La diputada regional, Isabel Urrutia, ha denunciado el incumplimiento por parte del Gobierno de Cantabria de una nueva resolución del Parlamento de Cantabria. El Ejecutivo tenía hasta el pasado 19 de abril para cumplir con el mandato parlamentario que le instaba a través de una proposición no de ley impulsada por el PP, a aprobar en el plazo máximo de un mes y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2018, una actualización de los precios públicos de las prestaciones y servicios del ICASS.
En concreto se refería a aquellos precios públicos destinados a la atención a las personas en situación de dependencia, de manera que se correspondiera al menos con el aumento acumulado del IPC desde el año 2015 a la actualidad. En la misma propuesta se exigía al Gobierno un plan de recursos de servicios de atención a las personas en situación de dependencia, con previsión de al menos 5 años y publicar anualmente la información de plazas y servicios que con carácter estimativo considera necesarias para la cobertura del sistema; para que ningún dependiente tenga que esperar a recibir una plaza pública porque no la hay.
“Mes y medio después no sólo el Gobierno no ha hecho nada sino que el propio sector se ha visto en la obligación de dar un ultimátum ya no solo para que se apruebe lo que se tiene que aprobar, sino también para que les escuche, para que cumpla con lo que prometió al inicio de la legislatura y para que negocie con las empresas y entidades prestadores del servios en nuestro sistema público de servicios sociales”.
Según lamenta Urrutia, no es entendible “a qué juega el Gobierno y qué es lo que quiere conseguir con toda esta situación, con esta obsesión de no cumplir con sus obligaciones, las que le exige el Parlamento y a las que se comprometió con el sector”. Además, según subraya, es curioso que “siendo como son un Gobierno que alardea de transparente, dialogante y negociador, de la espalda a las entidades prestadoras de servicios del sistema para la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, que son la parte fundamental e imprescindible para la atención de las personas dependientes y con discapacidad de nuestra región”.
Para la parlamentaria del PP es cuestión de “soberbia y prioridades, no pueden argumentar que es por falta de dinero porque solo en el presupuesto del ICASS dejaron de invertir más de 16 millones de euros en el año 2017. Prometieron ponernos en la vanguardia de los países europeos de atención a la dependencia y nos han eliminado de los primeros puestos de nivel nacional”.
Urrutia considera que lo que ha demostrado este gobierno es que la dependencia “no era y no es su prioridad”, presupuestando en prestaciones 7 millones de euros menos en 2018 que en 2015, no destinando ni tan siquiera un 1% del dinero que ha recibido de más en estos 3 años y llevando al sistema a una situación global de colapso “que demuestra su falta de preocupación. Ya empezaron mal separando Sanidad y Servicios Sociales, lo que ha llevado la coordinación sanitaria a la nada, pero cada día demuestran que están llevando a la deriva el sistema”.
A pesar de haber estado “entreteniendo, mareando e incluso chantajeando a quienes prestan los servicios, a los que son parte y muy importante de nuestro Sistema Público de Servicios Sociales”, y de seguir incumpliendo el plazo marcado por el Parlamento, este ejercicio el Gobierno de Cantabria recibirá un 5% más de los fondos del Estado para el sistema de dependencia, “pero no lo reflejan en el sistema porque a día de hoy no han hecho nada”.
Urrutia denuncia la falta de gestión, trabajo y planificación, así como ausencia de visión de futuro, previsión o proyección, “lo que nos lleva a que hoy haya más personas esperando a recibir una prestación, más personas que nunca que no pueden entrar en el sistema por falta de prestación y más personas que nunca que desesperan en vez de esperar”, concluyó.
En concreto se refería a aquellos precios públicos destinados a la atención a las personas en situación de dependencia, de manera que se correspondiera al menos con el aumento acumulado del IPC desde el año 2015 a la actualidad. En la misma propuesta se exigía al Gobierno un plan de recursos de servicios de atención a las personas en situación de dependencia, con previsión de al menos 5 años y publicar anualmente la información de plazas y servicios que con carácter estimativo considera necesarias para la cobertura del sistema; para que ningún dependiente tenga que esperar a recibir una plaza pública porque no la hay.
“Mes y medio después no sólo el Gobierno no ha hecho nada sino que el propio sector se ha visto en la obligación de dar un ultimátum ya no solo para que se apruebe lo que se tiene que aprobar, sino también para que les escuche, para que cumpla con lo que prometió al inicio de la legislatura y para que negocie con las empresas y entidades prestadores del servios en nuestro sistema público de servicios sociales”.
Según lamenta Urrutia, no es entendible “a qué juega el Gobierno y qué es lo que quiere conseguir con toda esta situación, con esta obsesión de no cumplir con sus obligaciones, las que le exige el Parlamento y a las que se comprometió con el sector”. Además, según subraya, es curioso que “siendo como son un Gobierno que alardea de transparente, dialogante y negociador, de la espalda a las entidades prestadoras de servicios del sistema para la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, que son la parte fundamental e imprescindible para la atención de las personas dependientes y con discapacidad de nuestra región”.
Para la parlamentaria del PP es cuestión de “soberbia y prioridades, no pueden argumentar que es por falta de dinero porque solo en el presupuesto del ICASS dejaron de invertir más de 16 millones de euros en el año 2017. Prometieron ponernos en la vanguardia de los países europeos de atención a la dependencia y nos han eliminado de los primeros puestos de nivel nacional”.
Urrutia considera que lo que ha demostrado este gobierno es que la dependencia “no era y no es su prioridad”, presupuestando en prestaciones 7 millones de euros menos en 2018 que en 2015, no destinando ni tan siquiera un 1% del dinero que ha recibido de más en estos 3 años y llevando al sistema a una situación global de colapso “que demuestra su falta de preocupación. Ya empezaron mal separando Sanidad y Servicios Sociales, lo que ha llevado la coordinación sanitaria a la nada, pero cada día demuestran que están llevando a la deriva el sistema”.
A pesar de haber estado “entreteniendo, mareando e incluso chantajeando a quienes prestan los servicios, a los que son parte y muy importante de nuestro Sistema Público de Servicios Sociales”, y de seguir incumpliendo el plazo marcado por el Parlamento, este ejercicio el Gobierno de Cantabria recibirá un 5% más de los fondos del Estado para el sistema de dependencia, “pero no lo reflejan en el sistema porque a día de hoy no han hecho nada”.
Urrutia denuncia la falta de gestión, trabajo y planificación, así como ausencia de visión de futuro, previsión o proyección, “lo que nos lleva a que hoy haya más personas esperando a recibir una prestación, más personas que nunca que no pueden entrar en el sistema por falta de prestación y más personas que nunca que desesperan en vez de esperar”, concluyó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario