La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha revelado hoy que las irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud están detrás del cese de Gabriel Pérez como interventor general de la comunidad autónoma, para impedir que se investigaran, y le ha preguntado al presidente Miguel Ángel Revilla qué más necesita para exigir ya responsabilidades políticas.
Buruaga ha atribuido el cese a una estrategia diseñada por el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, y el consejero de Economía, Juan José Sota, para salir al rescate de María Luisa Real cesando al interventor para poder cesar también al subdirector de Control Financiero y responsable de las auditorias.
“El verdadero motivo del cese del interventor general fue el reguero de irregularidades en la contratación del SCS, fue la necesidad de abortar el seguimiento y la fiscalización extraordinaria de la gestión del SCS que se planificó cuando estas irregularidades eran ya un secreto a voces”, ha afirmado la presidenta del PP, quien ha explicado que el consejero había ordenado primero paralizar las auditorias sobre Sogiese, ICAF y OPE, pero la amenaza de investigación de las irregularidades fue la gota que colmó el vaso.
Según ha relatado, la intervención ni era ajena ni había hecho oídos sordos a las irregularidades. Sus representantes en las mesas de contratación habían formulada advertencias de forma verbal e, incluso, alguna por escrito y se disponía a investigar en profundidad las anomalías en la contratación del SCS.
A ello se sumó la denuncia de la jefa del Servicio de Contratación, formulada a través de un correo electrónico fechado el 8 de febrero, que Intervención conoció de manera oficiosa.
A partir de ahí los acontecimientos se sucedieron en dominó: la consejera pide ayuda al partido y unos días después tiene lugar una reunión en Bonifaz en la que, según ha explicado Buruaga, el consejero y el secretario general diseñan una estrategia para salir al rescate de Real que consiste en quitarse del medio al interventor y al subdirector de Control Financiero, Rafael Gutiérrez.
El 16 de febrero se hace efectivo el cese del Interventor y el día 26 el de Rafael Gutiérrez.
Buruaga ha dicho que Sota ofreció un relato increíble sobre el cese del Interventor que nadie se creyó y también mintió cuando adujo razones organizativas y cambio de funciones para quitarse del medio al subdirector, puesto que la plaza, reservada a un funcionario, se adjudicó a otras personas sin ninguna reorganización.
La presidenta del PP se ha preguntado qué más pruebas necesita el presidente para exigir ya responsabilidades políticas tanto a la consejera, como al gerente del SCS y al subdirector de Gestión Económica, ambos directamente implicados en las consultorías que no pueden justificar, en la falsa recepción de obras y suministros y en las adjudicaciones de obras a empresas vinculadas con el PSOE.
“La pregunta que tiene que responder es si después de saber lo que sabe, estos altos cargos que ejercen funciones y responsabilidades por delegación de la consejera siguen siendo merecedores de su confianza”, ha dicho Buruaga sobre el gerente y el subdirector”, mientras que en el caso de la consejera ha opinado que su cese es una cuestión de integridad y ética pública, porque conocía lo que estaba ocurriendo en su departamento y no hizo absolutamente nada.
Para Buruaga, solo hay que aplicarse a uno mismo la receta que desde los platós de televisión se exige a los demás.
El expediente informativo, una maniobra de distracción
Buruaga ha vuelto a exigir al presidente que encargue la investigación a la Intervención mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno, porque lo que el PP reclama no es que se investiguen solo las contrataciones denunciadas por el partido, sino todos los contratos del Servicio Cántabro de Salud, porque todos están bajo sospecha.
Para la presidenta del P, la investigación ha quedado en nada, porque la va a dirigir la consejera que dio carpetazo a una denuncia por presunta corrupción sin hacer absolutamente nada, la misma que ayer fue incapaz de dar una sola explicación y dijo que no había nada que investigar porque no había nada irregular.
“Esto no es más que una maniobra de distracción, porque el presidente ha encargado a la Consejera de Sanidad que se investigue a sí misma y eso es tanto como dejar escrito el resultado de antemano”, ha añadido.
Buruaga ha atribuido el cese a una estrategia diseñada por el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, y el consejero de Economía, Juan José Sota, para salir al rescate de María Luisa Real cesando al interventor para poder cesar también al subdirector de Control Financiero y responsable de las auditorias.
“El verdadero motivo del cese del interventor general fue el reguero de irregularidades en la contratación del SCS, fue la necesidad de abortar el seguimiento y la fiscalización extraordinaria de la gestión del SCS que se planificó cuando estas irregularidades eran ya un secreto a voces”, ha afirmado la presidenta del PP, quien ha explicado que el consejero había ordenado primero paralizar las auditorias sobre Sogiese, ICAF y OPE, pero la amenaza de investigación de las irregularidades fue la gota que colmó el vaso.
Según ha relatado, la intervención ni era ajena ni había hecho oídos sordos a las irregularidades. Sus representantes en las mesas de contratación habían formulada advertencias de forma verbal e, incluso, alguna por escrito y se disponía a investigar en profundidad las anomalías en la contratación del SCS.
A ello se sumó la denuncia de la jefa del Servicio de Contratación, formulada a través de un correo electrónico fechado el 8 de febrero, que Intervención conoció de manera oficiosa.
A partir de ahí los acontecimientos se sucedieron en dominó: la consejera pide ayuda al partido y unos días después tiene lugar una reunión en Bonifaz en la que, según ha explicado Buruaga, el consejero y el secretario general diseñan una estrategia para salir al rescate de Real que consiste en quitarse del medio al interventor y al subdirector de Control Financiero, Rafael Gutiérrez.
El 16 de febrero se hace efectivo el cese del Interventor y el día 26 el de Rafael Gutiérrez.
Buruaga ha dicho que Sota ofreció un relato increíble sobre el cese del Interventor que nadie se creyó y también mintió cuando adujo razones organizativas y cambio de funciones para quitarse del medio al subdirector, puesto que la plaza, reservada a un funcionario, se adjudicó a otras personas sin ninguna reorganización.
La presidenta del PP se ha preguntado qué más pruebas necesita el presidente para exigir ya responsabilidades políticas tanto a la consejera, como al gerente del SCS y al subdirector de Gestión Económica, ambos directamente implicados en las consultorías que no pueden justificar, en la falsa recepción de obras y suministros y en las adjudicaciones de obras a empresas vinculadas con el PSOE.
“La pregunta que tiene que responder es si después de saber lo que sabe, estos altos cargos que ejercen funciones y responsabilidades por delegación de la consejera siguen siendo merecedores de su confianza”, ha dicho Buruaga sobre el gerente y el subdirector”, mientras que en el caso de la consejera ha opinado que su cese es una cuestión de integridad y ética pública, porque conocía lo que estaba ocurriendo en su departamento y no hizo absolutamente nada.
Para Buruaga, solo hay que aplicarse a uno mismo la receta que desde los platós de televisión se exige a los demás.
El expediente informativo, una maniobra de distracción
Buruaga ha vuelto a exigir al presidente que encargue la investigación a la Intervención mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno, porque lo que el PP reclama no es que se investiguen solo las contrataciones denunciadas por el partido, sino todos los contratos del Servicio Cántabro de Salud, porque todos están bajo sospecha.
Para la presidenta del P, la investigación ha quedado en nada, porque la va a dirigir la consejera que dio carpetazo a una denuncia por presunta corrupción sin hacer absolutamente nada, la misma que ayer fue incapaz de dar una sola explicación y dijo que no había nada que investigar porque no había nada irregular.
“Esto no es más que una maniobra de distracción, porque el presidente ha encargado a la Consejera de Sanidad que se investigue a sí misma y eso es tanto como dejar escrito el resultado de antemano”, ha añadido.
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