramitación de ese expediente informativo, que deberá finalizarse en el menor plazo posible y en el que tendrán ocasión para manifestarse tanto la funcionaria Inmaculada Rodríguez como la presidenta del PP, se remitirá el oportuno informe al Consejo de Gobierno para adoptar la decisión oportuna.
Se aprobó un decreto por el que se regula la concesión directa de ayudas a los ayuntamientos para gastos de funcionamiento de los juzgados de paz en 2018.
La subvención asciende a 140.500 euros y es para los 94 ayuntamientos que cuentan con juzgado de paz en Cantabria, con cuantías que oscilan entre los 526 y los 3.136 euros, en función de la población.
Se autorizó al Instituto Cántabro de Finanzas a desarrollar dos líneas de avales por importe de 15 millones de euros.
Una de ellas está dirigida a pymes y autónomos, dotada con 10 millones, para contribuir a la financiación de inversiones en activos y capital circulante, con un porcentaje de cobertura no superior al 80 por ciento y un plazo de 5 ó 15 años máximo, en función de la inversión financiable. El coste total será inferior al 6% anual.
La segunda línea es para avales no incluidos en el programa para pymes y autónomos, por importe de 5 millones.
Se aprobó la adquisición, por la vía de donación a la Comunidad Autónoma, de una colección de 50 cuadros del pintor Eduardo Pisano, ofrecida por Eric Licoys, con destino a la Casa de Cultura de Torrelavega como colección museística.
El objetivo es convertir este acuerdo social en un acuerdo político, con el máximo apoyo de los grupos parlamentarios, una vez rubricado por todos los sectores y organizaciones que representan a la comunidad educativa. El documento contiene 120 medidas, encaminadas a mejorar la práctica docente, la inclusividad, la ratio escolar o la participación del alumnado y las familias, así como las futuras inversiones en materia de educación, entre otros aspectos.
Por otro lado y fuera del orden del día, el Consejo de Gobierno ha abordado la situación creada tras el correo electrónico enviado al gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), con copia a la consejera de Sanidad, por la funcionaria Inmaculada Rodríguez, con relación a la existencia de supuestas irregularidades en el desarrollo de los procesos de licitación y adjudicación contractual en el SCS, divulgado en un medio de comunicación regional y apoyado públicamente por la presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga.
Ante todo ello y de acuerdo con el artículo 33.c) de la Ley 67/2002 de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que atribuye a los respectivos consejeros dentro de sus competencias "ejercer la iniciativa, dirección, gestión e inspección de todos los servicios de la Consejería respectiva, así como las entidades vinculadas o dependientes de la misma, sin perjuicio de las competencias que estén atribuidas a otros órganos", la consejera de Sanidad ha comunicado que va a proceder de forma inmediata al inicio de un procedimiento informativo, con el objeto de aclarar todas las manifestaciones efectuadas sobre presuntas irregularidades en el servicio.
Tras la tramitación de ese expediente informativo, que deberá finalizarse en el menor plazo posible y en el que tendrán ocasión para manifestarse tanto la funcionaria Inmaculada Rodríguez como la presidenta del PP, se remitirá el oportuno informe al Consejo de Gobierno para adoptar la decisión oportuna.
Se aprobó un decreto por el que se regula la concesión directa de ayudas a los ayuntamientos para gastos de funcionamiento de los juzgados de paz en 2018.
La subvención asciende a 140.500 euros y es para los 94 ayuntamientos que cuentan con juzgado de paz en Cantabria, con cuantías que oscilan entre los 526 y los 3.136 euros, en función de la población.
Se autorizó al Instituto Cántabro de Finanzas a desarrollar dos líneas de avales por importe de 15 millones de euros.
Una de ellas está dirigida a pymes y autónomos, dotada con 10 millones, para contribuir a la financiación de inversiones en activos y capital circulante, con un porcentaje de cobertura no superior al 80 por ciento y un plazo de 5 ó 15 años máximo, en función de la inversión financiable. El coste total será inferior al 6% anual.
La segunda línea es para avales no incluidos en el programa para pymes y autónomos, por importe de 5 millones.
Se aprobó la adquisición, por la vía de donación a la Comunidad Autónoma, de una colección de 50 cuadros del pintor Eduardo Pisano, ofrecida por Eric Licoys, con destino a la Casa de Cultura de Torrelavega como colección museística.
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